El intrincado litigio de 17 años entre el Ejército y los descendientes de Eduardo Goye en Bariloche
La causa comenzó en 2005 por las tierras en Colonia Suiza. Intervino el Juzgado Federal de Bariloche, la Cámara de Apelaciones de Roca con dos conformaciones distintas y la Corte Suprema. Los demandados consideran que la vía política sería la solución al conflicto.
El Ejército Argentino reclamó su titularidad sobre el lote pastoril 86 de Colonia Suiza donde viven descendientes de Eduardo Goye. Foto: Marcelo Martinez
La resolución final de la Cámara de Apelaciones de Roca, con una conformación especial, que ordenó el desalojo de los descendientes de Eduardo Goye y toda persona que habite las tierras del lote pastoril 86, en Colonia Suiza, tiene un prolongado trayecto judicial que comenzó en 2005 en Bariloche y en el que también intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Integrantes de la familia Goye y referentes políticos admitieron que la resolución del conflicto por las tierras que reclama el Ejército Argentino se debe dar en el ámbito político, agotada la instancia judicial que concluyó a fines de abril con una sentencia de desalojo, que fue ratificada a fines de junio con plazo de 60 días.
Cabe aclarar que no está incluida en esta demanda las 3 hectáreas en el mismo predio que Eduardo Goye adquirió en 1948 de manos del Estado nacional. Sin embargo el resto de las fracciones sí forman parte del litigio porque a pesar de que Goye vivió en el lugar desde 1907 hasta su muerte en 1964 (y desde entonces continuaron sus descendientes) no se concretó nunca la usucapión que a partir de 1980, por una ley de la Dictadura, dejó prohibida la usucapión de inmuebles en contra del Estado nacional en zonas de frontera.
En busca de una "solución" por la vía política
Los afectados con la decisión judicial tanto quienes están en la causa como parte del expediente como otros familiares que habitan esas tierras desde hace décadas, remarcaron en los últimos días que no plantean quedarse con las 620 hectáreas del lote, sino solo las fracciones en las que viven y trabajan la tierra, ya que muchos de ellos son agricultores y otros tienen emprendimientos turísticos.
Un grupo de los afectados apunta a lograr este reconocimiento a través de la Ley de Agricultura Familiar y otro sector espera una resolución similar a la otorgada a comienzos de los 2.000 a una congregación religiosa que obtuvo una ley del Congreso de cesión de las tierras que poseía, en la misma zona.
Algunos de los afectados se reunieron con el intendente Gustavo Gennuso al que trasladaron su preocupación. El jefe comunal dijo apoyar su reclamo por tratarse de familias pioneras. Hoy al gobernadora Arabela Carreras afirmó no haber tenido contacto directo y se excusó de no conocer los detalles técnicos de la sentencia judicial.
La vía política para una solución ya se mencionó en el fallo de primera instancia, que el juez Federal de Bariloche Leonidas Moldes emitió el 20 de agosto de 2010. Allí el magistrado ordenó el desalojo aunque en sus fundamentos sugirió a los demandados que reclamen ante otros poderes del Estado porque por la vía judicial no sería factible su reconocimiento.
Moldes en su sentencia dijo que “quedó claro” que Eduardo Goye fue un pionero que obtuvo las tierras por la convocatoria del propio Estado nacional de poblar la zona luego de la llamada Campaña del Desierto, en 1907, pero indicó que «no es función» de la Justicia hacer un «reconocimiento histórico». Por lo tanto, por la documentación presentada por el Ejército le dio la razón respecto de su potestad sobre las tierras en disputa.
El largo derrotero judicial comenzó en 2005
El abogado original del caso -que se inició en 2005- en representación del Ejército, fue Jorge Paolinelli, un letrado que intervino en varias causas del Estado Nacional. De manera posterior, intervino la abogada Silvia Cristina Vázquez, quien también representó al Ejército recientemente en la causa contra la comunidad Ranquehue, en la zona de Virgen de las Nieves, en Bariloche.
Por la parte de los descendientes de Eduardo Goye intervinieron varios abogados en representación de cada familia, uno de ellos el excandidato a diputado de Juntos por el Cambio, Sergio Capozzi. Hay otros afectados miembros de la familia Goye que no son parte de la causa judicial pero también están incluidos en la orden de desalojo.
El fallo de Moldes de 2010 fue apelado y en diciembre de 2014 la Cámara de Apelaciones de Roca, con el voto de los jueces Ricardo Barreiro y Richar Gallego, y la disidencia de Mariano Lozano (que anteriormente fue secretario del Juzgado de Bariloche), hizo lugar al recurso presentado por los descendientes de Goye, revocó la sentencia y también rechazó la acción reivindicatoria ejercida por el Estado nacional.
Un año más tarde, en 2015 el mismo tribunal deniega un recurso extraordinario y posteriormente el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que años más tarde, señala un punto débil en los fallos anteriores referidos a la “zona de seguridad de frontera” por lo que ordena remitir nuevamente la causa para una nueva sentencia de la Cámara de Apelaciones de Roca con una nueva conformación.
Así el 25 de abril de este año las juezas Silvina Domínguez (quien actualmente también está a cargo del Juzgado Federal de Bariloche) y Carolina Pandolfi, de Neuquén, desestimaron los planteos de los descendientes de Goye, Osvaldo Rivas, Roberto Nielsen, Julio Lorenzo Goye, Silvio Delfor Herrera y Cecilio Parra, y toda persona que habite esas tierras.
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