En medio de la polémica, las armas menos letales están más cerca de las manos de los policías de Neuquén

Después de más de una hora de discusión, la diputada Zulma Reina se plantó: «este proyecto pasó por la comisión de Derechos Humanos, por la de Asuntos Constitucionales, ahora estamos en la de Presupuesto y lo que menos hicimos fue hablar de presupuesto. Ponemos a consideración, se vota». Y así, sin hablar de plata ni un segundo, el proyecto que autoriza a la Policía de Neuquén a utilizar armas menos letales cumplió con las formalidades para llegar al recinto y convertirse en ley en la próxima sesión.

Fue una demostración de que cuando hay decisión política los votos aparecen. El proyecto lo presentó el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN, aliado del oficialismo) a los tres días de asumir, el 13 de diciembre del año pasado, pero tuvo que esperar hasta mayo para encontrar un lugar en la agenda de comisiones. De pronto se destrabó y a toda velocidad atravesó tres comisiones, dos en un solo día.

Tardó en arrancar. Empezó en Derechos Humanos, donde chocó con la resistencia de la APDH y del Comité contra la Tortura, al que no invitaron nunca para que diera una opinión. La Policía siempre se mostró a favor, y el ministerio de Seguridad de Matías Nicolini evitó pronunciarse hasta el día de hoy.

Un proyecto demasiado amplio

Las críticas siempre fueron las mismas: que las armas pueden ser letales, que no hay estadísticas que justifiquen la necesidad de utilizarlas, y que el proyecto es demasiado amplio y genérico, lo cual deja muchos huecos por donde se puede filtrar la violencia institucional.

«Es inverosímil que se diga que se pueden utilizar contra una manifestación», dijo por ejemplo el diputado Damián Canuto (PRO). Fue entonces que Cielubi Obreque (MPN) le hizo notar que en la CABA las disparan para reprimir a las personas que saltan los molinetes del subte. «Las utilizan como un control contra la población, no como medida de seguridad», dijo una de las opositoras al proyecto junto con su par Ludmila Gaitán.

Acelerador a fondo

El quiebre se dio la semana pasada en la comisión de Derechos Humanos: un oficial de Policía, Juan Manuel Cisterna, llevó varias armas, las desparramó sobre la mesa, e invitó a las y los diputados a manipularlas. Fue chocante justo en ese ámbito.

El paso final se dio este martes. A la mañana, mientras visitaba la Legislatura la vicepresidenta Victoria Villarruel, militante del negacionismo de la última dictadura militar, el proyecto obtenía despacho en la comisión de Asuntos Constitucionales.

A la tarde hubo un debate desordenado que no eludió tramos bizarros: Claudio Domínguez (MPN) y Gabriela Suppicich (FIT U) citaron cada uno por su lado extensos protocolos de la ONU que enseñan el uso de armas menos letales con respeto a los derechos humanos, sin ponerse de acuerdo.

La presidenta de la comisión, Zulma Reina, fue consciente de que no se habló ni un segundo de lo costosísimo de los equipos, pero los minutos pasaban, la discusión se estancó así que apuró la votación porque la relación de fuerzas ya estaba muy clara.

No está en la agenda del ministerio

Es extraña la postura del ministro de Seguridad, Matías Nicolini. En el expediente no se pronunció, pero habló por radio en tono indiferente.

«Veremos cómo avanzar este tema pero no es algo que esté en agenda inmediata».

«Sabemos de precios individuales, pregunté cuánto costarían más o menos, pero no tenemos el dato concreto».

«En el armado del presupuesto no se ha incorporado, aunque se pueden reajustar partidas», dijo Nicolini imprimiendo el mayor tono posible de desinterés a sus palabras.