En Río Negro, el gobierno preocupado por la suba de la partida de Personal y pausa el debate salarial
El gobierno provincial plantea que no habrá aumentos de salarios en octubre y lo explica en los aplicados frente a la inflación. La otra mirada se corresponde con el desequilibrio por el crecimiento de las erogaciones salariales.
Con sus tres Poderes, el Estado rionegrino totaliza unos 56.000 empleados.
El gobierno de Alberto Weretilneck se resiste al otorgamiento de aumentos en los sueldos estatales de octubre.
Se sostenga o no esa decisión, la participación salarial en el reparto de fondos públicos ya registró un fuerte aumento, especialmente en el último trimestre.
En el contexto económico general, los incrementos otorgados -posiblemente- no serán suficientes, pero el Estado provincial creció en la proporción de recursos destinados a las remuneraciones de los agentes públicos. De sus erogaciones, en septiembre, más del 70% se concentraron en la partida salarial.
El error de cálculo y el pánico oficial
Este predominio superior coincide -paralelamente- con la caída de los envíos nacionales, que la Provincia no puede compensar y, por eso, las disponibilidades inferiores y la prudencia se impone.
Las erogaciones por conceptos salariales captan siete de cada diez pesos de los desembolsos corrientes del Estado provincial, es decir, descontadas las obligaciones por deudas financieras. Incluso, la porción efectivamente disponible se reduce más cuando también se aparta fondos fijados para los municipios por coparticipación, que supera el 10%.
Los recursos libres para funcionamiento del Estado rionegrino se acotan al 20%, apartadas las reservas otorgadas por ley para las intendencias y los montos destinados a los salarios públicos, cuya participación subió del 63% en el 2022 y superó el 70% con septiembre pasado.
Economía reconoció en el Consejo de la Función Pública que la Partida de Personal ya está por encima del 70% de los gastos corrientes que tiene la Provincia.
La masa salarial de agosto (que es el último registro oficial) llegó a los 94.000 millones, notándose el impacto de la incorporada condición de bonificable de la escala de sumas fijas.
El lunes último, en el Consejo de la Función Pública, la segunda de Hacienda, Natalia Crocciati afirmó de la imposibilidad de subas porque su concreción significaba «no poder pagar salarios». Extremó el riesgo en su relato frente a Rodrigo Vicente de ATE y Marcelo Vidal de UPCN. La funcionaria portaba gráficos que concluían que las asignaciones salariales de septiembre rondaban el 71%.
La discusión por alzas en los haberes de octubre seguirá por algunos días. La resolución está abierta, con la posibilidad de alguna renovada aplicación de aumentos con sumas fijas o, directamente, este mes se pasará por alto de cualquier incremento.
Ya en diciembre, esta gestión liquidó sin variaciones, a pesar de la devaluación y la inflación generada, que después se conoció fue del 25%.
El rescate de salarios fue de menos a más porque, luego, en el primer bimestre, estableció pagos de bonos extraordinarios.
Los efectivos incrementos en recibos recién se detectaron en marzo, con una escala de sumas fijas y un haber mínimo de 500.000 pesos. Ese haber de noviembre en la ley 1844 era de 315.887 pesos. El impacto estuvo en esos sueldos menores, con un alza próxima al 59% aunque, todavía, menor a la inflación del período diciembre-marzo rondaba el 90%.
Pactado con ATE, el gobierno provincial se mantuvo en montos fijos y el repunte salarial frente a la inflación existió en el lapso marzo-junio, pero las mejoras mayores surgen en el último trimestre, es decir, julio-septiembre cuando los incrementos pasan a condición de bonificables, generando subas adicionales por conceptos de antigüedad y zona.
Esa evolución se reflejó en el requerimiento de fondos para la Partida de Personal, que en marzo estaba en el 62,5% de la totalidad de gastos corrientes; se aproximó al 64% en las ejecuciones de mayo y, en agosto, ascendió al 67,4%, según los registros de la Contaduría General.
