Consulta popular en Neuquén: aprobarán las reglas, pero niegan vinculación con el conflicto docente

Este martes se aprobaron dos despachos. La oposición asegura que se usará para declarar la esencialidad de la educación. La convocatoria podrá coincidir con elecciones a cargos electivos.

La Legislatura de Neuquén aprobará este miércoles la reglamentación de la consulta popular vinculante y no vinculante, dos institutos de la Constitución que nunca se usaron desde su incorporación en 2006. La oposición planteó hoy dudas sobre la intención del oficialismo de impulsar la ley en pleno conflicto con ATEN y aseguraron que buscarán aplicarla para declarar la educación como servicio esencial.

“Este va a ser el primer proyecto que va a poner a consideración la consulta popular. Está planteada por ese motivo”, afirmó Andrés Blanco (PTS-FIT), quien rechazó el proyecto.

En la sesión de mañana se tratarán dos despachos, uno por mayoría impulsado por Claudio Domínguez (MPN), Francisco Lépore (Avanzar) y Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) que se fusionó con otros del PRO y de Neuquén Federal (Carlos Coggiola), y uno de minoría que elaboró Unión por la Patria.

En la comisión de Asuntos Constitucionales, Lorena Parrilli explicó el por qué de las diferencias con la redacción del oficialismo y también cuestionó la decisión de tratarla en este contexto. “Se decidió en este momento y no en otro, justo en un momento de conflictividad social educativo, reglamentar este mandato constitucional”, dijo.

Lépore contestó que “es imposible que un proyecto así tenga incidencia en un conflicto” como el que tiene el gobierno con ATEN, porque ejemplificó que por los tiempos que prevé el proceso, “en el mejor de los casos estaríamos convocando en julio” a la consulta.

A ese argumento, Blanco contestó que “no somos ilusos, sabemos que no van a hacer una consulta por cada conflicto, pero es la gran discusión que se viene declarar la educación como servicio esencial”. En Río Negro ya está avanzando una propuesta similar.

El despacho de mayoría propone que la Legislatura pueda, al sancionar una ley, incorporar en su articulado la convocatoria a consulta popular vinculante. La misma será obligatoria para el electorado, quien deberá responder por sí o por no sobre la ley en cuestión.

Si la ley sometida a consulta popular vinculante es ratificada por la mayoría absoluta de los electores que emitan válidamente su voto, su promulgación será automática. En caso de ser negativo el resultado, la misma no podrá ser insistida por los siguientes dos años.

Las consultas podrán coincidir con elecciones para cargos ejecutivos o legislativos, algo que también criticó la oposición.

“Si esto lo están haciendo para provincializar elecciones nacionales, díganlo”, sugirió Darío Martínez (Unión por la Patria) en relación con las legislativas del año que viene.

Consulta popular: las diferencias que planteó el PJ


El despacho por minoría que propuso Unión por la Patria para reglamentar la consulta popular tiene tres diferencias principales con el de mayoría que probablemente se apruebe en el recinto.

En primer lugar, crea una a Comisión de Participación Ciudadana integrada por un representante de la Legislatura, uno por el Ejecutivo, un representante de las organizaciones sociales afectadas por la consulta, y dos representantes directos de la ciudadanía que será la encargada de redactar la pregunta por sí o no.

Además, prohibe que la consulta popular sea convocada junto con elecciones a cargos electivos.

Por último, también establece que no se puedan hacer campañas con financiamiento privado.


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