Con mensaje a otros partidos, el peronismo de Neuquén rechazó el DNU y la Ley ómnibus de Milei
“Son un peligro para Neuquén y el país”, consideraron desde el Partido Justicialista neuquino que se reunió en Roca 265 de la capital.
Con mensaje a otros partidos, el peronismo de Neuquén rechazó el DNU y la Ley ómnibus de Milei
El peronismo de Neuquén, se reunió este sábado en la casa del partido justicialista para emitir un pronunciamiento contra el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que entró en vigencia hace pocas horas y también la controvertida Ley Ómnibus que pretende modificar y derogar leyes históricas de la estructura institucional, política, legislativa y judicial del país. Ambas acciones ordenadas por el presidente Javier Milei.
En el encuentro, realizado en la casa justicialista de Roca 265 de la capital, el diputado provincial y presidente del partido, Darío Martínez y la senadora Silvia Sapag, acompañaros por el diputado nacional Pablo Toderos, fueron quienes iniciaron la charla abierta a militantes y vecinos en general.
«Con el DNU y el proyecto de Ley, Milei además de pretender la suma del poder público, quiere avanzar con la venta de las empresas públicas, y particularmente la de YPF y del ejercicio del dominio originario y la administración sobre sus recursos hidrocarburiferos propiedad de la Provincia, previstos tanto en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, como en la Ley 26.197 que lo reglamenta”, dijo Martínez quien también fue secretario de Energía durante el mandato de Alberto Fernández.
El diputado provincial resaltó el comportamiento político de Sapag y Todero que ya rechazaron públicamente la aplicación del DNU y el proyecto de Ley y realizó un llamado a otros espacios a sumarse a la postura. «Todas las fuerzas políticas de la Provincia, sin excepción, deberían rechazar públicamente y con absoluta firmeza estas pretensiones de Milei, y convocar a sus respectivos Legisladores Nacionales a votar negativamente en el Congreso normas de esta característica”, expuso Martínez.
Durante su interlocución, Silvia Sapag consideró que tanto el decreto como la ley constituyen un «ataque deliberado contra el Poder Legislativo y contra la clase trabajadora por eso es necesario que todos los que estemos de acuerdo en defender la vida institucional y democrática del país nos pongamos de acuerdo de manera urgente”.
La senadora de Unión por la Patria dijo que Javier Milei piensa gobernar «sin los representantes del pueblo violando gravemente a las leyes y militarizando el Congreso Nacional”.
Por su parte, Pablo Todero, confirmó que se realizaron reuniones y «trabajando en acuerdos con todos aquellos legisladores que entienden que estamos ante una situación institucional, política, económica y social muy grave”.
El también ex referente de ANSES en la provincia, aseguró que la Ley ómnibus «amenaza con desfinanciar nuestro sistema de pensiones. Representa el primer paso hacia el retorno de las AFJP, poniendo en peligro el futuro de nuestras jubilaciones, como así también la derogación de la Ley de Alquileres que deja desprotegidos a los inquilinos ante la avaricia del mercado»
Del encuentro partidario fueron parte también el intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, la ex diputada provincial Soledad Salaburu, el dirigente de Libres Jesús Escobar, la referente de CTEP, Soledad Urrutia y de Octubres Walter Riffo, representantes de la cultura y de bibliotecas populares.
Qué modificaciones y proyectos presentó Milei
El presidente Javier Milei presentó una serie de medidas, entre decretos y proyecto de ley, con los aspectos que marcan su Gobierno. Todas apuntan a desregular, privatizar empresas, eliminar controles, concentrar funciones en el Ejecutivo, flexibilizar los derechos laborales y limitar la posibilidad de protesta.
El primero en salir fue el ministro de Economía, Luis Caputo, con un video grabado en el que anunció la devaluación, llevando el dólar oficial a $800. También se refirió, entre los aspectos más importantes, al freno de la obra pública y de los envíos de fondos a las provincias, la reducción de los subsidios al transporte y la energía, y la no renovación de los contratos estatales del último año.
Lo siguió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que el jueves 14 de diciembre lanzó el protocolo antipiquetes. «Las cuatro fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)-, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales», explicó en ese momento la funcionaria.
Luego llegó el mega DNU con desregulación de la economía, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, la derogación de la ley de alquileres, la eliminación de las restricciones de precios a las prepagas y más medidas sobre los derechos de los trabajadores como parte de la reforma laboral, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba (permite el despido sin indemnización) de tres a ocho meses.
El siguiente paso del presidente fue un nuevo decreto, con el llamado al Congreso a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero. En el temario no incluyó el mega DNU, pero sí el cobro del impuesto a las Ganancias, además de acuerdos de eliminación de la doble imposición, que habilita a empresas con sedes en otros países a no pagar tributos en Argentina.
El accionar más reciente del Gobierno fue el envío de un proyecto de ley ómnibus al Congreso, con 664 artículos. Este habilita a Milei a concentrar en el Ejecutivo facultades legislativas a través de la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre otros aspectos centrales, suspende la suba de jubilaciones a través de la ley de movilidad y los nuevos incrementos serán decisión del Ejecutivo. También privatiza todas las empresas públicas y establece un régimen de blanqueo de capitales. Tanto la presentación del DNU como del proyecto de ley ómnibus despertó un amplio rechazo social, con cacerolazos espontáneos y protestas de organizaciones sindicales y sociales.
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