En Río Negro, la FIA estimó un perjuicio de US$ 1,1 millones por la compra del avión y opinó de la responsabilidad de la exgobernadora
La Fiscalía de Investigación estimó ese daño para el Estado. Planteó embargos y juicios para la restitución por parte de los exfuncionarios. El órgano de control hizo sus evaluaciones y analizó el papel de la exmandataria Carreras.
El avión Cessna se exhibió en el hangar del aeropuerto Castello, en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa
El equipo
El perjuicio público para el Estado rionegrino por la compra del avión sanitario superó el 1,1 millones de dólares, según concluyó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en su resolución donde se requiere el juicio de responsabilidad contra los tres funcionarios actuantes en esa operación que la Provincia realizó en el inicio del 2022.
Los problemas y las ilusiones
La opinión técnica del órgano de control ratifica irregularidades de esa compra y pide al Tribunal de Cuentas que cumpla con el enjuiciamiento administrativo de los tres partícipes en la búsqueda de la recuperación del perjuicio estatal y, por eso, la FIA solicitó también embargos por parte de la Fiscalía de Estado.
El Cessna Citation V tuvo un costo de 4,2 millones de dólares y, actualmente, la Provincia cumple con un proceso para su venta, con un precio base de 2,5 millones de dólares.
La resolución de la FIA propone juicios de responsabilidad, “en forma solidaria”, y embargos por US$ 1.120.840 contra los tres firmantes del expediente de adquisición, como el exsecretario General, José Apud, el titular de Administración, Gonzalo Regueria y el director de Aeronáutica, José María Scheverín.
El Cessna se vende y el próximo jueves 25 vence el plazo para la presentación de ofertas. La propuesta puede incluir hasta un 50% con servicios de traslados aéreos sanitarios.
El escrito de 153 páginas del organismo, que conduce Fabian Gatti, repite observaciones y conceptos de la auditoría del Tribunal de Cuentas pero, también, vuelca evaluaciones propias, como la responsabilidad de la entonces gobernadora Arabela Carreras. Acepta que “no resulta exigible jurídicamente su responsabilidad administrativo patrimonial”, aunque resalta su impulso y le asigna “responsabilidad moral”.
Los costos y las particularidades
La revisión de costos de la FIA no se queda en la aeronave porque es extensiva a los valores de la equipamiento sanitario y de la capacitación de los pilotos.
También se detiene en particularidades del proceso, como su atención “a la omisión de invitación a participar del proceso licitatorio a la compañía que termina resultando ganadora” cuando después se destaca que es “una firma de reconocida trayectoria”. Así queda expuesto al “resaltar que Gantt Aviation” -con su “agente en Argentina, Nell Joy Ind Latinoamericana S.A”- vendió un avión en el 2020 a la Fuerza Aérea Argentina del Learjet 60SE y, luego, en el 20221, otro a la Gobernación de La Pampa.
Compartió la evaluación de la auditoría del Tribunal sobre irregularidades al “estimar oficialmente el costo de la contratación”, “en forma fundada y razonada acorde a los valores de mercado”. La resolución considera que ese “aparente mero yerro de tipo procedimental administrativo” tiene “especial relevancia a posteriori al constituirse como el eje medular” porque “se genera un vasto perjuicio sobre las arcas públicas”.
Scheverin presentó un costo total en US$ 6.229.100, con “apreciaciones genéricas y subjetivas que no fundamentan el valor sugerido”, tampoco está el “origen de la información contemplada”. Se concluye que, “en un grotesco intento de amplificar las posibilidades de ofertas de aeronaves, la administración provincial estimó que el costo podía ir del 1,5 millón de dólares a los 4,5 millones, “triplicando el monto tomado como inferior”.
“No puede excluirse, por lo menos, de un reproche moral”, aun su “falta de participación directa en los yerros del procedimiento”.
Parte de la referencia de la resolución de la FIA al accionar de Carreras.
Agrega después que “se calculó en promedio determinadas erogaciones de otros elementos” de la compra, “errando incluso en la operación aritmética” y “sin brindar fundamento alguno del porqué se llegaba a dicho monto”.
Otro rasgo “no menor” es que la firma “ganó la licitación sin ser propietaria del avión . Detalla que la firma Gantt Aviation “resultó ser propietaria del bien” el 26 de mayo del 2022, es decir, después del “acto de apertura de ofertas”, la resolución de compra y del “pago del anticipo del 45% por US$ 1.687.495,50.”
Al evaluar cotizaciones, la FIA recurre a información requerida y, además, al informe contratado a la Universidad de la Plata, que declara para la aeronave “un valor de tasación de US$ 2.320.290 para el Cessna”, con una “una movilidad de US$ 179.710.00”. Lo incorpora como conclusión de “un inobjetable estudio” y resalta que “la Provincia de Río Negro erogó en exceso cientos de miles de dólares”.
La diferencia del equipo sanitaria
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- Dólares fue el perjuicio estimado por la FIA en la adquisición del equipamiento sanitario, según su comparación con semejantes para una aeronave.
Como perjuicio total, la FIA consideró que “emerge con marcada nitidez que la Provincia de Río Negro abonó” en “exceso” la suma de US$ 1.120.840,33, lo cual, “constituye el perjuicio ocasionado al erario provincial.
Ese quebranto -según la resolución- se origina que el “ítem de aeronave y la capacitación de personal se abonó en demasía un 30,07%; en los servicios de mantenimiento existió un sobrecosto de un 40,89% mientras que en el kit sanitario fue del 216,24%.
