Con cambios, sancionaron la ley que descuenta deudas del sueldo a empleados públicos de Neuquén
En la sesión de ayer modificaron el alcance y el monto de la quita que hará el Estado provincial.
Francisco Lépore es diputado de Neuquén por Avanzar. Foto: Cecilia Maletti.
La ley que autoriza al Estado neuquino a descortarle de los salarios las deudas que hayan contraído empleados y empleadas públicas sufrió modificaciones ayer cuando fue aprobada en el recinto. A último momento cambiaron dos artículos vinculados al alcance y al porcentaje de la quita.
La semana pasada las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Hacienda dieron despacho al proyecto presentado por el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, que establece la obligatoriedad de no tener deudas vencidas por cualquier concepto con la Provincia: básicamente el impuesto inmobiliario y las cuotas de planes de vivienda.
Después de mucho debate se acordó que el descuento se hará, luego de agotar las instancias para regularizar esas deudas, a quienes integren los tres poderes del Estado cuyos sueldos superen el valor de dos salarios mínimo, vital y móvil (a agosto esto representa un monto de $524.865,86).
En el tratamiento en particular, el diputado de Avanzar, Francisco Lépore, anunció una nueva redacción que cambia la temporalidad de la aplicación del descuento. Será automático para quienes tengan los más altos cargos dentro de los tres poderes. Del Ejecutivo (APO, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, FS1, FS2, AG1, AG2, BA, BEA, BET, BDE); del Legislativo los diputados y diputadas provinciales, planta política y categorías asignadas al personal superior, y del Poder Judicial correspondiente a los funcionarios de los artículos 10 y 11 de la ley 1436 (vocales del TSJ, jueces, fiscales y defensores).
Los empleados y empleadas actuales (por fuera de estas categorías) podrán «adherir voluntariamente», y quienes ingresen a la planta del Estado, a partir del publicación de la ley, estarán comprendidos si o si.
En síntesis: será de aplicación compulsiva para los puestos de jerarquía y para los futuros empleadas y empleados públicos.
En cuanto al porcentaje, la legisladora oficialista Mónica Guanque (Comunidad) anticipó ayer que votaría en contra del artículo que fijaba que el descuento sería del 20%. «Ya que hemos intentado aunar todos los criterios, quiero incorporar la observación de la diputada y entonces establecer la escala que mencionó de la ley nacional», dijo Lépore.
De esta manera el descuento que aplicará el Estado sobre los sueldos será del 10%, a partir de que ganen el equivalente a dos salarios mínimos vital y móvil, y el 20% a partir de tres salarios.
«Ajustar a los de abajo»
Bermúdez defendió su proyecto. Aseguró que el objetivo es «igualar las obligaciones que tienen los funcionarios públicos cualquiera sea la categoría que revista en el Estado con las obligaciones que tienen las personas en el ámbito privado, y por lo tanto creo que le da una herramienta para poner equidad en lo que es la cobranza de impuestos en la provincia».
La ley cosechó 29 votos positivos y 3 negativos. La izquierda fue la que se opuso. El legislador del PTS-FIT, Andrés Blanco, indicó que lo que se pretende es «ajustar a los de abajo» incluso con «medidas compulsivas como la obligatoriedad del descuento para el salario».
Sostuvo que los fines son recaudatrorios: «fíjense en el momento en el que estamos, con una inflación que se come el salario»
La legisladora Gabriela Suppicich (FIT-UNIDAD) señaló que «es imposible acompañar un proyecto que implica semejante confiscación del 20% cuando estamos hablando de salarios que llegan a los $500.000″.
Quien también votó en contra fue el diputado de Unión por la Patria, Darío Peralta. «Al Estado le va a traer más problemas que beneficios», agregó.
En la discusión nunca se brindaron datos de cuántas empleadas o empleados públicos morosos existen, que justifiquen la sanción de la ley.
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