Cuál es la vinculación de Martín Soria con los terrenos en disputa del Sindicato de la Fruta
Se trata de terrenos en Fernández Oro. El reclamo está relacionado a la causa de los Barones de la Fruta.
el predio ubicado entre las calles Santa Rosa, Ara San Juan y 2 de abril de Fernández Oro Foto Archivo: Florencia Salto.
El abogado del Sindicato de la Fruta, Guillermo Oviedo, habló con RIO NEGRO y explicó por qué es necesaria la intervención del actual ministro de Justicia de Nación, Martín Soria, en la entrega de los terrenos de Fernández Oro. El predio actualmente se encuentra en una disputa federal, pero podría quedar en manos de los trabajadores del sindicato de la Fruta.
El abogado explicó que la causa viene tramitándose en la justicia provincial y federal desde 2015. “Son causas conexas que han investigado diferentes delitos. En la causa de la provincia, se investigó a los administradores de la obra social de aquel tiempo, entre 2006 y 2015. En ese período se investigó la administración fraudulenta de la obra social. En 2020 los dirigentes de la obra social, tesoreros y otros firmaron un juicio abreviado en el que ellos dicen que mal administraron fondos de la obra social en ese período”.
Indicó que paralelo a la investigación de la provincia se inició un juicio federal denominado los Barones de la Fruta, por lavado de activos. Se los acusaba de introducir plata negra en el circuito legal.
Oviedo se refirió a cuál es la teoría del caso de la fiscalía, cuál fue la acusación y sobre cual se llevó sentencia en ese juicio. Dijo que se comprobó que los fondos provenientes de la obra social y parte del sindicato se utilizaron para comprar diferentes propiedades a lo largo de ese período (2006-2015). Señaló que en esta situación entran las chacras, entre ellas Arca y las 27 hectáreas que reclaman actualmente los trabajadores.
Hace más de una semana el predio ubicado en Fernández Oro está siendo resguardado por trabajadores del sindicato, ya que anteriormente hubo intentos de toma en el sector.
El abogado manifestó que mientras transitaba el juicio se presentaron en el Juzgado Federal para hacer valer el derecho como víctima. “Si los terrenos fueron comprados con plata de obra social, así como lo dice la sentencia de la provincia, en caso de recaer la condena esos terrenos tienen que volver a pertenecer a la obra social. No solo es lo lógico, sino que es lo justo”, señaló.
“Cuando salió la sentencia y condenó a todos los acusados en el juicio federal de lavado de activos se ordenó el decomiso de todas las propiedades, entre esas la que está ocupando la gente del sindicato. Por ley esas propiedades quedaron a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y está a cargo de Martín Soria. Ante esta situación hicimos una presentación también formal ante el ministerio de Justicia de la Nación y estamos esperando la respuesta”.
Según el abogado los trabajadores tienen muchas posibilidades de quedarse con el terreno. “Tenemos un derecho fundado, donde hay una sentencia de provincia firme, porque ellos reconocen haber mal administrado los fondos de la obra social. Es casi con seguridad que van a ser del sindicato, el tema es el tiempo. La UIF puede resolver a través de un acto administrativo y ceder los terrenos al sindicato, eso podría ser mañana, pero si espera la firmeza de la sentencia podría ser en cinco años”.
Los Barones de la Fruta
Durante tres años y luego de la investigación realizada por los periodistas de RÍO NEGRO en 2015 -denominada Los Barones de la Fruta– el ahora exfiscal Alejandro Moldes (jubilado) analizó los movimientos de los activos de los involucrados, y llegó a la conclusión de que tanto López como Lescano, manejaron “de manera fraudulenta” los fondos del Sindicato de la Fruta y la Obra Social de los trabajadores.
Las maniobras consistían que desde las entidades trasferían cifras millonarias, para comprar vehículos y generar un movimiento inmobiliario que después regresaba en forma de donación a los allegados del sindicalista, a través de firmas fantasmas.
La investigación que llevó adelante Moldes incluyó los informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y lavado de Activos de la Procuración General de la Nación (Procelac).
Allí se determinó que, desde 2006, López y Lescano realizaron en forma “organizada” operaciones al haber puesto en el mercado bienes a partir de distintos hechos ilícitos. Para ello, se valieron de las firmas JLK S.R.L. Ohana S.A, y KAV Servicios S.R.L. y del salón de eventos La Ponderosa.
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