El confuso rol de la fiscalía de Estado de Neuquén en la causa planes sociales

El 13 de septiembre del 2022, cuando recién carreteaba el escándalo por la estafa con planes sociales de Desarrollo Social en Neuquén, el ministro Abel Di Luca recibió a diario RÍO NEGRO para una entrevista. De pronto irrumpieron en la sala el ministro jefe de Gabinete, Sebastián González, y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán. No estaba pactado que formaran parte del reportaje. Menos que menos Gaitán, quien debe defender los dineros públicos y Di Luca ya era, por entonces, un sospechoso de participar de la maniobra. «Vine a escuchar y, si llega a haber funcionarios del gobierno involucrados, los tendré que acusar. Que esté acá no me va a cambiar nada», respondió cuando se le preguntó a qué se debía su presencia.

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Ese momento llegó. La fiscalía de Estado es querellante en la investigación de la estafa con planes sociales, y Abel Di Luca fue intimado a designar abogado defensor. En las próximas semanas, la fiscalía de Delitos Económicos lo imputará como integrante de una asociación ilícita. También a su antecesora en el cargo, Adriana Figueroa.

La imputación a Di Luca y Figueroa implica un salto cualitativo en la causa cuyas consecuencias a largo plazo son difíciles de medir. Merece varias consideraciones a tener en cuenta, aquí se mencionan algunas de ellas.

Nuevos y antiguos imputados

• El fiscal jefe Pablo Vignaroli anticipó que en septiembre ampliará la formulación de cargos por la estafa e incluirá a más funcionarios de Desarrollo Social. Ellos son además de Di Luca y Figueroa, el coordinador Provincial de Administración del Ministerio, Tomás Siegenthaler; el auditor contador Julio Arteaga (según los arrepentidos, iba todos los meses a retirar una suma de dinero); el contador Luis Gallo; Laura Reznik (directora General de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería). Podría sumarse el abogado y contratado por el organismo, Alfredo Cury.

• Estos nuevos imputados se les suman los que ya están con prisión preventiva: Ricardo Nicolás Soiza, exdirector general de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización y Marcos Ariel Osuna, ex jefe del departamento de Gestión de Programas.

• De esta manera, según la consideración de la fiscalía, prácticamente toda la estructura del ministerio funcionaba como una asociación ilícita.

• También se deduce que la organización de la asociación ilícita no respetaba el organigrama del ministerio: como jefe está señalado Soiza, quien ocupaba el cargo de director, varios niveles por debajo del ministro. ¿O ahora cambiará la imputación, y Di Luca o Figueroa pasarán a ser sindicados como cabecillas?

Una decisión política

• La decisión de la fiscalía de avanzar sobre dos exministros tiene una alta dosis de contenido político. Detrás del telón se ven los hilos que mueve el fiscal de Estado Raúl Gaitán, con el visto bueno del gobernador electo Rolando Figueroa, quien abandonó su intención inicial de desplazar a Gaitán del poderoso puesto que ocupa hace 24 años. Lo designó Jorge Omar Sobisch, para quien Figueroa era, en aquellos años, una de las promesas de su cantera.

• Gaitán, quien irrumpió en aquella entrevista con Di Luca sin ninguna explicación razonable, es como se dijo querellante en la causa.

• El abogado defensor que designó Di Luca es Gonzalo Roberto Rodríguez, quien tiene fijado domicilio legal en el estudio de un ex abogado de la fiscalía de Estado. Diario RÍO NEGRO habló con este letrado, quien no tiene nada que ver con la causa planes, y dijo que muchos abogados fijan domicilio en su estudio sin que ello implique que él los recomiende o los asesore. Aclaró que hace muchos años que no trabaja para la fiscalía de Estado y admitió que es amigo de Gaitán.

• Rodríguez, casi un desconocido en la región, respondió a una consulta por Whatsapp que por ahora no tiene comentarios para formular porque recién está analizando el legajo.

Las preguntas que se imponen

• Si toda la estructura del Ministerio funcionaba como una asociación ilícita dedicada a cometer delitos, en este caso estafas, y si el dinero recaudado se destinaba a fines políticos, como dijo públicamente el fiscal jefe Vignaroli, la siguiente pregunta es inevitable: ¿pudo el gobernador desconocer lo que sucedía?

