El conflicto de Villa Mascardi abre una grieta en el Gobierno nacional

Las detenciones de las 7 mujeres mapuches durante el megaoperativo del martes desnudó las fuertes diferencias que hay en el Gobierno nacional sobre el conflicto de Villa Mascardi. Mientras el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, puso a disposición -sin objeciones- las fuerzas federales para ejecutar la orden de la jueza federal, Silvina Domínguez, de allanar los 9 predios usurpados en esa zona caliente y detener a los ocupantes, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, salió a criticar con dureza los arrestos y, sobre todo, a la magistrada.

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Gómez Alcorta cuestionó ayer por la mañana en la AM750 las detenciones de las mujeres mapuches y calificó como “muy grave” el traslado de 4 de ellas desde Bariloche hasta la cárcel de Mujeres de Ezeiza, en Buenos Aires. Sus declaraciones generaron una turbulencia interna en el gabinete del presidente Alberto Fernández. Al caer la noche medios nacionales informaban que la ministra había presentado su renuncia, lo que no se había confirmado al cierre de esta edición.

Gómez Alcorta conoce de primera mano el conflicto mapuche. Como abogada asistió a Facundo Jones Huala, en la causa por su extradición a Chile, donde fue condenado. Hoy, el activista, que reivindicó públicamente a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), se encuentra prófugo de la justicia chilena.

La funcionaria nacional se cuidó de criticar a las fuerzas federales que ejecutaron el operativo el martes por la mañana y que dependen del Ministerio de Defensa. En cambio, atribuyó toda la responsabilidad a la jueza.

Ayer, efectivos de la Policía Federal seguían rastrillando los cerros que rodean Villa Mascardi en busca de los varones de la comunidad Lafken Winkul Mapu que participaban de las usurpaciones.

Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, ordenó el miércoles el traslado “inmediato” de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera al penal de Ezeiza. Alegó que “no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres” en Bariloche. Tampoco en Río Negro, con las condiciones necesarias para alojarlas.

El traslado en avión se hizo esa noche y generó una catarata de repudios. También, originó la presentación de varios recursos para dejar sin efecto esa medida. Sin embargo, hasta ayer a la tarde ninguno de los recursos había logrado revocar la orden.

La jueza desistió de enviar a Buenos Aires a las detenidas Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil, quienes están con sus hijos de pocos meses, que son lactantes.

Decidió que las dos permanezcan en dependencias que la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) tiene en el aeropuerto de Bariloche. La otra detenida durante el operativo en Villa Mascardi, Romina Rosas, que está en la etapa final de su embarazo, fue enviada al hospital Ramón Carrillo de esta ciudad.

Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados, que defiende a los integrantes de la comunidad mapuche, que están imputados en varias causas por usurpaciones, informó ayer por la tarde que las cuatro mujeres estaban en la alcaidía de la Corte Suprema. Dijo que aún no habían sido enviadas al penal de Ezeiza.

Informó que la jueza no había resuelto ninguno de los recursos presentados. Un habeas corpus correctivo promovido por un grupo de personas, en su mayoría con domicilio en Chubut, para lograr la libertad de las 7 mujeres detenidas, también recusaba a la jueza.

El CELS, junto con un grupo de abogados, entre ellos los defensores de las mujeres detenidas, Ezequiel Palavecino y Andrea Reile, presentó otro hábeas corpus por considerar que fueron “trasladadas de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada de su territorio” en cumplimiento de una orden judicial que también calificaron como “ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva”.

Dirigentes mapuches, con el apoyo de algunos sindicatos vinculados a la CTA, hicieron ayer una conferencia de prensa en la sede de la Universidad Nacional del Comahue de Bariloche y repudiaron el traslado. También, exigieron su libertad.

“Tenemos a 4 pu lamngen (hermanas) secuestradas por el Estado argentino, sin ninguna causa, sin ningún delito”, denunció la referente mapuche Soraya Maicoño. Sobre la detención de Betiana Colhuan, reconocida como machi por la comunidad Lafken Winkul Mapu, Maicoño advirtió: “Saben que tan importante es para nosotros ese rol y, por eso, la encierran, porque nos pretenden debilitar”.

“En un momento en que se nos tortura, nos militarizan la zona, nos discriminan y nos llaman terroristas, ofrecemos al gobierno sentarse a dialogar”, sostuvo el coordinador del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo. “El gobierno busca un pretexto para otra muerte. No les queremos dar ese pretexto. Nuestras fuerzas en el territorio nos han pedido que busquemos el camino del diálogo”, insistió.

Las 7 mujeres están vinculadas a la causa caratulada hasta el momento como “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación”.

El Código Penal reprime al que causa un incendio o explosión con prisión de 3 hasta 10 años.
Se trata del expediente que se originó tras el ataque a un grupo de cinco gendarmes que un grupo de personas perpetró la noche del 25 de octubre pasado, en el predio Los Radales, ubicado en Villa Mascardi. Fuentes judiciales explicaron -antes de que la jueza dispusiera el secreto de sumario- que todas las diligencias de esta semana tenían que ver con esa causa.

Los gendarmes custodiaban ese predio por orden de la justicia federal y fueron atacados. Declararon que se fueron del lugar porque escucharon detonaciones de armas de fuego. Cuando se marcharon, los agresores incendiaron la casilla que Gendarmería tenía en ese lugar para resguardar al personal durante las tareas de vigilancia.