Diputados sesiona el martes próximo con la reforma electoral y posterga el tratamiento del Presupuesto

El 1 de octubre, la Cámara baja votará la boleta única de papel y la “ficha limpia”.

Cámara de diputados de la nación (Gentileza FCE UBA)

El oficialismo convocará a sesionar el martes próximo en la Cámara de Diputados con la reforma electoral parcial, que incluye la boleta única de papel (BUP) y la “ficha limpia” contra candidatos condenados por corrupción.

Por ese motivo, La Libertad Avanza decidió postergar una semana el tratamiento del Presupuesto 2025, que comenzará el 8 de octubre sin la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. La agenda se concertó este miércoles en sucesivas reuniones en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Allí se acordó acelerar la votación de los proyectos electorales y posponer el debate del Presupuesto, que llevará más tiempo: hay programadas cinco reuniones informativas de comisión con funcionarios antes de firmar dictamen.

El oficialismo tiene los votos para convertir en ley el martes la boleta única con apoyo de la oposición dialoguista, previo dictamen de comisiones el lunes. Los diputados se encaminan a aceptar los cambios que introdujo el Senado.

No obstante, se impondría la voluntad de diputados por la provincia de Buenos Aires de insistir con que la boleta incluya la opción de voto por lista completa. El oficialismo había eliminado ese casillero en el Senado a pedido de gobernadores provenientes de partidos provinciales, pero en Diputados la intención es restituirlo.

La decisión no cae bien entre algunos mandatarios, entre los que se encuentran Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes confluyen en el bloque Innovación Federal. El tema podría tensar el vínculo con el Gobierno nacional en la previa de la discusión del Presupuesto.

Diputados sesiona el martes próximo: el debate del Presupuesto


La segunda reforma electoral que se tratará en la sesión del martes es la “ficha limpia” para que, según establece el dictamen de mayoría, las personas condenadas por delitos de corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatas a cargos electivos nacionales. De resultar aprobado, el proyecto pasará al Senado para su sanción definitiva.

Por otra parte, el martes 8 comenzará el debate del Presupuesto en la comisión homónima, presidida por el oficialista José Luis Espert, con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los secretarios Pablo Quirno (Finanzas) y Carlos Guberman (Hacienda). A pesar de los pedidos de la oposición, no está previsto que asista Caputo.

Menem tiene en mente realizar cinco reuniones informativas con funcionarios y dictaminar a fines de noviembre para poder llevar el proyecto al recinto y que el trámite en el Senado sea exprés. Para eso se está trabajando en tándem con el bloque oficialista en el Senado.

En este escenario, el radicalismo comenzó a trazar una estrategia conjunta entre ambas cámaras. Fue el motivo de una reunión que tuvo lugar este miércoles entre diputados, senadores y ministros de Economía de provincias gobernadas por la UCR.

Expusieron, de manera presencial y a distancia, Alejandro Abraham (Chaco), Marcelo Rivas Piasentini (Corrientes), Federico Cardozo (Jujuy), Víctor Fayad (Mendoza) y Pablo Olivares (Santa Fe). La obra pública estuvo al tope de las preocupaciones durante la charla, que se realizó en las oficinas del bloque de senadores.

Horas después de esa reunión, los diputados de la UCR, con Rodrigo De Loredo a la cabeza, fueron al despacho de Menem para terminar de acordar la sesión del martes.

La novedad del encuentro con radicales, fue la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario “estrella” del presidente Javier Milei ratificó a los diputados que enviará al Congreso la llamada “ley hojarasca” para eliminar regulaciones estatales que quedaron “obsoletas” o son “absurdas”. Sturzenegger también defendió el DNU que le permitirá al Poder Ejecutivo canjear deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso.


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