Despidos y cesantías a estatales de Río Negro: de qué organismos son y cuáles fueron las causas
Desde el Gobierno de Alberto Wereltineck informaron que este año se procesaron 130 expedientes.
El viernes pasado, desde el Gobierno de Alberto Wereltineck comunicaron que en Río Negro hubo en el último mes tres despidos y 51 cesanteados de la administración pública. Ahora se conoció a qué organismos pertenecen los estatales que fueron exonerados.
Fuentes del Ejecutivo informaron a Diario RÍO NEGRO que dos de los despidos corresponden a agentes del Ministerio de Educación y otro del Ministerio de Salud. Además, ampliaron que los exonerados del 2024 tienen «causas penales con sentencia firme y de prisión efectiva».
En cuanto a las 51 cesantías, explicaron que se deben mayormente a abandono de servicios, faltas injustificadas, acumulación de sanciones disciplinarias (más de 3 días de suspensión en los últimos dos años), sentencias judiciales condenatorias sin penas de prisión efectiva, incompatibilidades y faltas graves al decoro y buena conducta.
La Junta de Disciplina, conformada por representantes del Gobierno y los gremios ATE y UPCN, procesó más de 130 expedientes desde marzo hasta la fecha, puntualizó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
También marcó que hubo suspensiones a 160 empleados de entre 10 y 30 días, debido a diferentes irregularidades, incluyendo faltas injustificadas y conflictos laborales.
Despidos y cesantías a estatales de Río Negro: algunos de los casos
Weretilneck junto a el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y su adjunto, Luciano Minetti Kern, se presentaron en mayo como denunciantes en una causa que tramita el fiscal Juan Pedro Peralta, en Viedma. Los funcionarios pidieron investigar a una médica de Roca y a un psicólogo de Villa Regina por emitir certificados médicos en beneficio de un trabajador del Estado.
En junio, el gobernador informó que una doctora del Hospital López Lima de General Roca fue cesanteada debido a varias faltas graves cometidas a lo largo del 2024.
Tania Lastra afirmó que en casos que investigaron encontraron una «fábrica de certificados médicos», que eran vendidos a los agentes públicos que los solicitaban.
Alberto Weretilneck a principios de octubre, sostuvo que según algunos de los números que relevaron, «se solicitaron 25.000 días de licencias y más de la mitad no correspondía. Unter no quiere que se controle esto”, señaló al medio LU19, al referirse a la oposición del gremio docente al control de licencias.
En un comunicado, desde Unter exigieron al Ejecutivo «la derogación de las resoluciones que avalan la implementación de este sistema de auditorías y la aplicación irrestricta de nuestro régimen de licencias».
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