Después de 27 años, se reflota la idea de crear una «aduana» neuquina para cobrar retenciones

El gobierno de Rolando Figueroa impulsa el cobro de una retención a productos que provienen de otras latitudes del país con el fin de proteger “el trabajo neuquino” de elaboradores de artículos alimenticios.

En Centenario, ante un auditorio repleto de chacareros representados por el presidente de la Federación de Productores, Sebastián Hernández, el mandatario neuquino definió, en términos conceptuales, su propuesta. Visualizó que la salida de los neuquinos es que “trabajemos entre neuquinos, que nos potenciemos y ayudemos todo el producto bruto geográfico de los neuquinos, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que incrementar, sabiendo que existe un gobierno nacional que tiene decidido achicar el envío de muchas partidas”.

Manifestó que su idea es que se pueda dar otra manera de organización. El primer paso es que el Estado neuquino compre 350 mil kilos de frutas y verduras por mes a chacareros para repartir en dependencias. El segundo paso, apuntó Figueroa, es “tomar medidas para luchar contra la competencia desleal”.

Adelantó que se establecerá un régimen tributario en donde se pague una retención a cada uno de los productos que ingresen a la provincia del Neuquén, porque “una retención es la fuente que al Estado le asegura que va a cobrar todos los impuestos y por supuesto al vendedor también, esto lo pone en una situación de igualdad o de competencia con el productor local”.

Todos se miraron y recordaron que Neuquén hizo escuela en eso de crear aduanas internas que se declararon inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Los asesores de Figueroa dejaron trascender que sería a través de la ley tributaria y no de un organismo introductor.

Escuela de aduanas

En 1997, la gestión de Felipe Sapag atravesaba una crisis de recursos relevante: el precio internacional del petróleo estaba por el piso y la supuesta bonanza de la política de privatizaciones mostraba sus consecuencias sociales. Ese año se firmó un decreto que creó el Control Provincial de Productos Alimenticios, Cippa, con la idea de que se autofinanciara con el cobro de una tasa de inspección o introducción y que agrupara las áreas bromatológicas de los municipios.

El organismo se consolidó y generó controversias, ya que, por un lado, generaba información puntual sobre lo que ingresaba de otras provincias y lo que se producía puertas adentro. Se hizo famoso porque las empresas de transporte que ingresaban alimentos se preocupaban de que tanto en los papeles como la mercadería cumpliera todo al pie de la letra para no incumplir y recibir multas.

Esa fama comenzó a corroerse lentamente porque las empresas introductoras plantearon recursos, en principio administrativos, porque no estaban de acuerdo con lo que les cobraban con el argumento de ser un organismo creado por decreto. Los municipios, en teoría, le habían trasferido esa facultad al organismo para que, de esa manera, se aseguraran la inocuidad de los productos provenientes de otros lugares.

Los reclamos llegaron a la Justicia provincial que se declaró incompetente porque se trataba de una cuestión interprovincial con decisión directa de la Corte Suprema de Justicia.

14 años después de que se creara el organismo por decreto se dictó la ley 2766 que le dio el bálsamo legal que el organismo necesitaba aunque el debate de entonces en la legislatura no pasó precisamente por el cobro a los introductores de alimentos.

En la sesión del 24 de agosto de 2011 se debatió si los empleados del organismo debían regirse por la ley de contrato de trabajo y el convenio de Empleados de Comercio o ser empleados públicos de planta permanente del Estado neuquino. Hasta entonces los municipios eran los que pagaban a los empleados del Cippa porque ellos los nominaban y se aseguraban el control bromatológico y fiscal.

Desde 2015 al 2010 hubo fallos de la Corte contra el cobro de ingreso por los reclamos que presentaron la Compañía industrial Cervecera, Sancor, La Serenisima, Arcor, SR Frigorífico (es de Neuquén), Cedisur ( Topsy) y Alfredo Williner (Las Taperitas Piún Leufú).

Hay un caso anecdótico. Tras el fallo de Arcor, no pagaban pero sí los que trasladaban productos de La Campagnola y Bagley, que debieron pedir inclusión en el dictamen legal.

Protección legal de empresas

En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha sentenciado que la Tasa Bromatológica impuesta por la Provincia de Neuquén es inconstitucional.

Esta determinación se basa en el hecho de que la provincia no posee facultades para reinspeccionar o recontrolar productos bajo la órbita del Código Alimentario. Dicho control, según las autoridades nacionales, ya ha sido efectuado, otorgando la aprobación para la libre circulación en todo el territorio argentino.

La tasa, al carecer de la prestación de un servicio público divisible como contraprestación por su cobro, afecta los principios de razonabilidad y certeza, invadiendo además las facultades delegadas por las provincias a la Nación.

Este fallo se sustenta en la jurisprudencia previa de la CSJN, que ha emitido decisiones similares en casos anteriores contra la Provincia de Neuquén. Entre ellos se destacan el CSJ 4101/2015 “Sucesores de Alfredo Williner S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, con fecha del 3 de mayo de 2016, y el CSJ 2165/2016 “Compañía Industrial Cervecera S.A. c/ el Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, del 9 de noviembre de 2017, entre otros.

Por lo tanto, tanto el control que intenta ejercer la provincia como el pago de la Tasa Bromatológica han sido declarados inconstitucionales. Las empresas afectadas por estas medidas disponen de distintos mecanismos legales para defenderse, como el pago bajo protesto seguido de un reclamo de repetición, o la acción declarativa de certeza con cautelar ante la CSJN. Estos recursos permiten suspender las normativas que imponen los controles y el pago de la tasa hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el asunto.

(Extracto de Aldana R. Schiavi Jimena Bernardo abogados de un estudio de Buenos Aires)

Compre neuquino para chacareros

El gobierno firmó un convenio con la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén para comprar 350 mil kilos mensuales de frutas y verduras de origen neuquino.

La mercadería será para proveer a los ministerios de Educación, Gobierno, Trabajo y Salud, quienes los destinará a comedores, escuelas y hospitales, comedores escolares y hogares. La compra directa potenciará la economía local, fomentará el empleo en la Provincia y activará al sector.

El Secretario de Producción e Industria, Juan Peláez manifestó que este convenio “es un cambio de paradigma del Estado neuquino, que antes tenía un perfil netamente asistencialista a un Estado desarrollista”.

El funcionario dijo que se busca beneficiar, proteger y acompañar a los productores locales.