Estafa con planes sociales en Neuquén: audiencia clave para el futuro de la investigación
Habrá un pedido de prórroga por parte de la fiscalía. También las defensas tienen planteos para formular. La fecha del juicio es incierta.
Este jueves se cumple un año, siete meses y 25 días desde la primera vez que la fiscalía de Delitos Económicos presentó una acusación formal por la estafa con planes sociales en Neuquén. Había expectativas de que para esta fecha la investigación estaría concluida y se empezaría a vislumbrar posibles fechas para el juicio oral. En cambio, lo que sucederá en una audiencia que comenzará 8:30 será que los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez pedirán prórroga por lo menos de dos meses.
Según trascendió, varios de los defensores de los 27 imputados también tienen previsto realizar planteos, algunos de ellos también vinculados con pedidos de prórroga. De esta manera, la fecha del juicio oral se torna incierta y lo más probable es que se fije para 2025, un año electoral. El Código Procesal brinda oxígeno: la causa fue declarada compleja, de modo que todo el proceso puede extenderse hasta cuatro años.
También estaba previsto que en la audiencia de hoy la fiscalía pida el sobreseimiento de cuatro imputados. Se trata de eslabones menores en la cadena de responsabilidades que colaboraron con la investigación. Sus declaraciones fueron utilizadas para fundamentar los pedidos de prisión preventiva de los únicos detenidos: Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Néstor Pablo Sánz (con domiciliaria). Las cuatro personas dicen que tienen miedo a represalias.
Los líderes y la maniobra
Soiza, Sánz y Osuna, junto con el ex ministro Abel Di Luca y el ex Coordinador Tomás Siegenthaler están señalados por la fiscalía como líderes de una asociación ilícita que desde el Estado pergeñó y ejecutó la maniobra mediante la cual despojaron al erario público de 750 millones de pesos, según la cifra actualizada, entre septiembre del 2020 y julio del 2022.
En trazos gruesos, buscaban a personas vulnerables con el perfil adecuado para recibir un subsidio, les abrían una cuenta en el Banco Provincia de Neuquén pero les retenían la tarjeta de débito y el PIN.
Miembros de la organización se encargaban de retirar el dinero depositado en esas cuentas. A los beneficiarios les daban una parte, alrededor de 10.000 pesos, y se quedaban con unos 40.000.
Gastos políticos
Ese dinero fue utilizado, según la fiscalía, en beneficio propio y para pagar gastos del Movimiento Popular Neuquino.
Las pericias informáticas y contables son claves en esta investigación que aún no está concluida, de allí el pedido de prórroga que hoy formularán los fiscales. La audiencia iba a realizarse el martes pero se postergó porque ese día la jueza designada, Estefanía Sauli, concurrió a una entrevista en la Legislatura en su carácter de aspirante a un ascenso al Tribunal de Impugnación.
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