El Gobierno de Javier Milei intimó a Flybondi: buscan que reduzca las cancelaciones de vuelos

El Ejecutivo instó a la línea aérea a presentar un plan correctivo de sus operaciones.

Foto de archivo.

Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei intimó a la empresa Flybondi para que corrija las masivas cancelaciones de vuelos. La Secretaría de Transporte instó a la línea aérea a que presente un plan correctivo dentro de las próximas 48 horas.

La medida surge tras el elevado número de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos por parte de la compañía low cost.

Tan solo en el mes de noviembre, se cancelaron 384 viajes de 1.991 vuelos operados. A esto, se suma los más de 700 vuelos reprogramados. La cifra representa el 20% total de las operaciones aéreas realizadas por la compañía.

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Por este motivo, la Secretaría de Transporte del gobierno libertario dio un ultimátum a la empresa para que presente un programa donde detallen cómo van a mejorar la prestación del servicio.

Entre los requisitos, deben contemplar una «reducción significativa de las cancelaciones», como así también la «implementación de medidas de contingencia» que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros.

Desde el Ejecutivo anticiparon que, en caso de que Flybondi no cumpla con el requerimiento, será sumariado con una alta multa económica.

«Si el elevado número de cancelaciones persiste, se tomarán mayores medidas para la prestación de un servicio de calidad y la protección de los derechos de los pasajeros que acceden a los pasajes», advirtieron desde el Ministerio de Economía.


El Gobierno de Javier Milei intimó a Flybondi: los detalles


El plan correctivo que tendrá que presentar Flybondi ante el Gobierno de Javier Milei deberá ajustar las solicitudes de vuelos que la aerolínea envía a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a su capacidad operativa real, evitando ofrecer vuelos que no pueda garantizar ni operar efectivamente.

Asimismo, acotaron que la ANAC continuará labrando actas de infracción por incumplimientos en la prestación de servicios.

Desde el Gobierno remarcaron que este mecanismo había quedado sin aplicación desde el 2020 y volvió a activarse en junio de este año: «El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros».


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