Crece la tensión entre el gobierno de Milei y Macri, que responde con una agenda propia a las críticas
El ministro Federico Sturzenegger apuntó al expresidente y sostuvo que “lo que Mauricio no logró hacer en cuatro años, Milei lo logró en un mes”. Mientras tanto el expresidente impulsa dos leyes electorales en el Congreso para marcar la diferencia.
La relación entre el gobierno de Milei y el expresidente, Mauricio Macri se tensa cada vez más. El ministro Federico Sturzenegger, uno de los principales funcionarios del bloque libertario, salió al cruce del expresidente por haber cuestionado días atrás la falta de gestión. Mientras tanto el actual titular del PRO comenzó a jugar sus fichas e impulsó dos leyes electorales en el Congreso para marcar la diferencia y desligarse de La Libertad Avanza.
“(Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que habría que cerrar el libro ahí y pasar a otro tema, porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible. Lo digo con todo respeto: Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes”, remató Sturzenegger, actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
En diálogo con radio Mitre, el ministro que también fue funcionario de Macri puso otros ejemplos para sostener su declaración y señaló que «el posicionamiento internacional de Milei es extraordinario, no se vio en años”. También elogió la decisión de “devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas” de seguridad y de “desfinanciar a los intermediarios que financiaban los piquetes”.
De esta manera Sturzenegger contrastó con Macri, que durante su reaparición pública respaldó a Milei pero consideró que necesita reforzar los equipos de Gobierno.
Por su parte el expresidente sigue en busca fortalecer la identidad del PRO para no quedar diluido en La Libertad Avanza y en esa línea subió en los últimos días su perfil mediático y moviliza una agenda legislativa propia.
En este sentido, Macri se reunió este lunes con el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y respaldó dos leyes que comenzarán a tratarse esta semana por impulso del bloque amarillo: la “ficha limpia” para que condenados por corrupción no puedan ser candidatos, y la restitución del voto postal de los argentinos en el exterior.
Cabe resaltar que el trasfondo de las fricciones entre el Gobierno y Macri tiene que ver con el pago de la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Economía, Luis Caputo, se había comprometido con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero pagó el 1,4 % en lugar del 2,95% estipulado.
Ley Bases: cuáles son los puntos que se reglamentaron
Mientras tanto el Poder Ejecutivo reglamentó este lunes una parte de la Ley Bases a través del decreto 695/24 publicado en el Boletín Oficial. En esta parte se arrojó operatividad sobre la reforma del Estado, la regulación del empleo público, los procedimientos administrativos del Estado y las concesiones.
Uno de los puntos es el que el ministro Sturzenegger emparentó con la “motosierra”. Gracias a la delegación de facultades por parte del Congreso, el Ejecutivo podrá transformar, fusionar o disolver organismos públicos, con excepciones que figuran en un listado. Según lo establecido el primero en cerrarse será el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), donde meses atrás fueron despedidos más de 100 trabajadores.
También se avanzará en la privatización de empresas públicas que deberá ser analizada por el Congreso. En la ley aprobada quedaron comprendidas Energía Argentina e Intercargo, sujetas a privatización; y AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales (sujetas a privatización o concesión).
El segundo aspecto fue lo que Sturzenegger definió como un mecanismo “anticoimas” dentro de la Ley de Procedimiento Administrativo, mediante el cual ante un pedido de autorización de un privado, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.
De acuerdo a esto, según el funcionario “desaparece el poder arbitrario del funcionario de cajonear un expediente y de pedir coimas”. Es lo que se denomina como el “silencio positivo”, algo que, según denunció el kirchnerismo en el Congreso, facilitará negocios con la venta de tierras fiscales o de patrimonio público.
Por otro lado, Sturzenegger detalló que “se reduce el poder extorsivo del Estado, ya que se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla” cuando “antes, el funcionario podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla”. Por último, “se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias”, lo que según el ministro antes permitía “cajonear una demanda contra el Estado”.
En el capítulo de empleo público, calificado como «antiñoquis», se establece que los trabajadores deberán rendir un examen objetivo de competencias cuyo resultado “lo determinará una computadora”. Además, quedarán más expuestos a sanciones por incumplimientos y se les descontarán los días de paro y se acotan las adscripciones: el empleado que salga de la órbita de la administración federal para pasar a trabajar en otro poder del Estado o un gobierno provincial o municipal dejará de recibir un sueldo del Estado Nacional.
En tanto se establece que los empleados afectados por la eliminación de organismos o por exceder la “dotación óptima necesaria”, quedarán en situación de disponibilidad por hasta 12 meses. Durante este periodo cobrarán el sueldo, dependiendo de su antigüedad, y podrán capacitarse o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado.
En cuanto a las concesiones, se indica que podrán ser de plazo variable. “Si la obra es muy exitosa, el plazo se acorta porque el recupero se concretará más rápidamente. En cambio el plazo se extiende si la obra resulta menos redituable”, explicó Sturzenegger. También señaló que “la Ley Bases permite que las concesiones se hagan con mecanismos automáticos de actualización. Se podrá concesionar, por ejemplo, en UVAs. De este modo el concesionario podrá proteger su ecuación económica, pero sobre todo se evitará la necesidad de modificaciones que siempre generan una oportunidad para la corrupción”.
Finalmente, “se permite en el pliego determinar el mecanismo de resolución de controversias para aportar seguridad jurídica y, por lo tanto, menores costos para el Estado”.
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