El Gobierno avanza en el control del presupuesto de las universidades con cuatro decretos clave
Las instituciones deberán informar sus gastos, contrataciones y contabilidad a través de los portales electrónicos nacionales.
Federico Sturzenegger. Foto: gentileza.
A través del Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei publicó cuatro decretos para controlar los gastos de las universidades públicas. Además, idearon un DNU para eliminar las contrataciones interadministrativas o con personas jurídicas o físicas que estén inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
«Para asegurar una gestión pública eficiente de los recursos públicos, el Gobierno Nacional impulsó cuatro decretos que involucran a las universidades públicas y modifican la normativa actual sobre compras y contrataciones del Estado», explicaron mediante un comunicado desde el Ejecutivo y continuaron: «Estas decisiones establecen plazos y condiciones para que las casas de altos estudios nacionales se incorporen a los sistemas vigentes que regulan estos aspectos en la administración pública nacional».
Además, detallaron que el propósito de estas modificaciones «es garantizar la transparencia» en el uso de los recursos del Estado, «asegurando que todas las instituciones financiadas con fondos públicos se rijan por normas y sistemas unificados».
«De esta manera, se fomenta la neutralidad en los procedimientos de contratación, compras, administración financiera para minimizar los riesgos de prácticas ineficientes y costosas, habituales en los monopolios estatales», concluyeron.
La medida fue publicada en el Decreto 1092/2024 y explica que «esto no interferirá en las decisiones, sino que registrará las cuentas».
El Gobierno de Javier Milei avanza en el control del presupuesto de las universidades: que establecen los cuatro decretos
Estas reformas implican la adopción obligatoria de sistemas electrónicos nacionales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF). Además, se restringe al mínimo la posibilidad de firmar “convenios interadministrativos” con entes públicos o cooperativas, que quedaban fuera de los controles del Estado Nacional.
El primer decreto obliga a que opten por COMPR.AR Y CONTRAT.AR. Hay 35 que ya lo utilizan, pero hay otras que no y eso dificulta la rendición.
El segundo decreto indica que las universidades dejen de usar el Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá) y lo reemplacen por Sistema e-SIDIF. Lo que generará que los gastos, transferencias y pagos tengan el mismo seguimiento que tienen los fondos públicos.
La idea es que el e-SIDIF se pueda ver de manera online y sincronizada cuando se ejecute el presupuesto de cada uno.
El tercer decreto es un DNU que impone restricciones en las contrataciones directas e interadministrativas.
El cuarto es el que reglamentará el DNU que prohíbe que haya nuevos decretos interadministrativos que faciliten que entes públicos nacionales y subnacionales contraten a las universidades. De este modo, funcionarán igual que las empresas privadas.
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