El Gobierno se aferra contra la Ley de Financiamiento Universitario y apelará el fallo en contra de la Justicia
El Poder Ejecutivo buscará revertir la sentencia del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de la norma. Desde la Casa Rosada descartan una negociación política con las universidades y trasladan la responsabilidad presupuestaria al Congreso.
Foto: Clarín Fotografía.
El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo judicial que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y que declaró inconstitucional el decreto presidencial que había suspendido su ejecución. La administración central ya trabaja en la estrategia legal para evitar el desembolso de los fondos, mientras que desde el sector académico dan por descontada la continuidad de la disputa en los tribunales.
La resolución fue dictada este martes 6 de octubre por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un grupo de universidades, docentes y la causa acumulada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En su sentencia, Cormick anuló la frase del decreto 759/2025 con la que el Ejecutivo había promulgado la ley de forma condicionada, aludiendo que la aplicación quedaba sujeta a la Ley N° 24.629, la cual exige prever expresamente el financiamiento para todo nuevo gasto.
El magistrado consideró que, tras el rechazo del veto presidencial en el Congreso con la insistencia de los dos tercios de ambas cámaras, al Presidente solo le correspondía promulgar la norma sin restricciones. En ese sentido, calificó al decreto como un «mecanismo extraconstitucional» que funcionó en la práctica como un segundo veto, algo no previsto y que choca contra el artículo 75, inciso 8° de la Constitución (que asigna al Congreso la definición del gasto público) y el artículo 83 (que obliga a promulgar una ley insistida).
La estrategia de la Casa Rosada y la postura de Capital Humano
Tras conocerse la sentencia judicial, el Gobierno activó sus mecanismos legales. De acuerdo con Infobae, la Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, encabeza la planificación para frenar el impacto de la medida. “Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señalaron fuentes del organismo, donde evalúan alternativas vinculadas al impacto presupuestario de la orden judicial.
En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la decisión de mantener el litigio es indeclinable. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, aseguró un integrante de la mesa chica de la funcionaria, descartando cualquier tipo de negociación política con las casas de altos estudios.
La postura oficial sostiene que la ejecución de la ley comprometería el equilibrio fiscal, al demandar erogaciones superiores a un billón de pesos (un costo que la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado en un 0,23% del PBI). Para el Ejecutivo, la responsabilidad recae ahora sobre el Poder Legislativo: “El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”, argumentaron las fuentes gubernamentales a Infobae.
Los representantes del Estado también habían argumentado que la ley «manda a gastar» sin prever cómo recaudar los fondos y que no existía un «caso» judicial válido porque la discusión correspondía al debate parlamentario. Sin embargo, según detalla el fallo, el juez Cormick rechazó esta tesis al señalar que el artículo 9° de la propia Ley 27.795 sí establece cómo financiarse, facultando al Ejecutivo a reasignar partidas sin afectar la coparticipación y habilitando el uso de ingresos recaudados por encima de lo presupuestado.
La expectativa universitaria
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) lleva más de un año de tensiones entre los poderes del Estado. La norma, que prevé la recomposición del presupuesto según la inflación, la actualización salarial y el financiamiento de becas e investigación, fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y vetada en su totalidad por el Presidente. Tras la insistencia parlamentaria en octubre de ese año, el Gobierno emitió el decreto ahora anulado.
En el fuero cautelar, la Justicia ya le había dado la razón a las universidades: el mismo juzgado falló a favor en diciembre de 2025, la Sala III de la Cámara lo confirmó en marzo de 2026 y, en junio, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Estado.
El expediente resuelto este martes también incorpora los acuerdos paritarios firmados el 10 de junio de 2026 entre el Gobierno, el CIN y los gremios, que incluyeron una suba salarial del 24,33%, un aumento del 20% en gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una actualización del 50% en las becas Belgrano. Pese a estas erogaciones, el juez concluyó que el decreto restrictivo «no supera un test mínimo de razonabilidad», ordenando aplicar la ley en su totalidad.
Ante la inminente apelación, las autoridades académicas mantienen la cautela. “Seguramente apelen, pero no estamos seguros porque son impredecibles”, confió a Infobae un rector del interior del país, reflejando el clima del sector, donde no esperan convocatorias al diálogo y asumen que la disputa continuará su curso en la Cámara de Apelaciones.
El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo judicial que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario y que declaró inconstitucional el decreto presidencial que había suspendido su ejecución. La administración central ya trabaja en la estrategia legal para evitar el desembolso de los fondos, mientras que desde el sector académico dan por descontada la continuidad de la disputa en los tribunales.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios