En Río Negro proponen atención especial para “personas vulnerables”
Legisladores de JSRN presentaron un proyecto para modificar la ley de Defensa del Consumidor. Buscan la implementación de la “ventanilla única física” para quienes tienen problemas con la digitalización que se potenció a partir de la pandemia de Covid.
Los asuetos otorgados en Río Negro y Neuquén afectarán la atención el público en los diferentes organismos.
Los legisladores de Juntos Somos Río Negro presentaron un proyecto para modificar la ley de Defensa del Consumidor y sumar un canal de atención único y presencial para las personas “en situación de vulnerabilidad”.
La obligación recaerá sobre “las empresas de servicios financieros, de seguros, de servicios de comunicación, de servicios públicos domiciliarios y de las dependencias del Estado” que deberán garantizar la atención y asistencia personal a las personas que se encuentren en situación de vulnerabiliad”.
Esa “atención personal” será ante “una ventanilla única física, en una oficina de fácil acceso para los beneficiarios presentes”.
El proyecto identifica como “personas vulnerables” a aquellas que “en razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales presenten especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos”.
En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la pandemia de Covid “aceleró la inserción e interacción de los individuos con la tecnología” la hiperconexión a internet, el teletrabajo, las plataformas de estudio on line y otras maneras de vinculación virtual “que dejó a la vista la existencia de una brecha digital que deja atrás a una parte muy importante de las personas en situación de vulnerabilidad”.
Los parlamentarios señalaron que los reclamos recibidos en 2020 por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores fueron encabezados “por las empresas de servicios financieros y seguros (42%), seguidos por las empresas de servicios de comunicaciones (18%) y las empresas de servicos públicos domiciliarios (15%)”.
Agregaron que la incidencia de los reclamos indican que el 42,2% corresponde al grupo de vulnerabilidad socio-económica, y un 30,7% a las peronas mayores, “entre otros de menor incidencia pero no por ello menos importante”.
Otro de los motivos es que “la desigualdad estructural que presenta hoy nuestro país, nos obliga a pensar que aún en zonas urbanas con el nivel de pobreza existente, los hogares no cuentan con los medios económicos para realizar los trámites de manera virtual, por lo que, la presencialidad en las zonas más pobres o alejadas de los centros urbanos es la única manera de realizar cualquier trámite y no quedar aún más excluidos”.
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