Crisis carcelaria en Neuquén: Nicolini le quiso marcar la cancha a un juez y tuvo respuesta
Los conflictos por la sobrepoblación en las comisarías se agravan. Hay una orden judicial para ampliar el cupo en la alcaidía donde ocurrió el motín el lunes en Centenario. Nicolini dijo que harán una unidad nueva.
El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, dijo que «no está prevista» la ampliación de la alcaidía de la comisaría Quinta de Centenario, donde el lunes a la noche se produjo un reclamo masivo de detenidos. Cuando se le recordó que hay una orden judicial para que se realicen obras, replicó que el destino del dinero de los neuquinos «se resuelve por ley del presupuesto y no por sentencia judicial».
El juez que dictó la orden, Juan Manuel Kees, explicó a su turno que «lo que dice el ministro es correcto en términos generales, un juez no puede diseñar una política pública, pero todos los días el Estado gasta dinero en cumplir sentencias judiciales. ¿No lo va a hacer más?», se preguntó.
Y puso el dedo en la herida: «el problema de la sobrepoblación se lo generó solo el Estado neuquino, cuando canjeó todo lo invertido en la cárcel de Senillosa por una plaza» en alusión al lugar donde ahora está el Parque Jaime de Nevares.
El reclamo en la Quinta de Centenario
El ministro Nicolini fue consultado por RÍO NEGRO RADIO sobre la situación en la alcaidía de la comisaría Quinta de Centenario, una de las peores de la provincia. Hay 13 internos en un espacio para 8, y el lunes tomaron a un celador de rehén para reclamar condiciones dignas. Nueve de ellos cumplen condenas y deberían estar en una Unidad de Detención, como indica la Constitución provincial.
La defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, dijo a este diario que el celador estuvo retenido pero no sufrió lesiones, tal como informaron fuentes policiales. Tampoco las personas privadas de su libertad fueron heridas.
El ministro indicó que «somos conscientes de la realidad que nos encontramos el 10 de diciembre, por eso enviamos el proyecto de ley para declarar la emergencia penitenciaria».
Las obras previstas
Reveló que el miércoles «salió a publicidad la licitación para la construcción de la comisaría 52 que tiene previsto un sector de alcaidía; también estamos en proceso de licitación para los nuevos módulos en la Unidad 11, la Unidad 32 de Zapala y la Unidad 22 de Cutral Co, cada uno para 26 internos, con un plazo de obra de un año y medio».
«También trabajamos para mejorar sus condiciones de habitabilidad, de salud, su alimentación, su educación» a los fines de la resocialización.
El alcance de la orden judicial
Se le preguntó entonces por la orden del juez Kees, en el marco de un hábeas corpus colectivo, quien le dio un plazo de seis meses para ampliar la alcaidía de la comisaría Quinta. «Ampliar no, es para mejorar las instalaciones«, aclaró Nicolini, «para ciertas cuestiones que estaban con problemáticas como la red cloacal que fue solucionada».
Más conceptual, el ministro -ex juez- afirmó: «la ampliación de la Quinta no está en los planes. La Constitución prevé la división de poderes (y) dónde debe invertirse el dinero de todos los neuquinos debe resolverse por ley del presupuesto, no por sentencia judicial. Se van a mejorar las condiciones pero la ampliación no está prevista, de hecho por eso se está construyendo en la misma localidad una comisaría grande, moderna y con capacidad que va a permitir descomprimir la Quinta».
La explicación del juez
Luego de estas declaraciones del ministro, diario RÍO NEGRO consultó al juez Kees para conocer los alcances de su orden.
«Tienen que crear plazas, de cualquier manera. Si van a construir otra comisaría está bien», dijo el magistrado.
«Lo que dice el ministro es correcto en términos generales, un juez no puede diseñar una política pública, pero todos los días el Estado gasta dinero en cumplir sentencias judiciales», explicó. «Es como si dijera que no van a aceptar más personas condenadas a prisión efectiva por orden judicial, no tiene ninguna lógica».
El canje de Senillosa
Por otra parte, consideró que «el problema de la sobrepoblación se lo generó solo el Estado neuquino, cuando canjeó todo lo invertido en la cárcel de Senillosa por una plaza».
Es un pensamiento compartido por buena parte del Poder Judicial: la provincia pagó -y muy cara- la construcción de la cárcel de Senillosa y la intercambió con la Nación por las tierras de la Unidad 9. Sin embargo, no previó el alojamiento para las personas privadas de su libertad. Además, no se garantizó la escritura del inmueble que ahora es el Parque Jaime de Nevares.
«No hay problema de dinero»
La resolución del juez Kees fue adoptada en una audiencia el 2 de septiembre pasado, y el gobierno no la impugnó. Dijo el magistrado en esa oportunidad que «el Estado debe realizar algunas obras para solucionar» la sobrepoblación, «dado que cuenta con las facultades suficientes para hacerlo. Puede contratar directamente las obras de infraestructura, conforme dice la ley (de emergencia carcelaria) no hay un problema de dinero, y estimo que el plazo prudencial para realizar las obras es de seis meses».
La orden fue impuesta bajo apercibimiento de cobrar astreintes, una especie de multa diaria. Y en caso de incumplimiento, el gobierno deberá trasladar progresivamente a las personas a otras unidades, hasta dejar como máximo a seis detenidos en esa alcaidía.
La fecha límite para cumplir es en febrero. El juez la fijó de esa manera porque ese mes entrará en vigencia el narcomenudeo, y se prevé un crecimiento exponencial de la cantidad de detenidos por lo que será necesaria una ampliación acorde de los lugares de encierro.
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