Control de licencias médicas en Río Negro: cómo es el caso de la docente de Viedma que llevó el reclamo a la justicia

Una maestra presentó una acción de amparo porque limitaron un certificado por 30 días solo a 10. El juez avaló los argumentoS del Poder Ejecutivo.

La cruzada del gobierno provincial para fiscalizar las licencias médicas de los empleados públicos en Río Negro tuvo eco en los tribunales de Viedma. Una docente impulsó un amparo para que se revea el rechazo parcial de un certificado médico. Sin embargo el juez que intervino avaló la decisión del Poder Ejecutivo.


La docente había solicitado una licencia por 30 días el 16 de septiembre pasado debido a una fractura de cúpula radial. Presentó un certificado con la firma del doctor Fabián Randazzo.

La maestra contaba con una autorización anterior, entre el 12 de agosto y el 4 de septiembre, que fue aprobada tras la evaluación de la Junta Médica Provincial. Sin embargo, la segunda solicitud fue limitada a solo 10 días por el sistema automatizado de auditoría, sin que la docente fuera citada para una nueva evaluación médica.

Ante esta situación, la mujer interpuso una acción de amparo en la que solicitó que se dejara sin efecto el rechazo parcial de la licencia y se abstuvieran de realizar descuentos en sus haberes. Además, pidió que su estado de salud fuera nuevamente evaluado por la Junta Médica.


El gobierno provincial, a través de la Secretaría de la Función Pública, explicó que la limitación de los días de licencia no fue resultado de un nuevo sistema de auditorías, sino que la docente debía seguir el procedimiento vigente bajo la Junta Médica, que ya había agendado su reevaluación para el 1 de octubre de 2024.

La administración advirtió que el error residió en haber cargado una nueva solicitud en septiembre, cuando la docente ya estaba siendo tratada bajo el sistema de la Junta Médica.

La Fiscalía de Estado argumentó que el caso no reunía los requisitos necesarios para que procediera un amparo. Señaló que la discrepancia sobre los días de licencia debía resolverse a través de un proceso ordinario con mayor margen de prueba.


Según el fallo judicial, el amparo es una herramienta excepcional que solo debe utilizarse en casos donde no existan otras vías legales adecuadas para proteger los derechos afectados. En este caso, la vía administrativa seguía abierta.


Con ese argumento central, la Cámara del Trabajo de Viedma rechazó el amparo. Determinó que la maestra aún contaba con otras alternativas administrativas para resolver su reclamo. La decisión incluyó la imposición de costas y la regulación de honorarios para los abogados intervinientes en la causa.


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