El mega DNU de Javier Milei está en vigencia desde este viernes: qué cambia y qué pasará en el Congreso

El decreto de necesidad urgencia libera los mercados económicos, entre ellos el de alquileres, y avanza en normativas que permiten la privatización de las empresas estatales.

Desde este viernes entró en vigencia el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei. Se trata del titulado «Bases para la reconstrucción de la Economía argentina», que, entre otros puntos, libera los mercados económicos, entre ellos el de alquileres, y sienta las bases para la privatización de las empresas estatales. Esta normativa lleva el número 70/2023 y fue incluida en la ley ómnibus posterior, para garantizar su aplicación. Ha despertado un enorme rechazo, con cacerolazos espontáneos, la marcha de la CGT y el paro general del 24 de enero, paro de estatales, presentaciones de amparo y protestas en todos el país.

El DNU entra en vigencia este viernes porque fue publicado sin fecha. Milei afirmó que estaba en vigencia desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial el jueves 21 (un día después de su anuncio), por lo que no se precisaba otro decreto aclaratorio. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez confirmó a Página 12 que se aplica el artículo 5 del Código Civil y Comercial (CCC), que establece que «las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen».

La ley 27.551 de alquileres es una de las derogadas. De ahora en más, los contratos pueden firmarse a cualquier precio y bajo las condiciones que establezca el propietario. Desde las asociaciones de inquilinos criticaron duramente esta medida porque, aseguran, ante la alta demanda y baja oferta, y al tratarse de una necesidad básica y urgente, no hay igualdad de condiciones a la hora de negociar el acceso a la vivienda y se acreciente su vulnerabilidad.

También se deroga la ley 13.653 de funcionamiento de las empresas del Estado y se ordena su transformación en sociedades anónimas para su posterior privatización.

Otras de las medidas fue eliminar los controles de subas de precios de las prepagas y habilitarlas a cobrar valores distintos según la edad.

También se quitaron todos los controles y medidas que buscaban regular los precios de alimentos y otros productos como las leyes de abastecimiento, góndolas, nacional, observatorio de precios, promoción industrial y promoción comercial.

Se deroga, además,  la ley 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural, permitiendo su concentración y extranjerización.

En total, el DNU cuenta con 366 artículos que declaran la emergencia hasta el 2025 y establecen la desregulación, o sea el retiro de controles de leyes que buscaban igualar condiciones para los sectores en desventaja y establecer criterios de desarrollo. Se lo reemplaza por un «un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo».

¿El Congreso puede invalidar el decreto de Milei?


Hay un plazo de 10 días:

Desde su publicación, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse,tiene un plazo de 10 días para enviar el DNU a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación, este cuerpo tiene otro plazo de 10 días hábiles, desde que lo recibe,  para emitir un dictamen respecto a la validez o invalidez del decreto y enviarlo al Senado y a la Cámara de Diputados para que se trate en el recinto.

En caso que no se haga en el plazo establecido:

Asimismo, si la comisión no lo hace en el plazo establecido, ambas cámaras deben tratar el tema de oficio. Por lo que, en el más dilatado de los casos, la validez del DNU se definiría a más tardar el 15 de enero de 2024, aunque también podría ocurrir antes si los distintos actores involucrados en el proceso cumplen sus compromisos institucionales antes de que finalicen los plazos establecidos.

Tramiento:

En cuanto al tratamiento en sí, lo cierto es que la Constitución solo habilita el uso del DNU en “circunstancias excepcionales” donde el Congreso estaría impedido de continuar con sus “trámites ordinarios” para la sanción de leyes. Además, se prohíbe su uso en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos.

Cómo se valida o invalida:

Ambas cámaras solo pueden validar o invalidar el decreto a partir del voto por mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes, obviamente luego de obtener el quórum necesario para sesionar). A su vez, no están habilitadas para introducir enmiendas, modificaciones o agregados al documento.

De esta manera, se prevé que si ninguna cámara decide tratarlo o si el documento es aprobada por una de ellas y rechazado por la otra, el DNU continúa vigente. En cambio, para que el decreto se caiga y pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras.

Qué modificaciones y proyectos presentó Milei


El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta. 

El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.

Lo siguió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el jueves 14 de diciembre lanzó el protocolo antipiquetes. «Las cuatro fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)-, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales», explicó en ese momento la funcionaria.

Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses. 

El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina. 

El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales. Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales. 


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