Se detiene en los funcionarios actuantes que cumplieron con el procedimiento que ocasionaron “un profundo y evitable perjuicio al erario provincial, en función de los roles, atribuciones y obligaciones vinculadas al trámite”.
Así, se avanza en la exigencia de la “reparación del daño ocasionado” por Regueira por su rol de “la organización, dirección e impulso del procedimiento administrativo” y Apud que, como Secretario general, “no haber advertido las falencias administrativas” y a Scheverin se lo responsabiliza por su estimación del costo con una “insuficiente conformación técnica del mismo y sin justificación de rigor”.
Reitera que “las irregularidades detectadas implican lisa y llanamente actos y omisiones violatorios de disposiciones legales y reglamentarias”, con “ responsabilidades solidarias” de los tres exfuncionarios.
«La responsabilidad moral» por la contratación
La FIA pone especial interés en la exgobernadora Arabela Carreras, dedicando varios párrafos de su evaluación.
Concluye que si bien “no resulte exigible jurídicamente la asignación de responsabilidad administrativo patrimonial”, se “evidencia de forma palmaria una falta de reflexión” y la “liviandad con la que se tiñe la decisión inicial de adquirir un avión sanitario”.
Enumera que Carreras anunció en el 2021 en la Legislatura sobre la compra del avión, precisando una reserva de 3 millones de dólares. En la apertura del 2022 -se agrega- adelantó que ya se había adquirido y se preveía su arribo para mayo.
También en la vinculación con la exmandataria, la FIA se remite “inevitablemente a la entonces autoridad máxima de la Administración pública provincial” con referencias al texto de la apertura del trámite de la adquisición y de posteriores decisiones.
Aclara que la “falta de participación directa en los yerros del procedimiento administrativo”, en alusión a la exgobernadora, “no puede” excluirse de “,por lo menos, el reproche moral y axiológico que deviene de impulsar un trámite de este calibre”, sin la menor evaluación previa” y los “recursos públicos comprometidos”.
Considera que merece una “absoluta y total descalificación moral y axiológica”, como también, una “severa advertencia hacia el futuro respecto de quien adopta tamaña decisión “.
Fue una “decisión absolutamente gravosa” y, posteriormente, recurre a una cita donde se alude a que el “derecho es incapaz de alcanzar con plenitud la justicia real” donde coincidan la “responsabilidad jurídica y la responsabilidad moral”.
Reafirma de su “valoración absolutamente negativa desde el plano axiológico” de los actos de la exgobernadora, pero la “evaluación estrictamente jurídica impide emprender una imputación de responsabilidad administrativa sostenible”.
El fondo turístico provincial maneja millones pero está lejos de colmar las expectativas
Después, el órgano de control externo indica que la operación no estuvo “precedida de un concienzudo y escrupuloso análisis de costo-beneficio” y eso “denota un desinterés por la eficiente administración de los recursos” públicos que “ponen a disposición de los representantes a partir de un voto de confianza temporal”.
Sobrecosto del kit sanitario y el pago del tardío estudio técnico
En el cotejo de precios, se detecta una “considerable diferencia” en lo pagado por el kit sanitario” ya que esa adquisición “podría haberse efectuado” con “una erogación de una tercera parte de lo efectivamente gastado”.
En ese análisis, la Provincia “abonó por el kit sanitario US$ 249.990 cuando podría haberse cubierto dicha necesidad pagando US$ 79.050, lo que genera un perjuicio a las arcas provinciales de US$ 170.940”.
Agrega como “agravante” que “elementos contratados “ tuvieron “una injustificada y notable demora en la efectiva entrega”, pues “el avión fue recibido formalmente a comienzos de agosto de 2022” y “elementos sanitarios” recién arribaron “a mediados de enero del año siguiente”.
El pago en “exceso” fue de US$ 1.120.840,33. Por la aeronave se abonó en demasía un 30,07%; por el mantenimiento llegó a un 40,89% y por el kit sanitario alcanzó al 216,24% más.
Valora el informe de costo que realizó la Universidad de La Plata, que en el 2022 contrató la Provincia, pero cuestiona que ese costo de $ 2.735.000 se hizo después de la compra de la aeronave cuando -indica- “se debería haber hecho en el procedimiento previo” a la adquisición.
Destacó que la UNLP indica de una “abismal diferencia” entre lo abonado y el “resultado de la pericia”, pero esa conclusión no fue “comunicada a ningún organismo”, lo cual, “denota un mecanismo de ocultamiento de resultados desfavorables”.
Remarcó que esa contratación fue para “intentar justificar el accionar”. Para “acallar dudas”, “se echó mano una vez más a dinero estatal”, remarcó.
Solo dos pistas para aterrizar y sin personal habilitado
Al criticar la ausencia de planificación, la FIA indicó que la Provincia compró un “avión que sólo podía despegar y aterrizar en dos aeropuertos” en Río Negro “al momento de su arribo”: el de Viedma y el de Bariloche.
No podía hacerlo en los cinco restantes porque no “son viables para que una aeronave jet opere” por su mal estad o falta de señalización, o porque no están controlados (Roca o San Antonio).
También entendió que “se adquirió una aeronave cuya tripulación pública estable” no podía operarla y se abonaron “capacitación y entrenamiento en el extranjero “ pero “no fue suficiente para permitir la operación de la aeronave en manos de empleados provinciales”.
Se tuvo que seguir “echando mano al patrimonio provincial para contratar servicios profesionales privados” para operar “la aeronave ya comprada”.
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