El Partido Justicialista de Río Negro fue sancionado y se quedó sin aportes de ley
La Justicia Electoral Federal suspendió la transferencia por falta de rendición de cuentas.
El Partido Justicialista de Río Negro fue sancionado por la Justicia Electoral Federal. Foto: Marcelo Ochoa
El Partido Justicialista de Río Negro perdió el aporte anual asignado legalmente por la Nación. Así lo resolvió recientemente la Justicia Federal por la falta de aprobación de las cuentas de ingresos y de gastos del 2022.
A mediados de julio, la Justicia Electoral ordenó el pago a diez organizaciones partidarias de Río Negro, que sus fuerzas tienen reconocimiento y participaron del proceso electoral nacional.
Esa distribución de recursos se aproximó a los 9,1 millones de pesos. La lista de la Justicia incluye a JSRN, con algo más de 2,4 millones de pesos; el Movimiento Popular, con casi 1,3 millones; el ARI, con 1,2 millones; Kolina, con 860 mil pesos; el Partido Socialista, con igual monto; la Izquierda de los Trabajadores, con casi 690 mil; Izquierda por una Opción Socialista, con 531 mil y Movimiento Socialista, con 482 mil. Cierran el Frente Renovador y MAS, con 346 mil pesos, cada uno.
En la nómina no figuró el PJ, ya que su asignación (que superaba el millón de pesos) estaba inicialmente suspendida por falta de aceptación de rendiciones de cuentas.
Al final, en septiembre, el juez electoral Hugo Greca formalizó que el Partido Justicialista de Río Negro pierde el derecho “a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por el plazo de un año”.
La decisión judicial respondió a la “falta de presentación del estado anual de su patrimonio y la cuenta de ingresos y egresos del ejercicio año 2022”.
Una… dos advertencias y sanción final para el PJ
En principio, el balance anual debe presentarse a los 90 días del cierre del año. La Justicia reclamó esa formalización e inicialmente el magistrado aplicó una multa del 10 % de los aportes que se otorgan para “el desenvolvimiento institucional para el 2024” y, después, frente a la reiterada demora, la sanción se incrementó al 20% de la asignación prevista.
El 2022 abrió un período complicado para el justicialismo rionegrino, con la inicial renuncia de Alejandra Mas a la conducción del Consejo que asumió Sergio Hernández. Ambos alineados al senador Martín Doñate y ya se acentuaban la distancia de esa representación con otros referentes liderados por el entonces ministro de Justicia, Martín Soria (que mantenía aún la presidencia del Congreso partidario) y la intendenta María Emilia Soria.
El quiebre partidario se profundizó en el segundo semestre del 2022 con el acercamiento y el entendimiento de Doñate con el entonces senador y hoy gobernador Alberto Weretilneck para el proceso electoral del 2023.
En el ámbito legal, el año pasado la Justicia insistió con los pedidos de la presentación completa de ingresos y gastos del ejercicio 2022.
En su resolución, Greca indica que los plazos otorgados al presidente Sergio Hernández y la tesorera Claudia Montanaro se vencieron holgadamente, sin que realizaran presentación alguna y, por eso, corresponde tener por no acreditado el origen y destino de los fondos recibidos en el 2022, con lo cual, decretar la consecuente sanción de pérdida de aportes, fijados por la ley de financiamiento de los partidos políticos. También el expediente en cuestión N° 1116/2023 se remite al fiscal para que evalúe otras sanciones por este incumplimiento.
Por qué reciben aportes los partidos políticos
Según la ley 26.215 y sus modificatorias, el “Estado contribuye al normal funcionamiento de los partidos políticos” con aportes para su “desenvolvimiento institucional”; “capacitación y formación política” y “campañas electorales primarias y generales”.
Las asignaciones para cada fuerza se determina por un reparto de un 20% en forma igualitaria para todos los partidos reconocidos, y el 80% “en forma proporcional a la cantidad de votos que el partido hubiera obtenido en la última elección de diputados nacionales”, siempre que obtengan el 1% del padrón electoral.
El expediente 1116/2023 contiene distintos apercibimientos para la presentación del balance pero, al final, se declaró “no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos”, por lo cual, se prevé la “pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo de 1 a 4 años y los fondos para financiamiento de campaña por una o dos elecciones”. En ese caso, el juez Greca estableció la sanción por un año.
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