El Comité contra la Tortura de Neuquén denunció que lo someten a «deterioro institucional»
Se encuentra "en su momento presupuestario más grave", planteó el organismo. Entregó una nota a la presidenta de la Legislatura, Gloria Ruiz.
Con presupuesto para pagar sueldos solo hasta octubre y sin manera de cubrir gastos se funcionamiento. Así está el Comité contra la Tortura de Neuquén. (Gentileza)
La proyección presupuestaria del Comité contra la Tortura de Neuquén prevé que se podrán pagar los salarios de sus integrantes solo hasta octubre. La última que se incorporó, en abril, todavía no cobró un sueldo. La escasez de recursos pone en riesgo su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos, por ejemplo están impedidos de viajar fuera del área capital.
Así lo informaron los integrantes del Comité luego de presentar una nota en la Legislatura de la provincia, dirigida a Gloria Ruiz, para reclamar por la estrechez presupuestaria.
El organismo, autónomo, cumple un rol destacado en medio de la crisis carcelaria. Visita todas las unidades de detención y comisarías, entrevista a personas privadas de su libertad, recibe sus reclamos y emite opinión en todos los temas afines. Lo hizo, por ejemplo, en el debate sobre las armas menos letales.
«Actualmente el comité se encuentra en su momento presupuestario más grave, habiendo una comisionada designada que se encuentra sin cobrar su salario, vulnerándose así sus derechos laborales», señalaron.
Desacuerdo entre la Legislatura y el Ejecutivo
«Este deterioro institucional no es aislado. A cinco años de la aprobación de la Ley 3213, tres años después de la promulgación de su decreto reglamentario 2162/21, dos años desde el inicio del proceso de designación, y casi un año desde que comenzó a operar, persiste un desacuerdo entre la Legislatura y el Ejecutivo respecto al presupuesto del Comité».
La nota entregada a la Legislatura está firmada por Estefanía Buamscha (presidenta), Roberto Samar (vice), Pablo Scatizza, Silvia Couyoupetrou, Pablo Mauli, Jorgelina González y Néstor Giménez.
Añadieron: «Se ha observado un traslado inapropiado de partidas entre ambos poderes, así como una utilización del mismo que carece de claridad y actualización, situaciones que han sido objeto de reclamos tanto formales como informales en más de una ocasión».
«Desde su creación el Comité cuenta con un acotado presupuesto que no cubre los gastos de funcionamiento. Las y los comisionados/as se encuentran realizando su labor diaria acorde a la Ley 3213 con insumos propios, solo pudiendo cubrir la zona de la Confluencia. Esto hace que el Comité, aún habiendo solicitado a ambos poderes movilidad, no cuenta con la misma. Tampoco cuenta siquiera con un teléfono que permita la comunicación directa con el Comité, solo por nombrar dos situaciones puntuales entre otros insumos necesarios para su funcionamiento».
Un presupuesto calculado en agosto del 2023
En diálogo con diario RÍO NEGRO, Samar explicó que «nuestro presupuesto se basa en una propuesta que hicimos en agosto del 2023, la Legislatura lo recortó y después lo aprobó, y los fondos los tiene que girar el Poder Ejecutivo».
El Comité es autónomo, «y el mecanismo sería: el Poder Ejecutivo le transfiere fondos a la Legislatura, nosotros comunicamos los gastos que tenemos y la Legislatura los ejecuta. Pero la partida quedó en la foto de agosto del año pasado, y acotada».
«Nos movilizamos con nuestros vehículos, trabajamos con nuestras computadoras, compramos el papel para las impresoras», agregó Samar. «Ni siquiera tenemos un teléfono para que las personas privadas de su libertad se comuniquen con el Comité».
«Nos han pedido de Zapala que vayamos, pero no tenemos medios para viajar, pese a que somos un Comité provincial», agregó.
Qué funciones cumple el Comité
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tal su nombre oficial, fue creado por la ley 3213 en 2019, y se reglamentó su funcionamiento en 2021 por decreto 2162/21.
Entre sus muchas funciones, tiene las de inspeccionar los lugares de detención o encierro, con o sin aviso previo; recibir denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad; realizar informes periódicos sobre las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad; elaborar propuestas y emitir recomendaciones sobre políticas públicas que pueden adoptarse respecto del mejoramiento de las prácticas carcelarias, de los lugares de encierro; realizar entrevistas individuales o colectivas a personas privadas de su libertad.
En el aspecto presupuestario, la ley señala que «el Comité provincial se constituye en el ámbito de la Legislatura y posee autonomía funcional. Administra los fondos que se le asignen (…) sin recibir órdenes ni directivas de ninguna autoridad». La reglamentación añadió: «El Comité ejecutará su presupuesto a través del servicio administrativo financiero del Poder Legislativo».
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