El ISSN abrió los números: de cuánto son las jubilaciones de jueces, docentes y estatales en Neuquén

Fue a pedido de la comisión de Trabajo de la Legislatura, que evalúa derogar el régimen especial que tienen magistrados y magistradas del Poder Judicial.

El régimen especial de jueces y funcionarios representa el 0,5% de la caja jubilatoria provincial. Foto Cecilia Maletti.

El debate por las jubilaciones que paga el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) volvió otra vez a la Legislatura con la discusión del régimen especial de jueces y funcionarios del Poder Judicial. Un reciente informe reveló detalles de su situación actual y una creciente proyección de déficit para los próximas décadas.

El ISSN cuenta con 33.026 jubilados que cobraban, hasta diciembre de 2023, un haber promedio de $1.105.964. Cuando se analiza por régimen, las brechas son notables: mientras que 12.831 docentes percibían en promedio $1.079.291, 15.391 estatales llegaban a $1.047.402 y el número para 4.435 policías alcanzaba $1.174.493, 166 jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores jubilados promediaban $5.595.416.

El monto de este último haber se actualizó en 2024. En marzo saltó a $5.692.859 y en abril a $7.044.638. Un magistrado jubilado cobró $8.450.651 en agosto, lo que equivale a 31 salarios mínimo vital y móvil. También crecieron las personas beneficiarias: de 166 pasaron a 174.

Este universo representa el 0,5% de la caja jubilatoria provincial. Un número muy pequeño en comparación con estatales (47%), docentes (39%), policía (13%) y cargos electivos (1%).

Los datos forman parte del informe que pidió la Legislatura a ISSN. La comisión de Trabajo está discutiendo si es necesario derogar el régimen especial de jubilaciones de jueces y funcionarios, regulado en la ley 859.

Las diputadas Lorena Parrilli (Unión por la Patria) y Gisselle Stillger (Arriba) son las que impulsan la reforma. Están en las antípodas ideológicas, pero coinciden en un punto: sostener este sistema es mantener un privilegio, y proponen unificarlo en uno solo: el de la ley 611.

Derogación, ¿sí o no?


La ley 859 exige como requisitos: tener 60 años, 30 de servicio con aportes, de los cuales 15 deben ser a ISSN. El haber mensual es equiparable al 82% de la última remuneración mensual que percibe un magistrado o funcionario en actividad, con ajustes periódicos. Hacen un aporte personal mayor: del 23%.

Actualmente hay judiciales que están dentro de la ley 611. Son el 2,29% en relación a todas las pasividades, y sus haberes son menores: a agosto de 2024 era de $4.593.821.

Al cierre de 2023, dice ISSN, la llamada «caja de magistrados» estaba equilibrada «en materia de ingresos previsionales y pagos por pasividades» no así «el régimen de judiciales de la ley 611 que presentaba déficit».

El juez o la jueza puede elegir libremente la ley en la que se querría jubilar, aclara el informe, «siempre que alcance las condiciones mínimas de acceso que establece cada legislación».

En la ley 611, por ejemplo, la edad varía: 60 para varones y 55 para mujeres, con 30 años de aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios. Este es uno de los aspectos sobre los que se apalanca el oficialismo y el Movimiento Popular Neuquino para rechazar la derogación.

De acuerdo al documento enviado a la Legislatura, la jubilación de una jueza de primera instancia (categoría MF3) a agosto de 2024, que se retira con 55 años sería de $8.613.108 (por ley 611, el 80%), mientras que a los 60 años cobraría $8.828.435 (por ley 859, el 82%). La diferencia es mínima en el bolsillo de la magistrada, no así para la caja jubilatoria.

El cálculo es que si durante cinco años ISSN dejara de percibir los aportes personales del 23% y patronales del 20%, tras la derogación de la ley 859, lo que perdería por jubilada es de $111.800.000 (sobre la base de un sueldo bruto de $4.000.000).

Hasta ahora el debate se ha resumido en derogación o continuidad. Ningún legislador ha propuesto una tercera vía que habilite una modificación parcial.

En la misma comisión hubo resistencia del oficialismo cuando se intentó terminar con la «ley Kohon», que establece que la antigüedad de abogados y abogadas dentro del Poder Judicial se computará a partir de la matriculación.

Población activa


En cuanto a quienes aportan, ISSN informó que a diciembre de 2023 tenía 89.696 activos, de los cuales 53.527 pertenecen al régimen general, 26.969 son docentes, 7.903 policías y 274 cargos electivos.

Por ley 859 suman 1.023 jueces y juezas: el 1,14%, de los cuales el 67% son mujeres, con una edad promedio de 45 años, una antigüedad de 14 años y un salario del orden de $4.136.964.

La reforma que introdujo el gobierno de Rolando Figueroa fue sobre cargos electivos: el que alcanza al propio mandatario, la vice, diputados y diputadas, intendentes y concejales. Se modificaron las condiciones, pero a partir de la próxima gestión. A diciembre de 2023 había 203 personas jubiladas en este régimen que cobraban en promedio un haber de $2.063.603.

En aquel debate la oposición no logró avanzar sobre las jubilaciones de jueces y juezas.

Figueroa subió aportes y contribuciones patronales a principios de año, lo que permitió equilibrar las cuentas del ISSN solo por ahora. El último informe actuarial que encargó el organismo para evaluar su proyección en las próximas décadas advirtió que el déficit va a volver «en el corto plazo» y recomendó realizar cambios en los regímenes.

Al 31 de diciembre de 2023 había 33.026 pasivos y 89.696 activos, según los datos oficiales. Foto Cecilia Maletti.

Jubilaciones de ISSN: el déficit crecerá y recomiendan cambios


El último informe actuarial encargado por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) reveló que la caja previsional presenta actualmente una situación financiera con ingresos «equiparados» al nivel de egresos, «pero en el corto plazo se estima se producirá un déficit». En diez años, llegaría a 217.694 millones de pesos, un 17% de la masa salarial, mientras que para el 2044 el ISSN ya casi no podría cubrir ni la mitad de los haberes de sus jubilados.

La valuación realizada por el estudio Melinsky, Pellegrini y Asociados concluyó que el organismo está en una situación de «déficit actuarial», porque el nivel de los compromisos excede al de los egresos, y recomendó que el gobierno de Neuquén debe analizar cambios en los regímenes jubilatorios de su personal.

«En función de los resultados obtenidos y de la capacidad contributiva de los afiliados y de la capacidad presupuestaria de la Provincia, se debe considerar la posibilidad de realizar ajustes de tipo paramétrico en lo que hace al régimen de beneficios (edades de jubilación, tiempo de servicio, determinación del haber promedio, porcentaje de beneficio, entre otros aspectos)», plantearon.


Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios

Exit mobile version