Cuatro proyectos de Weretilneck ingresaron a la Legislatura para la sesión del jueves

Piden avales para los instrumentos financieros del 2025 y, además, proponen la creación de un "recupero de los servicios hospitalarios" y de un fondo de Garantías.

El Poder Ejecutivo remitió cuatro proyectos de ley a la Legislatura, previéndose su tratamiento en la sesión del jueves aunque, en principio, se evaluará este martes en el Plenario de las Comisiones de Hacienda, Constitucionales y Asuntos Económicos.

El primer expediente enviado por el gobernador Alberto Weretilneck consiste en la ratificación de instrumentos financieros para el 2025, como la continuidad de la posibilidad de sobregiros bancarios (denominado FUCO, Fondo Unificado de Cuentas Oficiales) de hasta 80.000 millones, y de emisión de Letras de Tesorería, con un tope fijado en los 60.000 millones.

Otra iniciativa prevé la creación de un “recupero por servicios Asistenciales del Sistema de Salud Pública”, que consiste en “el pago obligatorio a favor” de la Provincia “de los gastos originados en asistencias clínicas, quirúrgicas, de traslado, internación, farmacia y cualquier otro asociado a la atención de pacientes con cobertura de seguro de salud en cualquiera de sus modalidades”.

Este mecanismo pretende compensar la caída de los ingresos en los hospitales por la reducida cobranza a las obras sociales y las prepagas por la atención de sus afiliados, especialmente después de que la Nación ya no permite la gestión de la Superintendencia de Salud.

Un tercer proyecto, todos con acuerdo de ministros, está orientado a definir “el procedimiento de convocatoria de Consulta Previa, Libre e Informada para las Comunidades Originarias” con “personería jurídica reconocida por la autoridad provincial, que se encuentran en el área de influencia cuando se prevea el dictado de medidas legislativas y/o administrativas, que pudieren afectar derechos de incidencia colectiva de las Comunidades Indígenas de manera directa”.

El mecanismo se establece en un anexo y, además, se determina que la reglamentación se cumplirá en un plazo de 90 días.

Este diseño propuesto se vincula con la legislada participación que debe otorgar a las comunidades originarias y que se deberá cumplir en el marco de los diferentes proyectos mineros. Por ejemplo, la iniciativa precisa quiénes pueden estar alcanzados y el encuadramiento a las “áreas de influencia de los proyectos, programas, medidas y/o acciones que se pretendan generar y que de alguna manera pudieran ocasionar algún tipo de perjuicio”.

El cuarto proyecto crea el Fondo de Garantías Río Negro, llamado FoGaRío, que “proporcionará a las PyMEs rionegrinas acceso a financiamiento en mejores condiciones, contribuyendo a la reactivación económica, la creación de empleo y el desarrollo sostenible de la provincia”.

La “autoridad de aplicación” será el ministerio de Hacienda, que dispondrá de “amplias facultades de administración, control y fiscalización”.

Se autoriza al Ejecutivo que “transfiera 2.000 millones en propiedad fiduciaria para que se conforme el Fondo de Riesgo y haga frente a las obligaciones que el fondo requiera para su normal funcionamiento”.


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