En Río Negro, legisladores proponen un impuesto para favorecer la regularización de inmuebles
Desde PJ-Nuevo Encuentro presentaron un proyecto para financiar la titularidad de tierras fiscales a productores.
PJ-NE propone un impuesto para regularizar tierras fiscales. Gentileza
La bancada de legisladores del PJ-NE elevó un proyecto de ley que propone la creación del “Fondo Arraigo”, destinado a financiar los costos de mensura, deslinde y amojonamiento de tierras fiscales.
Se propone facilitar la regularización dominial para los adjudicatarios y permisionarios de predios fiscales y, para eso, plantea constituir un impuesto específico que se aplicará sobre inmuebles en las escalas máximas de valuación fiscal y cuyo recaudo será destinado al fondo.
El legislador Leandro García, como autor, explicó que el objetivo es “resolver una deuda histórica hacia los antiguos pobladores que, a pesar de desarrollar actividades económicas en sus tierras, no han podido acceder a la titularidad por no contar con los medios económicos necesarios”.
El proyecto introduce un artículo a la Ley I N°1.622 de impuesto inmobiliario, que crea un “adicional arraigo” del 20% sobre la escala máxima de Inmobiliario. Llegará al 30 % en los ociosos y será del 35% en el departamento Bariloche cuando superen las 100 hectáreas.
En sus fundamentos, el proyecto destaca la importancia de la regularización dominial para el desarrollo económico y la justicia social. “Estamos proponiendo un sistema que permita a los pequeños y medianos productores, que históricamente han sido excluidos del acceso formal a la tierra, la posibilidad de consolidar sus proyectos de vida”, agregó García. Además, el registro de adjudicatarios permitirá al Estado tener un control más preciso sobre los destinatarios de estas tierras y priorizar a quienes realmente las utilizan y necesitan.
Con la propuesta del Fondo Arraigo, el Bloque PJ-NE busca no solo promover el arraigo territorial, sino también mejorar las condiciones de vida de la población rural en la provincia, impulsando una política pública inclusiva y orientada al desarrollo territorial.
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