En Río Negro, el control de inasistencias llega a los policías y los datos de Educación, con sus interrogantes
Las auditorías por las licencias médicas alcanzarán desde este lunes a la totalidad del personal del Ejecutivo.
Desde este lunes, el sector policial ingresará ala fiscalización de los certificados médicos. Foto: Marcelo Ochoa.
El sector policial se incorporará mañana al control de las licencias médicas, que el gobierno de Río Negro comenzó a implementar el 2 de septiembre, con una empresa de medicina laboral.
Su funcionamiento se hizo más evidente en la última semana, a partir de las reacciones sindicales, especialmente de la Unter, que lo rechaza y ya convocó a un Congreso para el viernes 20 en Viedma donde se evaluarán acciones.
El debut se cumplió con el personal de la administración central (régimen ley 1844) y de Salud (ley 1904), que ofreció un mapeo inicial de funcionamiento. La firma contratada, Dienst, indicó que desestimó el 17% de las licencias presentadas.
La última semana, la segunda del sistema, se caracterizó por la inclusión de Educación, con más de 25.000 agentes, entre docentes y porteros.
La cartera educativa registró una baja muy importante, cayendo a un cuarto del número de licencias. La viceministra María Laura Giovanini afirmó que aún falta precisar «por qué de ese compartimiento» detectado en los primeros días.
El registro de los primeros cuatro días de control en Educación indicó una baja a un cuarto el número de licencias que fueron aceptadas por la consultora.
Vale una inicial aclaración. La consultora informa a Educación de los docentes con permisos médicos convalidados.
En cuatro días (del 9 al 12 de septiembre), la empresa consignó 881 licencias -un promedio de unas 220 diarias- por razones de enfermedad del agente (artículo 1) y por atención de un familiar enfermo (art.13).
Las alteraciones entre esas cuatro jornadas fueron grandes y, por eso, seguramente, Educación posterga su conclusión para un seguimiento mayor.
Las resoluciones del CPE para la aplicación de estas auditorías se firmaron el 5 de septiembre. El día previo, las licencias presentadas por ambos artículos sumaron 768 y, al otro día, ascendieron a los 963 presentaciones.
Esas cantidades diarias se asemejan al total de inasistencias médicas avaladas en los primeros cuatro días de la última semana, según la fiscalización de la empresa Dienst y la ejecución de la Función Pública, a cargo de la secretaria Tania Lastra.
En la comparación, Educación precisa que los registros previos a la puesta en marcha equivalen a los pedidos y ese mismo número para las abonadas, a partir de que la aceptación era total porque no existían auditorías en esos dos artículos.
Un punto que no se menciona pero anticipa una encrucijada es qué ocurrirá definitivamente con aquellos docentes (que no serían pocos) que se desentienden de los rechazos o los acortamientos de licencias resueltas y, en cambio, se ajustan al certificado médico entregado y no concurren a las escuelas.
Las inasistencias no justificadas serán descontadas, según lo ratificado por la Función Pública en la reciente reunión a los responsables de las áreas de Recursos Humanos. Ese mandato generará otro complejo cumplimiento.
El comienzo del sistema de control en la Policía -con más de 9.550 agentes, con los penitenciarios- se preveía para la semana pasada pero se postergó para mañana por dificultades operativas.
Esta aplicación vaticina también trastornos, pues las estadísticas indican de un alto ausentismo en la fuerza por razones médicas.
Con la inclusión de los uniformados, la supervisión de las licencias médicas por parte de la firma contratada alcanzará a más de 55.000 agentes públicos del Poder Ejecutivo.
La información oficial del «sistema laboral»
El «nuevo sistema de medicina laboral» se ejecuta con «la empresa Horizonte y la secretaría de la Función Pública», explicó el gobierno provincial en una gacetilla, sin mención de la intervención de la firma Dienst.
Aseguró el mecanismo «funcionará en sinergia con las Juntas Médicas, con el objetivo de optimizar la atención de la salud laboral» de los empleados públicos rionegrinos.
«Se implementará un control de quienes no están enfermos, pero estaban usufructuando de manera indebida de una licencia. Esto permitirá un ahorro sustancial para el Estado provincial», afirmó la titular de la Función Pública, Tania Lastra, en la información gubernamental.
Adelantó que «habrá 5 consultorios médicos, ubicados en Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche». En los mismos se encontrará «un servicio médico que precisamente controlará» en cada certificado el «estado del trabajador que solicita días de licencia por enfermedad».
La gacetilla detalló que el «plan entró en vigencia este lunes 2 de septiembre», incluyendo «controles médicos presenciales, virtuales, auditorias médicas especializadas para evaluar casos complejos y Telemedicina, que permite la monitorización y seguimiento de los agentes que se encuentren en licencia, asegurando el cumplimiento de las indicaciones médicas desde sus hogares».
Unter suma presentaciones individuales
En su plan de rechazo, la Unter alienta también «presentaciones individuales en los departamentos de liquidación de los Consejos Escolares» por las licencias médicas no aceptadas.
El miércoles se cumplirán -mayormente- las asambleas para el Congreso convocado a Viedma para el viernes 20.
Además, el gremio, que conduce Silvana Inostroza, formalizó notas revocatorias en el ministerio y en la secretaría de Trabajo, planteando el avasallamiento del régimen de licencias.
La conducción insistió con reunirse con el gobernador Alberto Weretilneck, recordando que es la tercera vez que se pide audiencia y que «nunca ha recibido al sindicato». «Insistimos porque quienes definen los destinos de provincia han puesto a la educación pública rionegrina en peligro», aseguró.
El gremio -según su secretario de Salud en la Escuela, Daniel Aciar- el implementado «mecanismo de auditorías como perverso, cuya única intención es perseguir y ajustar».
Agregó que «el sistema automatizado se arroga la potestad de interpretar y modificar las indicaciones realizadas por un profesional médico».
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