Diputados trataron de «precarizador» el proyecto de Figueroa para beneficiarios de planes sociales
Ayer empezaron a debatirlo en la comisión de Legislación del Trabajo. El oficialismo defendió que es un programa de formación laboral y no busca generar empleo.
Lorena Parrilli, diputada del Frente de Todos de Neuquén. Cecilia Maletti
El proyecto que presentó el gobernador Rolando Figueroa para vincular a los beneficiarios de planes sociales con programas de formación generó ayer varios cruces entre diputados del oficialismo y la oposición en la Legislatura de Neuquén. Hubo planteos sobre el caracter «precarizador» de la propuesta y se pidieron precisiones sobre el monto del incentivo a pagar.
La ley crea el programa entrenamiento y certificación laboral «Kimun – Vinculación Laboral», que consiste en «entrenamientos formativos en espacios reales de trabajo» para personas mayores de 18 años, con residencia en Neuquén, «en situación de vulnerabilidad y/o dificultad de inserción laboral».
Establece también que el entrenamiento formativo tendrá una duración de hasta cuatro meses prorrogables por dos mas, y una carga horaria de 20 horas semanales, de lunes a viernes.
Las empresas podrán adherirse voluntariamente al programa. Entre sus obligaciones, está la de garantizar la contratación del seguro de ART para la cobertura de los participantes, cobertura de salud del Programa Médico Obligatorio (PMO) y el pago del incentivo económico «que establezca la autoridad de aplicación».
El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Francisco Lépore (Avanzar) fue quien defendió la iniciativa, que también contó con el respaldo de los miembros de Comunidad.
«Estamos hablando de un proyecto de formación laboral y no de una bolsa de trabajo donde tenemos que garantizar derechos laborales», planteó Yamila Hermosilla frente a las dudas que plantearon desde la oposición al proyecto.
Lorena Parrilli (Frente de Todos) consideró que es «precarizador», dijo que «está flojito de papeles en cuanto a de derechos laborales» y que debería contemplar sanciones para las empresas en caso de incumplimientos. También reclamó que establezca el monto del incentivo económico.
Desde el PTS-FIT, también Andrés Blanco evaluó que el proyecto «es precarización laboral lo mires por donde lo mires» porque contiene «una separación absoluta de la responsabilidad de los empresarios que se van a ‘recontra’ beneficiar de este proyecto».
Debate por los montos
El diputado de Comunidad y jefe de bloque, Ernesto Novoa, defendió que la «iniciatva del gobernador para sumar a actores del sector y achicar los niveles de desempleo» y apuntó que es «una herarmienta, la podemos discutir». Claudio Domínguez del MPN pidió que el incentivo tenga un mecanismo de movilidad para que se actualice.
Actualmente, los 10.000 beneficiarios del nuevo subsidio que paga la provincia cobran 32.500 pesos.
Una aliada del oficialismo, Gisselle Stillger de Arriba Neuquén, apuntó que consideraba «absurdo» que la ley excluya del programa a las empresas que hayan despedido empleados sin causa en los últimos seis meses, pero Lépore sostuvo que «es importante porque estamos queriendo mejorar las condiciones de empleabilidad». «Es inclaudicable para nosotros», planteó.
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