Denunciaron a la jueza que ordenó adjudicar a una comunidad mapuche tierras en litigio con el Ejército

El legislador rionegrino de Juntos por el Cambio, Juan Martin, denunció a la jueza federal Silvina Domínguez por mal desempeño en sus funciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Advirtió en la denuncia, que interpuso el 8 de junio último, que la magistrada violó el deber constitucional que tienen los jueces de fundamentar las sentencias que dictan.

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Martin solicitó que se inicie una investigación contra Domínguez por su desempeño en la causa originada por un amparo que la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue de Bariloche promovió a finales de 2020 contra el Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Defensa y el Congreso de la Nación.

La demanda la presentaron tras un incidente con militares que desmantelaron a principios de octubre de 2020 un invernadero en las tierras que ocupa la comunidad que formaba parte de un proyecto de huertas comunitarias. Los militares desarmaron la estructura porque creyeron que se trataba de una usurpación, según explicó en ese momento el abogado que patrocinó a la comunidad mapuche.

La comunidad presentó el amparo para obtener la titularidad de unas 180 hectáreas (según el relevamiento técnico que el INAI hizo en 2012) que ocupa desde hace más de 50 años en la zona oeste de Bariloche. Son tierras en disputa con el Ejército argentino.

La jueza admitió el amparo. Y en la sentencia que dictó el 2 de febrero pasado ordenó al Ejecutivo Nacional a transferir a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el dominio de las tierras a los efectos de su adjudicación -en forma inmediata-, en propiedad a la comunidad mapuche.

El fallo fue apelado por el Ministerio de Defensa y el Ejército fuera de los plazos legales, según resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, que rechazó el recurso. Sin embargo, no está firme todavía, porque los demandados recurrieron ante la Corte Suprema para tratar de revocar la sentencia que Domínguez dictó en su carácter de jueza subrogante del juzgado federal de Bariloche.

Martin sostuvo que Domínguez “se ha desempeñado en manifiesta violación a los deberes impuesto a los magistrados por su actuación” como jueza subrogante del juzgado federal de Bariloche en la causa promovida por la comunidad Millalonco Ranquehue.

Argumentó que violó “el deber de origen constitucional de fundamentar las sentencias, desconociendo la jurisprudencia de los tribunales superiores y la causa que tramita en instancia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El legislador señaló en la denuncia de 34 páginas -a la que RÍO NEGRO accedió- que la magistrada “en el acotado marco de la acción de amparo, en 14 páginas y sin fundamentación ni pruebas resolvió una situación que lleva en conflicto más de 50 años de disputa”.

Para el legislador provincial, la jueza no expresó los fundamentos por los cuales consideró habilitado el proceso sumarísimo de acción de amparo para resolver el litigio. “En el caso, no existía o al menos no fue probado ni indicado por la actora ni explicado por la magistrada en la sentencia, un inminente desalojo de la Comunidad Mapuche o una situación de violencia o impedimento de ingreso a las tierras o un daño real y concreto que -de alguna manera- pudieran dar lugar a una hipotética acción de amparo”, afirmó en la denuncia.

Señaló que ni siquiera hubo tiempo para producir la prueba ofrecida por la propia comunidad. «¿Cuál es el motivo de dictar una resolución infundada sobre un tema sensible y de alto impacto institucional, social y político sin siquiera producir la prueba ofrecida por la propia accionante?”, planteó el denunciante. “No caben dudas que las decisiones de Dominguez fueron apresuradas y contrarias a derecho”, aseveró.

Una resolución que afecta intereses

Aseguró que Domínguez “efectuó un pronunciamiento sumamente crítico a nivel institucional, social, político y económico que afecta intereses del Estado Nacional y de la comunidad, de una forma contraria a derecho…” “Razón por la cual vuestro Consejo de la Magistratura de la Nación debe investigar los hechos aludidos y aplicar la sanción correspondiente por mal desempeño de las funciones de la magistrada”, demandó.

Observó que la jueza cometió dos incumplimientos: “por un lado, no firmó la resolución que rechazó el pedido de incompetencia efectuado por el INAI y declaró la competencia del juzgado para entender las actuaciones; y por otro lado, desconoció la jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativa Federal de CABA, que declaraba la competencia de la Corte Suprema en su instancia originaria para entender este tipo de situaciones”. Aludió a la causa que la comunidad mapuche Trypay Antu -de Villa Mascardi- promovió contra el INAI y otros estamentos del Estado nacional por el mismo motivo de acceder a la titularidad de las tierras que ocupa desde el siglo pasado.

“Resulta necesario destacar que la Sentencia ha tenido una importante transcendencia e implicancia institucional, social, política y económica puesto que ha decidió sobre una cuestión sumamente compleja y delicada, en un conflicto que lleva más de 50 años y de una forma que ha motivado numerosas apreciaciones e implicancias para el futuro”, alertó el denunciante.

“La resolución abordada por ésta (en referencia a la jueza) de forma ilegítima puede provocar en el futuro numerosos pedidos similares con resultados disvaliosos y contrarios a derecho que nuestro sistema de derecho no puede permitir”, advirtió.

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Por eso, solicitó al Consejo de la Magistratura que se inicie la investigación por mal desempeño de sus funciones, que Domínguez sea citada a prestar las declaraciones del caso y se abra el proceso para presentar pruebas. Y oportunamente, “se remueva del cargo a la Dra. Domínguez y se apliquen las sanciones que estime corresponder”.

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