• El 23 de diciembre del 2020, la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia de Neuquén les envió una nota oficial al ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y a la entonces Ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa. «Se han detectado varias inconsistencias en el cobro de cheques librados por el ministerio a su cargo (se refiere a Figueroa) vinculadas a operaciones realizadas a empleados o contratados de dicho organismo y personas beneficiarias de planes sociales que generan ciertas inusualidades (…) Es nuestra intención solicitarle encuadrar la operatoria vigente según el marco regulatorio actual».

• Como también se sabe, la fiscalía de Delitos Económicos está investigando hacia atrás en el tiempo. La primera imputación fue por hechos cometidos entre enero y julio del 2022, pero habrá una ampliación de la formulación de cargos por estafas cometidas en 2021, y tal vez más lejanas. Otra vez la pregunta es insoslayable: ¿cuánto hacia atrás en el tiempo se avanzará?

• Para poner en palabras lo que muchos piensan: ¿se investigará la gestión en el ministerio del actual intendente Mariano Gaido, un posible competidor para la gobernación en 2027? Soiza tiene vínculos con el concejal y ahora diputado electo Claudio Domínguez, estrecho colaborador del intendente. Su hijo integra el gabinete. Gaido nombró al abogado Cury en Desarrollo Social, aunque ahora dice que no lo conoce.

• La trama invita a nuevas conjeturas: ¿la investigación avanzará, además de hacia atrás, hacia arriba, es decir, al gobernador Gutiérrez y a su antecesor Jorge Sapag, otro derrotado por Figueroa en la interna abierta del Movimiento Popular Neuquino? Días antes de que Di Luca renunciara, Sapag defendió al ministro y valoró que el fiscal de Estado Raúl Gaitán sea querellante en la causa planes sociales.

• Figueroa se preguntó días atrás cómo es posible que el Tribunal de Cuentas de la provincia no haya detectado, en diez años, un faltante de 4 millones de dólares en la cuenta del ENIM. Dijo que hay que fijarse en «quién está vinculado con quién». El mismo razonamiento cabe para la estafa con los planes sociales: ¿pudo existir en un ministerio una asociación ilícita destinada a quedarse con dinero de los más humildes, detectada por el Banco Provincia de Neuquén, sin que la fiscalía de Estado lo supiera?

La reacción de los abogados defensores

El abogado de Ricardo Soiza, Esteban Sampayo, no cambiará su estrategia de defensa por la imputación al exministro Abel Di Luca: insiste en que el exdirector de Planes Sociales atravesaba un cuadro de salud gravísimo y no iba a trabajar durante el período en el cual, según la fiscalía, se cometió la estafa con planes sociales. Se refiere a enero-julio del 2022.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Sampayo aportó dos datos interesantes. Dijo por un lado que «la estructura burocrática es complicada, pero cuando no estaba Soiza, firmaba (la autorización para los planes sociales) el director regional, cargo que estaba vacante, o el ministro».

El otro dato fue que «Ricardo muchas veces trató de nombrar personal, pero el ministro no se lo autorizaba. Cuando regresó de su enfermedad, se encontró con que había mucha gente nueva, nombrada por el gobernador a propuesta del ministro. Entre ellos, la pareja de Néstor Sánz», Isabel Montoya, quien también está imputada.

Un detenido quiere declarar

Gustavo Palmieri es el defensor de Sánz y Montoya. Ante una consulta de este medio, aseguró que su cliente, detenido con prisión preventiva, está dispuesto a declarar y responder preguntas de la fiscalía.

«No sé si la fiscalía le va a ampliar la imputación, si le va a atribuir nuevos hechos dentro de la misma modalidad o si va a modificar su participación. En base a eso decidiremos cuándo declarará», dijo Palmieri.

El abogado ya había dicho que «es cuestionable, como estrategia de investigación de la fiscalía, comenzar a cortar el hilo por los que serían los ejecutores de las órdenes. Es más razonable perseguir a quien diseñó esta estrategia de corrupción, y no a quien la ejecutó».