Control de ausentismo en Río Negro: cautela y desconfianza de los gremios
Los sindicatos señalan que existen juntas médicas y otras instancias para esta tarea que ahora la Provincia tercerizará.
La futura puesta en marcha en Río Negro de un nuevo sistema para controlar las licencias médicas de los agentes estatales y el ausentismo, con participación de una empresa privada, no cayó bien entre los sindicatos, cuyos dirigentes lo leyeron como una amenaza contra “derechos adquiridos” que no piensan resignar.
Rodrigo Vicente, titular de ATE, dijo que el gremio primero debe conocer en detalle las normativas para ese control. “Ya han existido sistemas similares de control en la provincia y nuestro rol siempre será controlar que sea todo de acuerdo a lo que permita la ley, que no se vulnere ningún derecho laboral”, afirmó.
“Nosotros ya nos hemos expresado sobre los certificados falsos, no vamos a avalar ningún tipo de abuso, ahora sí debemos esperar que realmente sea un sistema que permita terminar con los abusos pero de ninguna manera que afecte los derechos de los trabajadores, ya que enfermarse es un derecho”, acotó.
El control de ausentismo y las juntas médicas
Cesira Mullaly, quien se candidatea esta semana como secretaria general en gremio Asspur, interpretó que la ofensiva del gobierno está relacionado con la detección de certificados “truchos”, dijo que tenía pocos elementos para evaluar y manifestó su rechazo a “la privatización o tercerización” de esa tarea. Dijo que “para eso están las juntas médicas, a través de los departamentos de recursos humanos”.
También la secretaria gremial de UPCN en Bariloche, Sandra Urra, consideró “lamentable que se genere esto, cuando hay una junta médica con profesionales para esas funciones”. Pero al mismo tiempo reconoció que “no han dado resultado” y no le parece mal que ingrese “un tercero” si es para que las evaluaciones sean más precisas y ajenas a cualquier arbitrariedad.
Urra dijo que hoy se registran casos de algunos trabajadores “con enfermedades crónicas, o pacientes oncológicos, que viven verdaderos calvarios para renovar sus licencias”, mientras que otros que se presentan con certificados de “stress laboral”, consiguen largos permisos sin tanto trámite.
Señaló que entre estos últimos “hay jóvenes con no más de 1 ó 2 años de trabajo en el Estado”, mientras que los pacientes con patologías limitantes muy graves “a poco de jubilarse”, no consiguen aprobación para sus licencias.
Reconoció que las licencias psicológicas registran “un boom” en el último tiempo, “como ocurrió antes con los docentes que presentaban dificultades en el habla, y eran difíciles de comprobar”.
El gobierno provincial comunicó que la empresa elegida para el control y seguimiento de los certificados médicos es Dienst, Tecnología en Salud, y que iniciará sus tareas el 1 de septiembre, con alcance sobre los 57.000 trabajadores dependientes del departamento Ejecutivo.
Unter asegura que los docentes quedan afuera del control
La secretaria general de Unter Río Negro, Silvana Inostroza, puso en duda esto último y dijo que en fecha reciente el gobernador Alberto Weretilneck, consultado en una nota para la televisión dijo que los docentes quedarían “exceptuados del presentismo”.
Recordó que sobre esto último existe un proyecto en la Legislatura y dijo que la Unter ya inició gestiones para ser escuchada en ese ámbito.
Sobre la fiscalización de licencias, Inostroza señaló que “ya existe la figura del contralor médico”, pero admitió que “nunca funcionó bien” y muchos profesionales que asumían esa función “terminaron dejándola”.
“No nos negamos en absoluto a los controles, porque no mentimos en las licencias cuando estamos enfermos, o en una capacitación -aseguró-. El régimen de los docentes es acotado, por más que se ha instalado otra cosa en la población. 20 días hábiles por año por enfermedad y 20 días más por familiar. Otros estamentos del Estado tienen regímenes más generosos”.
Inostroza dijo que las licencias son un derecho consolidado “y la forma de defenderlo es hacer un uso consciente”. Dijo que la información que circuló hasta ahora sobre el ingreso de una firma privada “no tiene la profundidad necesaria como para emitir una opinión”.
Aclaró que los maestros nunca se negaron a los controles, pero sí han tenido “diferencias de interpretación” con las Juntas o con los funcionarios que cuestionan, porque “no entienden el rol del docente y desconocen lo que ocurre dentro del aula”.
Se manifestó en contra de la delegación en una empresa de la auditoría sobre los certificados porque “el derecho a la educación es responsabilidad del Estado y todo debe ser impulsado y gestado desde el Estado provincial”.
Asspur habló de sobrecarga laboral
Mullaly hizo notar que la contratación de auditores privados tendrá un costo extra para la provincia y se preguntó “¿por qué hay que destinar recursos económicos para cumplir un rol que existe con las juntas médicas? Eso ya está, y funciona”.
Al hilar más fino sobre las razones de las licencias, dijo que no se las puede analizar sin tener en cuenta “la sobrecarga laboral, que existe y es brutal”. Señaló que en Salud hay trabajadores que cumplen 10 guardias mensuales de 24 horas y es difícil que eso no provoque “una sobrecarga emocional y psicológica, que también muchas veces deriva en consecuencias físicas”.
La enfermera se quejó de que se hable con ligereza de abusos en las licencias. “Me gustaría saber a qué hacen referencia cuando dicen que hay mucho ausentismo. Son derechos adquiridos producto de la lucha sindical. Y si ven que hay ausentismo injustificado están los mecanismos de control. No entiendo la necesidad de privatizarlo. Será que no confían en sus propios funcionarios”, argumentó la referente de Asspur.
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