Cómo será el plan para la entrega masiva de escrituras en Río Negro

La gobernadora Arabela Carreras aseguró que el proyecto de ley para la regularización dominial de tierras fiscales que anunció el domingo en la Rural de Bariloche está orientado a salvar un problema que encuadró como “socioeconómico” y que afecta desde hace décadas a miles de familias de pobladores en áreas urbanas y rurales.

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Dijo que la imposibilidad de escriturar que enfrentan esos pobladores se debe a una falencia del propio Estado, porque una de las condiciones previstas en la ley de Tierras es la aprobación de una comisión evaluadora, “que nunca fue creada”.

Carreras señaló que el plan completo involucra al IPPV, que ya trabaja para la entrega de títulos de numerosas viviendas adjudicadas hace años que ya tienen su expediente completo. Comprende también la aplicación del programa “Mi escritura, un derecho”, presentado días atrás en Sierra Colorada, con el compromiso de otorgar 3.000 títulos, y un proyecto de ley de regularización, que incluirá un capítulo de propiedad comunitaria de organizaciones indígenas.

“El anuncio ya comenzó a generar expectativas”, se le señaló a la gobernadora. “Está bien que se generen expectativas porque es tremendo lo que vamos a hacer”, aseguró.

Según Carreras, la decisión de gobierno surge luego de un largo análisis técnico, en un tema que debe ser resuelto de “políticas públicas”, porque a su juicio la escrituración definitiva de la tierra fiscal no puede quedar librada al impulso individual de cada poblador.

Dijo que hay una instancia de revisión de cientos de expendientes por parcelas en toda la provincia con ocupaciones muy añejas y que ya contrataron un equipo de inspectores de Tierras “para verificar la presencia efectiva” de los solicitantes de los títulos y “evitar la especulación inmobiliaria”.

También habló de alejar “cualquier sospecha de especulación” cuando subrayó que el plazo mínimo establecido para acceder a la escritura será la ocupación ininterrumpida y comprobable durante 20 años, porque “Juntos Somos Río Negro gobierna desde hace 10 años” y fijar ese plazo hubiera generado suspicacias.

Dijo que los 20 años, además, otorgarían derecho a los ocupantes a iniciar demandas por usucapión, pero “es un camino más largo y más costoso” que el trámite ideado por la provincia.

Otro instrumento para cumplir con el plan, afirmó Carreras, son los convenios previstos con el colegio de Escribanos y el de Agrimensores para “abaratar las mensuras”. Dijo que buscarán despejar obstáculos económicos para los aspirantes y que de ser necesario “el Estado va a subsidiar” el costo de esos registros.

“El proyecto es para pequeñas parcelas pero también para otro grupo, que abarca grandes predios rurales que fueron adjudicados a lo largo de los años a distintos pobladores y que están sin regularizar -explicó Carreras-. Es algo que genera conflictividad y que perjudica a gente que está muy arraigada. Son cientos y cientos de expedientes, de personas que en algunos casos han pagado en cuotas sus terrenos y que cumplen con todos los requisitos de la ley menos uno, el de someterlo a una comisión, que nunca fue creada. Nuestra intención es generar una ley para salvar esa situación”.

Aclaró que el título generará de inmediato derechos de herencia, pero los beneficiarios tendrán impedimento de vender durante un lapso mínimo de cinco años. Carreras dijo que ese límite está fijado en la ley de Tierras “y que no siempre se cumplió”. Adelantó que estudian la posibilidad de extenderlo, pero no está resuelto todavía.

Pueblos originarios

Carreras también señaló que la operatoria prevista incluye los casos de comunidades indígenas que aspiren a la propiedad comunitaria. Dijo que esta última es una figura “que está prevista en la Constitución pero nunca fue reglamentada” y desde su gobierno pretenden avanzar en ese paso clave.

“Sería para las tierras de titularidad provincial, porque en las de Nación no podemos intervenir -aclaró-. Hay en la provincia 60 comunidades que tienen relevamiento territorial hecho, aunque a algunas les faltan papeles, pero son las que en principio podrían acceder. Un requisito será que no tengan conflictos, ni superposición de derechos”.

Advirtió que las familias indígenas pueden reclamar la propiedad comunitaria o también “la propiedad privada” del predio que ocupan “si lo prefieren, y si tienen acreditado los 20 años”.