En Río Negro Magdalena Odarda insiste con investigar la posible venta ilegal de tierras fiscales

La legisladora presentó un proyecto para recuperar la Comisión Investigadora que funcionó hasta 2014. Quiere que termine trabajos anteriores y amplía su alcance.

La legisladora Magdalena Odarda (Vamos conTodos) presentó un proyecto para «poner en funcionamiento nuevamente» la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales que funcionó en la Legislatura rionegrina entre 2012 y 2014, y -ahora- propone «ampliar su alcance».

El proyecto, 496/2024, que ingresó en el parlamento en el último día de abril pasado indica que «la finalidad de la comisión propuesta» será finalizar las investigaciones que «quedaron inconclusas» además de «investigar las operaciones inmobiliarias con tierras fiscales en Río Negro durante los últimos 12 años, sumando como ámbito de investigación, aquellas que significaron transferencias de tierras privadas -con títulos dominiales, boletos de compraventa u otros instrumentos privados extendidos a esos fines- que se encuentren ubicadas geográficamente en áreas de seguridad de fronteras».

También quiere «evaluar si las operaciones inmobiliarias sobre las tierras rurales efectivizadas durante los últimos 12 años cumplen con el cupo del 15% habilitado para encontrarse bajo dominio extranjero, si son linderas a cuerpos de agua dulce, si se encuentran en áreas de seguridad de frontera, si superan el límite de 1.000 hectáreas en manos del mismo titular y toda otra prescripción ordenada por la ley nacional n° 26.737″.

Para la comisión otros objetivos serían «detectar la presencia de testaferros o prestanombres y de toda otra maniobra tendiente a incurrir en delitos de fraude a la administración pública a los fines de violentar o desconocer losprincipios que surgen de dicha legislación».

Odarda sostiene en su iniciativa que es necesario «investigar todas las operaciones de compra y venta de tierras a extranjeros (personas humanas o jurídicas) en áreas de seguridad de frontera, para determinar si cumplen con la autorización (otorgada por el Ministerio del Interior de la Nación o por el organismo nacional que en futuro lo reemplace, además de toda otra prescripción resultante de la legislación vigente, cuyo objetivo sea preservar la integridad territorial en dichas regiones de nuestra provincia (costa atlántica y cordillera) de alta sensibilidad para la defensa de la soberanía nacional y provincial».

Acompañaron la presentación José LuisBerros, Ayelén Spósito y Luciano Delgado Sempé.


La legisladora detalló que se presentaron distintos pedidos de informes en los últimos dos años que no fueron respondidos por la autoridad de Tierras.



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