Despidos, cesantías y faltas graves: los últimos casos de estatales que se difundieron en Río Negro
Por el momento, no se especificó de qué organismos forman parte cada uno de los agentes infraccionados.
Foto de archivo.
Una denuncia contra dos médicos de Roca y Regina radicada por el gobernador Alberto Weretilneck despertó un mundo de sumarios, suspensiones, cesantías y exoneraciones en el Estado de Río Negro. Desde marzo a la fecha, hubo tres estatales exonerados, 51 cesanteados y 160 suspendidos por distintas faltas graves en el ámbito público provincial.
La primera denuncia fue radicada el 23 de mayo con una ampliación realizada el 31 de ese mismo mes. Allí, Weretilneck junto a el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, y su adjunto, Luciano Minetti Kern, se presentaron como denunciantes en una causa que tramita el fiscal Juan Pedro Peralta, en Viedma.
En el legajo, los funcionarios provinciales pidieron investigar a una médica de Roca y a un psicólogo de Villa Regina, quienes habían emitido una cantidad de certificados médicos en beneficio de un trabajador del Estado.
A fines de junio, el gobierno rionegrino informó que la doctora Claudia Alejandra Elisandro del Hospital López Lima de General Roca fue cesanteada debido a varias faltas graves cometidas a lo largo del 2024.
En total, fueron 65 certificados médicos, lo que constituyó «un uso indebido de la licencia y un incumplimiento de las normativas vigentes«. Además, también destacaron la inasistencia injustificada de la médica a su puesto de trabajo desde el 1 de febrero hasta el 29 de marzo de 2024.
Certificados truchos: auditorías y conflictos gremiales
La titular de Función Pública, Tania Lastra, afirmó que encontraron una «fábrica de certificados médicos», que eran vendidos a los agentes públicos que los solicitaban. «En algunos casos se emitían hasta 20 o 30 certificados por día», señaló y agregó que «tenían un precio según la cantidad de días que indicaban y también según la especialidad o patología».
En agosto, hubo 42.303 días de licencias otorgados y abonados en el Poder Ejecutivo, sin ningún control por parte del Estado. En septiembre, la cifra descendió a 22.674 días aceptados por la empresa Dienst -cuando empezó el control por parte del Estado-, lo que significó un 46,8% de aceptación de las solicitudes presentadas: el personal del Poder Ejecutivo había solicitado casi 48.500 “días de licencias” por razones médicas.
Según el propio gobernador, el conflicto docente que se desarrolló este año en la provincia se debió principalmente a este proceso de control interno: “Fueron solicitados 25.000 días de licencias y más de la mitad no correspondía. Unter no quiere que se controle esto”, remarcó a principios de octubre con el medio LU 19.
Incluso, desde el gobierno advirtieron que los trabajadores con contratos temporarios y horas cátedra de cualquier organismo que se plieguen a las medidas de fuerza no tendrán renovación de contratos.
Por su parte, desde el sindicato repudiaron la “política de apriete y ajuste que está profundizando el gobernador” y exigieron “la restitución de las licencias caídas».
Licencias truchas: cuántos cesanteados y exonerados hubo
El sistema de auditorías comprende a los 52.000 agentes del Poder Ejecutivo. Entre ellos, Educación cuenta con 27.000 estatales (unos 22.000 docentes y 5.000 porteros); es decir, reúne a casi el 52% del personal monitoreado.
«Este año hemos trabajado mancomunadamente con las áreas de Recursos Humanos para asegurar que se sigan los procedimientos disciplinarios adecuados ante casos de faltas graves, como el abandono de servicio, ausencias injustificadas y denuncias penales«, describió este viernes la secretaria de la Función Pública.
En total, la Junta de Disciplina -conformada por representantes del Gobierno y los gremios ATE y UPCN- procesó más de 130 expedientes desde marzo.
En este sentido, desde el Gobierno de Río Negro comunicaron que hasta la fecha hubo tres estatales exonerados y 51 cesanteados. Además, especificaron que impusieron suspensiones de entre 10 y 30 días a 160 empleados por diferentes irregularidades, incluyendo faltas injustificadas y conflictos laborales.
Por el momento, no se especificó de qué organismos forman parte cada uno de los trabajadores estatales infraccionados.
Asimismo, con respecto a los profesionales de la salud denunciados por emitir certificados truchos, Weretilneck sostuvo que no son los únicos: «Hay otros 20 médicos en la provincia involucrados en prácticas similares».
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