En Neuquén o en Bariloche, la falta de alquileres empuja al Estado a intervenir

En respuesta a los reclamos que iniciaron los inquilinos hace varios meses y que incluyeron varios acampes en el Centro Cívico, el gobierno municipal de Bariloche llamó a constituir una mesa de trabajo sobre la aguda crisis de alquileres permanentes, que afecta hoy a miles de barilochenses.  En Neuquén, en cambio, a pesar de las presiones, ni la provincia ni la municipalidad se interesan en un problema que afecta de manera vertical a familias de varias clases sociales.

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Alquileres en la región: una trama difícil de solucionar para propietarios e inquilinos

Uno de los referentes del grupo “inquilinos autoconvocados” de Bariloche, Emiliano Guenin, dijo que en la reunión realizada el último viernes se conformaron tres comisiones para abordar aspectos del problema: una sobre fiscalización de alquileres turísticos irregulares, otra sobre normativa local y una tercera sobre aspectos a modificar de la ley de alquileres nacional.

En Neuquén los inquilinos organizados aseguran que hay edificios con departamentos de alta gama que están vacíos. Para el sector del negocio inmobiliario, el problema es que en la ciudad no hay más oferta de alquileres.

Guenin consideró que “la reunión sin dudas se generó a partir de la presión” que iniciaron los inquilinos hace ya tres meses con acampes simbólicos y protestas, en las que denunciaron la inacción del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. El tema incluso llegó al Concejo municipal donde hace pocos días resultó rechazado (por el voto en contra del oficialismo) un proyecto para establecer incentivos fiscales para los inmuebles ofrecidos en alquiler permanente.

Guenin dijo que el cuadro de situación es muy complejo y una desgravación de impuestos y tasas no será suficiente para promover una mayor oferta, pero señaló que las condiciones ya no son tan favorables para el alquiler turístico porque “hoy se empezó a ver que hay más oferta que demanda” en ese rubro, lo que debería generar mayor interés del propietario en volver a los contratos de largo plazo y a reducir los precios, como esperan miles de familias en la ciudad.

Señaló de todos modos que “la realidad es más amplia” que la oferta de viviendas y departamentos para locación y por eso propusieron en la reunión convocar a cooperativas de viviendas y abordar en general la “crisis habitacional”.

Dijo que el municipio reconoció que existen tierras fiscales “dispersas”, de ubicación incierta, pero carece de un plan concreto para incidir desde allí en el mercado inmobiliario.

Guenin refirió que uno de los resultados concretos de la reunión fue que la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor  “va a gestionar en lo contractual y actuar ante los desalojos irregulares que están sucediendo en la ciudad”, en coordinación con el Poder Judicial. El activista dijo que harán públicos los datos para que se acerquen los inquilinos que estén bajo amenaza de desalojo.

La reunión fue encabezada por la presidenta del Concejo, actualmente a cargo de la intendencia, Natalia Almonacid, y la jefa de Gabinete municipal, Marcela González Abdala. También participaron por el Ejecutivo el secretario de Ambiente y Desarrollo Humano Claudio Otano y el de Fiscalización Sebastián Rodríguez. El parte de prensa oficial no menciona a la titular del Instituto de Tierras y Viviendas Paula Meira.

Sí estuvieron los concejales oficialistas Carlos Sánchez, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taboada, la Defensora del Pueblo Analía Wolosczuck y la responsable de la Omiduc Sonia Gutkin.

El Ejecutivo citó no solo a Guenin y a otros miembros del Inquilinos Autoconvocados sino también a representantes del Colegio de Martilleros, del Colegio de Abogados, el de Arquitectos y la Cámara de la Construcción.

En un próximo encuentro, según acordaron, serán convocados los legisladores nacionales de origen barilochense Agustín Domingo y Silvina Larraburu.

Según informó el municipio, el objetivo de las comisiones conformadas será “controlar la oferta de arrendamiento de inmuebles, analizar diferentes incentivos para generar más oferta e inversiones para construir inmuebles de renta permanente y “la tan necesaria modificación a la normativa nacional vigente, que brinda condiciones poco ventajosas para propietarios e inquilinos”.

