La Unter rechazó el sumario que le iniciaron por desconocer la conciliación obligatoria
El sindicato, que representa a los docentes de Río Negro, replicó con dureza las acusaciones del Ministerio de Trabajo y pidió el apartamiento del titular de ese organismo, Jorge Stopiello por anunciar multas millonarias contra el gremio por no acatar la conciliación obligatoria.
El conflicto docente continúa en la provincia de Río Negro, con dos jornadas de paro para este jueves y viernes. (Foto de archivo de Alejandro Carnevale)
La Unter levantó la apuesta en su disputa con el gobierno provincial y presentó un argumentado descargo en contra del sumario que le inició el Ministerio de Trabajo rionegrino por desconocer la conciliación obligatoria, dictada el mes pasado en medio de la ola de paros que llevan adelante los docentes en toda la provincia.
La Unter rechazó la imputación según la cual la medida de fuerza gremial no fue comunicada en tiempo y forma (las normativas prevén 48 horas de anticipación) y dijo que las sanciones que busca imponerles la autoridad laboral se basan en “la irrisoria excusa de achacar de incumplidos los recaudos formales, burocráticos y claramente instrumentales” previstos en la ley provincial 5.255.
Entendió que existe de parte del Ministerio de Trabajo “animosidad y amedrentamiento” en contra del sindicato y lo acusó de incurrir en actos de “parcialidad y prejuzgamiento”. La misma crítica descargó el gremio sobre la gobernadora Arabela Carreras, por haber “vaticinado, o más bien exhibido su voluntad futura” de aplicar fuertes multas a la Unter. Carreras habló de sanciones por 1.000 millones de pesos.
El sindicato docente pidió el desistimiento de la acusación en su contra por “nulidad insalvable” y reclamó que la conclusión del sumario sea “de modo absolutorio”.
La organización gremial que conduce Silvia Inostroza descalificó también al ministro de Trabajo Jorge Stopiello, por entender que su actuación “carece de objetividad” y cita artículos periodísticos según los cuales el funcionario “anunció multas millonarias al gremio Unter”.
Cuestionamientos a la gobernadora
En referencia a declaraciones similares de Carreras, la Unter se preguntó en el escrito presentado como descargo al dictamen acusatorio cómo puede ser que la gobernadora “ya conozca y haga pública la pretendida sanción, antes que, siquiera, se haya iniciado el trámite administrativo”.
Mientras mantiene esta pulseada con el gobierno, el gremio docente rionegrino iniciará mañana un nuevo paro de 48 horas, que fue resuelto en el congreso del último lunes, y tiene previsto otra medida similar de 72 horas para la próxima semana. En ambos casos por considerar insuficientes las respuestas del gobierno a su pedido de aumentos salariales y de mejoras en las condiciones de trabajo.
Para el gremio, la violación al principio de imparcialidad que atribuyen al ministerio de Trabajo es violatorio del derecho “al debido proceso y derecho de defensa”. Argumentó también que, según la jurisprudencia, “el incumplimiento de esa garantía no puede ser saneado a posteriori”.
El sindicato docente insistió en defender su derecho a iniciar la huelga el 22 de marzo, apenas horas después de la decisión tomada en ese sentido por el congreso extraordinario de Sierra Grande y que fue notificada el mismo día a la autoridad laboral.
Señaló en su descargo que esa forma de proceder “halla plena justificación en el estado de cosas imperante a ese momento -y aún subsistente- y en la jerarquía superior e impostergable” del derecho de huelga.
Los abogados firmantes citaron fallos según los cuales “no puede reputarse como prohibida una medida de acción directa sin una mínima valoración de los hechos en base a las pautas de equilibrio, razonabilidad y ponderación de las circunstancias del caso”.
Y subrayaron como ejemplo que no podría condicionarse una huelga “motivada en un auténtico estado de necesidad como las que persiguen el pago de remuneraciones o el cumplimiento de cláusulas legales o convencionales”.
En relación con ese punto del litigio, acusaron al Ministerio de Trabajo de “abrazar una actitud de respeto dogmático a la legalidad procedimental, ponderándola por sobre los derechos elementales de los trabajadores”.
Sostuvieron que “en las antípodas de un obrar respetuoso del derecho de huelga”, ese ministerio “se ha dado a la tarea de iniciar esta actitud persecutoria y sancionatoria”, alineado con “su temperamento parcializado en favor de la parte gubernamental”.
Enumeraron también lo que consideran actitudes “antisindicales y persecutorias” del gobierno como la instrumentación del “botón de presentismo” y los descuentos de los días de paro, “y la absoluta pasividad y anuencia” del ministerio de Trabajo frente a esas “prácticas desleales”.
Críticas al Ministerio de Trabajo
Según la Unter, el sumario en su contra es un acto de “coacción”, que representa una “clara inobservancia el principio básico de autonomía funcional” que debería tener según la ley.
Sostuvo el gremio que la conciliación fue decretada “en forma exprés, tanto que tomó estado público antes del momento en que la decisión se hallara formalmente concretada” y se quejó de haber sido víctima de una “criminalización y persecución” por el ejercicio del derecho de huelga.
Rechazó a su vez la imputación de haber “obstaculizado” la notificación de la conciliación u otras actuaciones de Trabajo. Señaló que esa acusación “se aparta de los datos concretos existentes y aparece como arbitrario, falaz e inexistente”.
Tal como lo había hecho antes, la Unter impugnó en su escrito la conciliación dictada por Trabajo debido a “su extensión temporal desmedida, su falta de proporción, arbitrariedad y apartamiento de las particularidades y necesidades del conflicto, de un modo ilegítimo y artificioso”.
Resaltó que existe un “conflicto de intereses entre el gremio y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos”, frente al cual la actuación del Ministerio de Trabajo de la provincia “dista diametralmente de ser lo equidistante e imparcial” que debería en relación con las partes “según lo imponen los convenios de la OIT”.
Sobre el preaviso del paro del 22 de marzo, el sindicato dijo en su descargo que si incumplió la formalidad de los plazos fue para evitar “un escollo que pudiera afectar la efectividad práctica de la única medida -huelga- totalmente válida e idónea” para hacer frente al “acuciante estado de vulneración de derechos laborales de los trabajadores docentes”, provocada por “la ilegítima e injustificada postura gubernamental”.
La Unter sostuvo que la forma en la que procedió al iniciar la huelga “halla plena justificación en el estado de cosas imperantes en ese momento”. Mediante el escrito que lleva la firma de los abogados Diego Broggini, María Acosta Meza y Mariano Pedrero solicitan que se haga lugar a su descargo y que “se aparte al Ministerio de Trabajo de Río Negro” de la resolución del diferendo “por falta de objetividad”.
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