Contratación del Ipross para actualizar su app: la participación de una universidad ajena a Río Negro
El instituto aclaró que “no es una nueva aplicación” para celulares sino una actualización y que para su renovación “no hubo más ofertas”. Legisladores rionegrinos habían planteado cuestionamientos, entre ellos, la contratación de una universidad que no es de la región.
La aplicación para celulares nuclea distintos servicios de la obra social. Crédito Juan Thomes.
Una contratación directa del Ipross para tareas en su app, que usan afiliados y prestadores, derivó en un pedido de informe legislativo, solicitando precisiones sobre el costo, las razones y la elección del proveedor, una universidad ajena a la provincia.
El instituto confirmó que el desarrollo convenido ya está implementado, con un costo de algo más de 10 millones de pesos.
La obra social rionegrina concentra más de 164 mil afiliados y, desde el 2020, dispone de su aplicación para celulares, integrada al sistema de “Validación Electrónica Móvil (VEM)«. Esta plataforma “nuclea distintos servicios”, como las autorizaciones de “prácticas, la receta electrónica, consultas médicas online, liquidaciones de prestadores y de beneficiarios”.
En agosto pasado, el Ipross informó del “desarrollo de la nueva app”, aludiendo que, “a diferencia de la actual, contará con una cuenta de descarga oficial de Ipross y permitirá crear dos cuentas, una para los teléfonos Android y otra para los Iphones. Se recibirán actualizaciones con nuevas modificaciones técnicas y funciones”, explicaba Gustavo Franchello, director de Desarrollo Informático.
El funcionario anticipaba entonces que los afiliados dispondrán en sus celulares de registros de recetas, el token, las consultas y el historial. Luego se implementarán otras posibilidades, “como un botón de pago”.
El inconveniente central consistía en que la app perdía operatividad y no cumplía plenamente con los servicios a los afiliados y los prestadores, comentaron desde el Ipross.
En ese marco, un grupo de legisladores pidió precisiones. El requerimiento fue elevado por la bancada de Vamos con Todos (José Luis Berros, Magdalena Odarda, Ayelén Spósito, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé), y los libertarios Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y Cesar Domínguez. Entre sus interrogantes, los parlamentarios pidieron conocer el “proceso para la selección de una nueva aplicación del Ipross”, la copia del expediente, detalles de la contratación, y si se convocaron a las universidades con asiento en la provincia.
En los últimos días, el Ipross respondió a la Legislatura, precisando que “es una actualización” y no es una nueva app. Destaca que la “Validación Electrónica Móvil (VEM) es la plataforma que nuclea distintos servicios”, como las autorizaciones de “prácticas, la receta electrónica, consultas médicas online, liquidaciones de prestadores y de beneficiarios”, como también, la APP para los celulares. La contratación aludida -aclaró el instituto- no se corresponde con un nuevo sistema que “reemplace al VEN sino que se dispuso actualizar la aplicación para celulares”, posibilitando la incorporación de “dispositivos más modernos” y, en respuesta, a “reiterados reclamos de afiliados” porque no podía instalar la app en Android 13 u Android 14.
Agrega que la “mayoría del código de aplicación estaba depreciada y obsoleta”, estimando que la “actualización necesaria” permitirá “cumplir con los estándares que las tiendas móviles imponen para certificar y publicarlas”.
En relación a la modalidad de contratación, la obra social respondió que se pidieron cotizaciones de desarrollo a distintas universidades, entre ellas, la de Río Negro. Confirmó que se acordó “en forma directa” con la universidad de Lanús que presentó la “propuesta que fue significativamente más económica que el costo estándar del mercado” y que el valor estimado.
Ese precio oficial fue fijado en $17.465.652 mientras que las “tareas fueron contratadas” a la Universidad de Lanús por $10.027.563, pagadero en tres cuotas, y resta la última, que está sujeta al “control definitivo” del desarrollo contratado.
La contestación de la obra social recuerda que la ley 4754 otorga preferencia de contratación para las universidades del Comahue y de Río Negro. Pero explicó que esa prioridad no se aplicó ya que “no hubo concurrencia de más ofertas” aunque se aclaró que la legislación establece ese criterio en “consultoría y capacitación”, aunque no se incluye para tareas de desarrollo de software, como en este caso.
Una contratación directa del Ipross para tareas en su app, que usan afiliados y prestadores, derivó en un pedido de informe legislativo, solicitando precisiones sobre el costo, las razones y la elección del proveedor, una universidad ajena a la provincia.
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