Empezó el debate por el uso de las Taser en Neuquén, con muchos cruces y pocos datos

En la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura comenzó este jueves el debate de un proyecto para autorizar a la Policía de Neuquén a utilizar «armas no letales». La más famosa de ellas es la controvertida Taser o pistola eléctrica. Hubo cruces entre las y los integrantes de la comisión, y se resolvió pedir opiniones al Ministerio de Seguridad de la provincia y a la APDH, que ya adelantó su oposición.

La iniciativa es del bloque PRO-NCN, y el miembro informante fue el diputado Marcelo Bermúdez. Para fundamentar su proyecto no incluyó datos estadísticos ni científicos, sino titulares de noticias publicadas en medios periodísticos. Por ejemplo, los casos de Chano Charpentier, el del policía Juan Pablo Roldán, y dos casos de Neuquén. Aclaró que en esos episodios «no estamos hablando de criminales» y conjeturó que si los policías involucrados en esos hechos hubieran tenido un arma no letal, el desenlace podría haber sido distinto.

Cuando la diputada Ludmila Gaitán (MPN) citó un informe de Amnesty Internacional según el cual en Estados Unidos las Taser provocaron 500 muertes en 2012, respondió: «Si la policía en esos casos disparaba un arma letal, esos 500 es posible que tuvieran el mismo destino», o sea, la muerte.

Filmados para su control

Bermúdez argumentó también que los procedimientos policiales en los que se utilicen armas no letales «deberán ser filmados para un posterior control administrativo o judicial». Fue el diputado Andrés Blanco (FIT) el que le recordó que «a Raúl Godoy le dispararon y está filmado, pero tuvimos que peregrinar cuatro años» hasta llegar a un fallo judicial.

El diputado del PRO-NCN fue ajustando sus argumentos a medida que se sumaban críticas a su proyecto. De los ejemplos iniciales sobre el uso de la Taser, pasó a preguntar qué hace un policía con una 9 milímetros en un shopping, la zona bancaria o la guardia de un hospital, donde hay ciudadanos circulando y correrían riesgo de vida si el agente se sintiera obligado a usar el arma reglamentaria.

Dijo también que «el policía en general está solo, a diferencia por ejemplo del personal de Prefectura, que va con sus jefes». No fue el mejor ejemplo: en un operativo de esa fuerza federal fue asesinado por la espalda Rafael Nahuel, en Villa Mascardi, en un supuesto enfrentamiento.

Fallecidos e incapacitados

El expolicía y presidente del bloque oficialista Comunidad Ernesto Novoa expresó su inmediato respaldo al proyecto de Bermúdez, aunque aclaró que lo hacía a título personal y no expresaba la posición del gobierno. «Tenemos muchísimos policías que han muerto en cumplimiento de su deber», dijo, y citó el caso de un oficial apuñalado por intervenir en una pelea en Mariano Moreno, en 2006.

Hacer política con personas fallecidas es lo menos aconsejable, y contar cuántas hay de cada lado resulta desagradable. Pero en el debate ocurrió. Así, surgieron los jóvenes muertos a manos de la policía (incluido el maestro Carlos Fuentealba, víctima de un arma no letal), o que quedaron incapacitados por palizas.

«La rodilla es un arma no letal», dijo por ejemplo Darío Peralta (UxP) «pero al chico de Picún Leufú (por Facundo Agüero) lo dejaron cuadripléjico. Y puedo traer a un montón que perdieron un ojo porque los agredieron por portación de cara».

La comparación de la Taser con una picana molestó a Bermúdez y también a su compañera de bancada Verónica Lichter, quien argumentó que son dos cosas distintas: «Cuando torturo es para tener algo a cambio; que confiese, que me dé una localización». Se le pasó por alto que la tortura es ilegal, al menos hasta ahora.

Los datos de la APDH

La APDH pidió ser escuchada en el debate. Presentó una nota en la Legislatura en la que expresó su oposición a las pistolas eléctricas: “La única forma de que la introducción de las Taser reduzca la letalidad policial es que sean utilizadas como remplazo de las armas de fuego”, planteó el organismo de Derechos Humanos que preside Walter Pérez.

Aportó datos comprobables. Un estudio realizado por Amnesty International en los EE.UU. demostró que «de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas».

Para avanzar en el tratamiento del proyecto se convocará al Ministerio de Seguridad y a la APDH. Alguien sugirió citar a un médico pero no tuvo eco. Tampoco se pedirán estadísticas para conocer en cuántos enfrentamientos se vio involucrado el personal policial en un período de tiempo determinado, en los que hubiera sido deseable el uso de una Taser. Ni se solicitaron informes sobre la cantidad de policías procesados o condenados por el mal uso de su armamento.

El expediente, si avanza, pasará a la comisión de Presupuesto. Esta clase de iniciativas tiene su costado comercial: alguien vende esas armas. La semana pasada, funcionarios del Ministerio de Seguridad participaron en Chubut de un showroom montado por una empresa, y se habló de que las provincias patagónicas podrían formar un pool para comprar más barato por cantidad.

Registro de causas

Diario RÍO NEGRO pidió información en la fiscalía de Homicidios. No hay antecedentes cercanos de policías involucrados en casos de defensa propia o de terceros.

En cambio, proliferan los casos de policías que mataron -en general por la espalda y a personas desarmadas- por motivos particulares: Nicolás López; Héctor Méndez; Claudio Salas; Marcos Merino en Neuquén, Pablo Pallero en Zapala. Se le pude sumar a los cinco policías involucrados en la muerte de Robinson Gatica en Villa La Angostura.

El proyecto de Bermúdez propone capacitar a la policía en el uso de armas no letales. Lo que parece faltar más bien es capacitación en el uso de las armas que ya portan en la cintura.

El proyecto completo, y la nota de la APDH se pueden descargar en estos enlaces.