Con los cálculos de Economía, la porción salarial de septiembre estaría por encima del 70%.
La calificadora Moody´s indicó que “Río Negro enfrenta desafíos” por los gastos de personal que “representan una proporción superior a otras provincias”.
Este centralismo otorgado a la política salarial, aún cuando sea insuficiente, determinaron -en gran parte de los haberes públicos- que las subas fueran reales, es decir, aventajaron a los guarismos y erosiones inflacionarias.
La diferencia válida es menor a la difundida por el gobierno, que se concentró en el lapso enero-septiembre mientras aparta a diciembre con dos características determinantes en la evolución: el mayor índice inflacionario de la época y una mensualidad que no tuvo modificación en relación a noviembre.
La inclusión de diciembre reduce la brecha aunque, en la mayoría, las subas de haberes hasta septiembre superaron la inflación, que estuvo en casi el 153%.
Desembolso de agosto
- 94.000
- Millones de pesos fue el nivel de ejecución de la partida de Personal del Estado rionegrino en agosto.
Las alzas en las categorías menores o intermedias oscilaron desde el 160% al 200%. El deterioro se detecta en los empleados con rangos superiores por la baja incidencia en ellos de los montos únicos, con variaciones del 140% al 150%.
El sector docente registra su particularidad. El sueldo de su cargo inicial pasó de 347.408 pesos en diciembre/enero a los 931.186 pesos de septiembre, arrojando un 168% más. Por sus liquidaciones, hay mejoras superiores, que van desde el 180% y superan el 200% para cargos de directores.
El posicionamiento provincial por su incidencia de la masa salarial
El gobierno rionegrino destaca que las remuneraciones de sus estatales figuran al tope del ránking nacional.
Su contracara no tiene tanta publicidad porque indica que Río Negro integra el grupo de Estados que mayor porción de sus recursos destina al pago de los salarios.
Existen distintas variables de evaluación de la incidencia de la partida de personal en el universo del Estado, entre ellas, esas asignaciones frente a las erogaciones corrientes o analizarlas en comparación con los ingresos totales corrientes.
En el Ministerio de Economía de Nación (Dirección de Asuntos Provinciales), los registros informados del primer trimestre del 2024 -que son los últimos incorporados- ubican a Río Negro en el segundo lugar, superada solo por Salta. Esa evaluación técnica comprende a la partida de Personal frente a los Ingresos Corrientes Totales (Administración Central y Organismos Descentralizados).
En ese período enero-marzo- la injerencia salarial en la provincia de Río Negro era menor porque la gestión de Weretilneck comenzó con una política cerrada, sin incrementos en diciembre. Luego, en enero y en febrero, se otorgaron en el Ejecutivo exclusivamente bonos extraordinario para recién incorporar aumentos en las remuneraciones de marzo, pero con sumas fijas (no bonificables).
La Legislatura mantuvo iguales criterios y en el Poder Judicial, aún con porcentajes, no aparecieron desacoples mayores, en los primeros meses del año.
La calificadora de riesgo y su análisis de Río Negro
En agosto, Moody’s, la experta calificadora internacional, mantuvo a Río Negro con el índice BB-.ar -que indica una “calidad crediticia por debajo del promedio- pero, también, indicó que «no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios en el corto y mediano plazo».
Resaltó «su alta exposición por su deuda en moneda extranjera» pero consideró que cuenta con «ingresos por regalías que le otorgan una cobertura parcial a la evolución del tipo de cambio».
Consideró además que en 2024 comenzó con «pagos de amortizaciones», lo cual, «presionan sus niveles de liquidez».
Una referencia puntual recae en las erogaciones. Indicó que «Río Negro enfrenta desafíos relacionados con los gastos de personal» porque -agrega- «representa una proporción superior al promedio de otras jurisdicciones comparables».
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