El polémico Fondo de Estabilización cubrirá solo un 20% del déficit del Poder Judicial de Neuquén
La estimación para el presupuesto del año que viene arroja una necesidad de financiamiento de casi 45.000 millones. La nueva ley que quiere aprobar el gobierno no alcanzaría para compensarlo.
En la justicia estiman que el presupuesto del año entrante rondará los 120.000 millones de pesos. Foto: archivo Matías Subat.
El Fondo de Estabilización de Presupuestos de Neuquén, la herramienta que propusieron los tres poderes de la provincia para «mitigar las variaciones de los presupuestos estatales» se quedará muy corto si su objetivo es devolverle al Poder Judicial autonomía económica y «afianzar su independencia».
Los cálculos que hoy tiene la justicia revelan que el déficit proyectado para el año que viene excederá por mucho lo que pueda redistribuirse a través de este polémico fondo que, como ya se mencionó, tampoco garantiza que los recursos lleguen directamente. Seguirán estando en manos del ministerio de Economía, de la misma manera que están las contribuciones figurativas que recibe hoy.
Esta nueva fuente de financiamiento, en caso de destinarse exclusivamente al servicio de justicia, cubriría apenas un 22% del rojo que espera para el 2024.
El proyecto de ley que presentaron el gobernador Omar Gutiérrez, el vice Marcos Koopmann y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, establece que este llamado Fondo de Estabilización de Presupuestos se integre por un 3% de los recursos de coparticipación que recibe Neuquén.
La mitad saldrá de una quita a la Legislatura, que pasará de recibir un 7,5% del dinero a un 6% a partir del año que viene, pero aún no está claro en el texto de dónde se tomará el resto. El gobierno aseguró que no afectará el dinero que reparte a los municipios y, lógicamente, tampoco la porción que se deriva al Poder Judicial. Por el contrario, el objetivo sería que reciban más.
Desde la justicia se indicó que el ministerio de Economía de Neuquén todavía no informó las proyecciones de ingresos por coparticipación federal de impuestos que le tocarían a la provincia el año que viene como para estimar cuantos serían los ingresos por esa fuente en 2024.
Según el proyecto de presupuesto nacional, aún no aprobado, serían 397.777 millones que, si se calcula el 18% que le toca al Poder Judicial, arrojaría un aproximado de casi 72.000 millones de pesos.
En el Tribunal Superior de Justicia sí tienen proyectado que los ingresos propios por tasas de justicia y tasa del Registro de la Propiedad Inmueble le sumarán entre 1.600 y 1.800 millones de pesos más. El total de gastos, en cambio, se ubicaría en el rango de los 120.000 millones.
Para diciembre de este año, el Poder Judicial estima cerrar con una necesidad de financiamiento del Ejecutivo de 24.000 millones, prácticamente el doble de lo que se había previsto. El número crecerá aún más en el 2024.
El déficit que espera el Poder Judicial
Una alta fuente del tribunal evaluó también que el próximo año sumará el impacto de la puesta en marcha de algunos capítulos del convenio colectivo de trabajo que se acordó con Sejun y el inicio de algunas obras como la Ciudad Judicial de Zapala. «Eso puede implicar que el proyecto de presupuesto 2024 no sea solamente el 2023 aplicando pautas inflacionarias (son del 70% según el proyecto que ingresó al Congreso). No se descarta que puedan incorporarse rubros nuevos», se explicó.
Aunque todavía no hay pautas oficiales, en el Poder Judicial prevén que, por la insuficiencia de los ingresos que tiene por ley de autarquía, la necesidad de financiamiento para el 2024 estará en «un piso no inferior a los 45.000 millones».
Es decir, si el Fondo de Estabilización se integra el año que viene con unos 10.000 millones de pesos, como fue la cifra que difundieron esta semana en la Legislatura, y no se le suman otros aportes, apenas alcanzaría para cubrir un 22% del problema.
El Poder Judicial seguiría necesitando asistencia del gobierno o bien aplicar un fuerte ajuste de sus gastos, algo que también piden revisar en los otros poderes. Es cierto que la justicia se amplía cada año por crecimiento vegetativo y la incorporación de nuevos servicios, pero también que los sueldos de funcionarios y magistrados son bastante más elevados de los que reciben en la Legislatura o el mismo Poder Ejecutivo.
El proyecto para crear el Fondo de Estabilización de Presupuestos se debatirá en comisión el martes y los diputados del oficialismo y sus aliados buscarán convocar a una sesión especial para convertirlo en ley esa misma semana. De lo contrario, deberán esperar al 4 de octubre, fecha prevista para la próxima sesión ordinaria de la Cámara.
La Legislatura confía en seguir ahorrando
Los cálculos en la Legislatura de Neuquén son que, pese al recorte que la afectaría a partir del año que viene si se aprueba el Fondo de Estabilización de Presupuestos, seguiría teniendo capacidad de afrontar sus gastos y ahorrar un remanente.
La estimación del vicegobernador Marcos Koopmann es que, al cierre del 2023, los ingresos totales ascenderán a 15.137 millones de pesos de los cuales se habrán ido a gastos solamente un 59%, poco más de 8.800 millones. La principal partida es la de personal, seguida de los gastos de funcionamiento y el ítem de asistencia al personal.
Para el año que viene, si se calculan los recursos con una coparticipación del 6% en lugar del 7,5% actual, el presupuesto sería de 20.587 millones aproximadamente.
El peso del gasto salarial crecería respecto de la relación actual (pasaría de llevarse un 53% del presupuesto a ser el 68%), pero no dejaría a la Legislatura con números en rojos.
Siempre según la estimación oficial, los gastos totales se llevarían un 75% de los recursos del 2024, por lo que aún «sobrarían» alrededor de 5.000 millones para ahorro u otras inversiones que decida la vicegobernadora entrante, Gloria Ruiz.
Todos los cálculos, sin embargo, están hechos en función del proyecto de presupuesto nacional que estimó una inflación del 70% para el año y sin que se sepa aún cómo impactará en la recaudación de impuestos la quita de Ganancias o la devolución del IVA.
Una ley de autarquía que permanecerá inalterada
La ley 1971 de autarquía del Poder Judicial data de 1992 y es allí donde está fijado que reciba un 18% de la coparticipación nacional que le corresponde a Neuquén.
El proyecto para crear el Fondo de Estabilización de Presupuestos bien podría optar por aumentar ese porcentaje, de la misma forma en que reduce el de la Legislatura.
Sin embargo, el texto no direcciona el dinero que llegará a ese fondo hacia ningún lugar específico. Es más, incluso le da la posibilidad al Ejecutivo de repartirlo en forma de aportes reintegrables o no reintegrables, es decir, de reclamar o no su devolución.
Nada asegura que la iniciativa, entonces, pueda redundar en un mejor servicio de justicia o en una mayor independencia.
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