En el barrio House Vial de Roca dudan del IPPV y hasta piden un “resarcimiento”
Vecinos piden que les cobren menos las casas, porque en el organismo fueron "cómplices de la estafa" que padecieron.
Junio del 2012. Con el escándalo de la sobreventa declarado, casi 100 casas fueron ocupadas. (Foto: Archivo)
Los nuevos registros que llevan adelante los trabajadores del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV) encendieron las alarmas en el barrio House Vial de Roca.
Los vecinos comenzaron a agruparse nuevamente en búsqueda de una respuesta ante los requerimientos del IPPV, quienes se encuentran -bajo el trabajo de sus representantes- recorriendo las calles del barrio. Los trabajadores están notificando a los dueños de esas casas sobre el proceso de regularización de la deuda que mantienen.
La metodología de relevamiento que comenzaron a desarrollar estas cuadrillas consistió en dejar un aviso, solicitando unos requisitos y exigiendo la realización de algunos trámites para la actualización de los legajos.
Sin embargo, vecinos de House Vial también aclararon que los representantes del IPPV recaban información respecto de los sueldos que cobran en el hogar, sobre quiénes viven en la vivienda y si existen ampliaciones edilicias.
Ante eso, la postura de los integrantes de un espacio que agrupa a casi 40 vecinos del barrio está consolidada. No quieren realizar ningún movimiento antes de poder conversar con autoridades de la esfera más alta del IPPV y acordar una única cuota para todos los dueños de las casas.
“Queremos establecer el valor de las casas, que están sin el final de obra y con fallas estructurales. A más de uno se nos llueven. Y también queremos que nos cobren menos del valor real de las casas, como resarcimiento económico por ser cómplices necesarios en la estafa”, apuntó Gustavo, uno de los protagonistas de la lucha por las casas del barrio House Vial.
Desinterés por bajos precios frena la construcción de viviendas en Río Negro
Alrededor de 90 familias se encuentran siendo visitadas y el desacuerdo ante la forma de regularización de la situación tras la estafa, crece día a día. Sin embargo, una minoría – compuesta por pocas familias- ya se han acercado a actualizar sus legajos y a ordenar sus carpetas en la sede del IPPV en Roca.
Otra de las vecinas del barrio fue contundente en su postura y desconfió respecto de los procedimientos de relevamiento de la información que desarrollan desde el IPPV. “Es raro que pidan información, cuando ellos deberían tener nuestras carpetas. Quizá no tienen nada y pretenden armarse de nuestra información”, sostuvo.
No todos tomaron por la fuerza
“La estafa comenzó durante el gobierno provincial de Miguel Saiz y se agravó cuando asumió Soria, porque no quería hacerse cargo. Fue tremendo. Un primer invierno con casas tomadas y defendiendo lo que uno había pagado, recibiendo las críticas de afuera”, recordó el vecino que dialogó con RÍO NEGRO.
Este vecino aseguró que no todos los vecinos tomaron por la fuerza las viviendas que habían sido sobrevendidas y decidieron ir a la Justicia. “Esas familias aún no encuentran respuestas”, dijo.
Además, afirmó que ninguno de los organismos intervinientes apareció ante el reclamo. Sostuvo que sólo se hicieron cargo durante la gestión de Alberto Weretilneck -con Luis Di Giacomo como ministro de Gobierno-, pero cuando cortaron el tránsito sobre Ruta Nacional 22 y Ruta Provincial 6.
Gustavo fue uno de los damnificados que viajó hacia Viedma a tratar de obtener la tenencia precaria de la vivienda. También, confesó que –en un principio- no estuvo de acuerdo con tomar la casa por la fuerza y fue su esposa quien “resistió” en el hogar que habían pagado.
“Gracias a Dios que nos metimos, porque la gente que no tomó las casas y quiso ir a la Justicia, todavía se encuentran sin soluciones”, concluyó.
Lograron recuperar dinero recién a fines del 2021
Las estafas cometidas en distintos puntos de la provincia derivaron en sendas condenas para el extitular de la cooperativa House Vial, Carlos Iturburu, y para el exsecretario general del gremio de trabajadores viales de la provincia, Carlos Sansuerro.
Esos procesos penales se iniciaron a principios de la década pasada y en el 2016 la Justicia provincial unificó penas, fijando 10 años y 1 mes de prisión y multa de 80.000 pesos para Sansuerro y 11 años y 1 mes de prisión, más la multa de 85.000 para Iturburu.
Según detallaron fuentes judiciales, Iturburu está actualmente en libertad condicional y cumplirá definitivamente su condena el 19 de enero del 2023.
Lo que se extendió en el tiempo fueron los reclamos en el fuero civil, por parte de los damnificados por la sobreventa de lotes para la construcción de viviendas sociales.
Fuentes judiciales informaron esta semana que en la Primera Circunscripción, con sede en Viedma, hubo movimientos en los expedientes hasta fines del 2021, con restituciones de dinero a un total de 16 compradores de inmuebles.
Según surge de registros oficiales, cada una de esas personas percibió sumas de entre 300.000 y 500.000 pesos, en concepto de capital, intereses y gastos.
En esos procesos se declaró la nulidad del contrato que uniera a las partes y se condenó a Iturburu a restituir la suma que arrojara cada una de las liquidaciones.
Además del pago a los damnificados, el extitular de House Vial tuvo que asumir las costas del proceso.
Comentarios