En Chubut, la agenda política dejó paso a la judicial: la investigación por $50 millones que golpea a un gremio
El secretario General de ATE comprometido por el desvío de fondos del sindicato para uso personal. Otras dos causas en la mira.
Félix Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut.
Con los nuevos ministros que asumieron el domingo y comienzan a transitar sobre sus primeras decisiones y el comienzo de las vacaciones de invierno en la provincia, la política le dejó la semana que pasó una no muy grata agenda a la justicia: las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, algunos del pasado y otros más recientes que, en el caso más resonante tiene como protagonista al secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Félix Guillermo Quiroga y a su exesposa Mirta Simone.
Ambos están acusados de utilizar dinero del gremio en su propio beneficio. La cifra: 50 millones de pesos. El caso, como todos los que tienen que ver con corrupción está en manos del titular de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez.
En la audiencia realizada el lunes, Rodríguez insistió en la apertura de la investigación, en lo que la jueza Eve Ponce se tomará el tiempo legal y decidirá en algunos días.
“Los defensores de Quiroga y Simone plantearon la nulidad de la apertura del secreto bancario. Esto es para trabar toda la información que juega en su contra”, le dijo Rodríguez a Diario RÍO NEGRO. Otras fuentes judiciales consultadas por este medio aseguraron que “el tema es complejo, pero si se abre la investigación Quiroga y Simone saben que están “hasta las manos”. Si la fiscalía pone en la mesa toda la información que tiene les va a ser difícil salir de esta”.
La maniobra que se investiga consistiría en el desvío de fondos desde ATE hacia cuentas privadas de Quiroga y su exesposa, las que habrían sido utilizadas en beneficio propio. Por ejemplo, para el pago de las liquidaciones de distintas tarjetas de crédito.
La denuncia sobre estos presuntos manejos la realizó la exsecretaria de Finanzas de ATE, Claudia Barrionuevo. La exesposa de Quiroga también formaba parte de la conducción.
Quiroga asumió el primer mandato en 2019 y aún continúa al frente del gremio, uno de los más combativos y numerosos en cantidad de afiliados dentro de la administración pública provincial de Chubut. Rodríguez dijo también que en reiteradas oportunidades “pedimos a la conducción nacional (que dirige Rodolfo Aguiar) los balances y rendición de cuentas de la seccional Chubut. Nunca nos contestaron. Aguiar y Quiroga tienen una estrecha relación.
En definitiva, la investigación trata sobre el desvío de fondos de una cuenta perteneciente a ATE a través de transferencias bancarias a cuentas particulares de la familia. Con esos fondos se habrían pagado tarjetas y una gran variedad de gastos personales. La causa es defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación Trabajadores del Estado.
“Ñoquis calientes”, la causa que lleva cuatro años en Chubut
La agenda judicial que fue protagonista de los últimos días incluye otros dos hechos no menos importantes: la causa “Ñoquis calientes” que lleva cuatro años, pero está a un paso del juicio oral y otra que recién comienza y que tiene que ver con cooperativas de Trabajo que debían pagar “retornos” o recibían obras que nunca se hacían. Otro dato: tenían que comprarle siempre al mismo proveedor.
Una niñera, un jardinero y un asesor de origen peruano que nunca fue a Chubut, forman el combo que involucra a la exdiputada y exministra Cecilia Otárola. Omar Rodríguez le dijo a Diario RÍO NEGRO que “esto se define tras la feria. Los involucrados (alrededor de 13) quieren ir a juicio abreviado. Nosotros nos oponemos. Queremos un juicio oral. La Cámara lo va a decidir”.
En el marco de la causa figura también una denuncia contra Otárola: se presuntamente se quedaba con parte del sueldo de sus asesores. Para eso, contaba con una recaudadora, también imputada en la causa.
El caso de las cooperativas recién comienza. Hay al menos 10 que funcionaban en las ciudades de Trelew y Puerto Madryn. Pedidos de “retorno” de parte de funcionarios, comerciantes beneficiados y trabajos que nunca se hicieron. Lo suficiente como para que la agenda judicial se complete.
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