Denuncian «persecución política» en la causa contra organizaciones sociales y una diputada de Neuquén

Organizaciones sociales apuntaron contra el fiscal jefe Pablo Vignaroli que está involucrado en la causa que investiga defraudación al Estado y lo acusaron de «persecución política». En un contundente comunicado expresaron su total rechazo a las acusaciones del fiscal.

Lee También

Organizaciones sociales en Neuquén: quiénes aprobaban el desembolso del dinero bajo sospecha

«Rechazamos enérgicamente las acusaciones y denunciamos persecución política», expresaron en el escrito difundido por el Polo Obrero. En el mismo apuntaron contra el fiscal Vignaroli y aseguraron que inició una «nueva operación política y mediática con fines persecutorios«, para luego sostener que sus acusaciones contra las organizaciones «carecen de sustento».

Luego de esto explicaron que su rechazo a los dichos del fiscal se debe a que brindó detalles sobre ciertas cifras que «no se corresponden con montos recibidos», y además indicaron que «las capacitaciones fueron realizadas».

«Gabriela Suppicich viene realizando capacitaciones hace años junto a organizaciones sociales en torno a formación del trabajo social y la lucha contra violencia de género. Y cuenta con un historial académico y de lucha junto a los obreros ceramistas y las causas populares«, expresaron para de esta forma defender a la diputada de Neuquén que recientemente fue denunciada por recibir supuestas transferencias de parte de la Cooperativa Viento Sur.

Denuncian «persecución política» contra una diputada de Neuquén

Desde la organización aseguraron que estas acusaciones surgen como parte de una «persecución contra Gabriela Suppicich», ya que señalan que las mismas se dieron en el momento en que la diputada presentó un proyecto de Resolución donde solicitó a Fiscalía «los resultados de las investigaciones sobre la rendición de aportes no reintegrables a entidades como la Fundación del BPN y empresas privadas varias». «El Fiscal Vignaroli, en vez de investigar el poder y a los empresarios, pretende montar una campaña difamatoria», criticaron.

A su vez el escrito reiteró su rechazo a estas acusaciones y apuntó contra el Gobierno de Neuquén encasillado la situación como una «campaña» en contra de la diputada ya que «viene acompañando la campaña de justicia por Silvia Cabañares, donde son los fiscales quienes deben estar en el banquillo de los acusados de no protegerla cuando denunció y la asesinaron, y reclama la aparición de Luciana».

Por último, la organización también refirió a una «campaña nacional» y explicó que «el mismo día que surge esta campaña difamatoria, el juez Casanello procesa a nuestros compañeros violando el derecho de defensa y elevan a juicio a juicio oral compañeros/as en Mendoza».

«Repudiamos la campaña difamatoria del Fiscal del poder a cuenta del gobierno provincial. Y llamamos a las y los trabajadores a expresar este repudio contra una luchadora incansable e independiente de todos los gobiernos», concluyeron.