“El Estado, en sus diferentes niveles, realmente no controla ni hace cumplir la ley de Alquileres. Los deja  a los inquilinos a la merced del mercado inmobiliario y de la oferta y demanda, con precios exorbitantes. A su vez, no hay una política activa que garantice el acceso a la vivienda por alquiler”, sostuvo el referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén, Federico Prior.

Afirmó que hay lugares, pero “lo que hace el mercado inmobiliario es retirar la oferta para especular con los precios. La otra parte es que Neuquén, como pasa en otras grandes ciudades como Rosario, empieza a tener cada vez edificios de lujo con departamentos vacíos. Esto se ve sobre el corredor Doctor Ramón- Leloir y sectores del centro”, marcó.

“El único que puede equilibrar la balanza, y eso se ve en algunos países europeos, es el Estado. Primero haciendo cumplir la ley (algo que no pasa), teniendo algún órgano de contralor y que haya espacios que defiendan a los inquilinos”, expuso el referente local de la federación de inquilinos.

Manifestó que son recurrentes los casos donde se busca eludir la normativa. Entre los principales incumplimientos que detectan mencionó que se hacen contratos de dos años en vez de tres, aumentos semestrales, “cargarles” las expensas extraordinarias a los inquilinos.

Los alquileres en Neuquén tienen mucha demanda y la oferta no va a la par. Referentes inmobiliarios sostienen que la Ley 27.551 ocasionó que haya propietarios que dejen de ofrecer sus inmuebles para la renta y que en cambio lo pongan a la venta. Desde el Estado la regulación es casi nula.  Todo este combo deriva en precios elevados.

Desde  la Federación de Inquilinos de Neuquén, Federico Prior apuntó a la ausencia del Estado. “No hay alguna medida que intime a poner de alguna manera las viviendas en alquiler, como sí pasa en otros lugares”, manifestó.

Recordó que hay un proyecto en la Legislatura de Neuquén para que la comisión inmobiliaria la abone solo el propietario, que todavía no prosperó en el recinto. 

Por otro lado, señaló la situación particular que ocurre en localidades turísticas como Villa La Angostura “porque los propietarios alquilan al turismo y no para viviendas permanentes”:

Indicó que hay un proyecto de ordenanza en el destino cordillerano para crear una mesa de articulación municipal, pero todavía no se trató.

Prior sostuvo que el control que sí hace el Gobierno neuquino es de los alquileres turísticos porque “le genera ingresos”, pero no lo hace con las viviendas permanentes.

Dijo que en Neuquén hay alrededor de 160 mil personas que alquilan, concentrándose la mayoría en la capital.

Este medio consultó cómo se aborda la situación desde Provincia pero no logró obtener una respuesta favorable. 

Guillermo Reybet, uno de los referentes del mercado inmobiliario en Neuquén, manifestó que una de las preocupaciones que más inquieta a los propietarios es “la falta de ajuste”, esto en relación con que la ley de Alquileres establece que solo se puede actualizar los precios una vez al año.

“Hay que imaginarse que es como que te congelen los sueldos por un año”, comparó.

Esto dijo que provoca que se opte por alquilar a “valores que no son económicos en mayor medida, porque por un año no pueden aumentar”.

Al ser consultado sobre si la legislación ocasionó que haya menos oferta en el mercado, marcó que si se observó que ocurrió en Neuquén aunque en mucho menor medida que en otras ciudades como Buenos Aires. “Es algo que depende mucho de la realidad de cada propietario.  Pero hay que tener en cuenta que las expensas subieron en un añ o un 100%, más los impuestos, y tener que seguir pagando sin alquilar, no conviene”, observó.

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Describió que a Neuquén llegan gran cantidad de familias, hay una fuerte demanda de alquiler pero no hay disponibilidad. Están prácticamente todos alquilados”.