Cómo se investiga la visita de las diputadas LLA a los condenados por los crímenes de la dictadura

El abogado querellante en causas de lesa humanidad, Pablo Llonto, pidió que se investigue la visita del grupo de diputados y diputadas de LLA a los condenados por crímenes de la dictadura en la cárcel de Ezeiza. El juez Daniel Obligado (TOF 5) derivó la causa al juzgado de Lomas de Zamora. Hoy se presentará el caso en la comisión de Derechos Humanos de la cámara de Diputados, donde se pondrá en discusión si los legisladores cometieron una falta grave.

El abogado querellante, especialista en causas de lesa humanidad, hizo la petición al TOF 5, que derivó el expediente a instrucción (por jurisdicción donde se habría cometido el delito) al juzgado correccional federal 2 de Lomas de Zamora, subrogado por el juez de La Plata, Ernesto Kreplak.

En Neuquén, el fiscal Miguel Palazzani rechazó el pedido que hizo Raúl Guglielminetti (que fue uno de los condenados visitados por los diputados libertarios) para que se le otorgue la domiciliaria.

Mientras el TOF debe decidir la situación en Ezeiza del condenado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se sumó al operativo clamor para que los condenados en los penales, sean llevados a sus casas.

«Que se informen bien, el 80% ya tienen domiciliarias» dijo el fiscal Palazzani, en tanto agregó que de los que no están en sus casas, «la mitad está en Campo de Mayo y algunos en penales», sostuvo. El fiscal rechazó el viernes la petición de Guglielminetti de domiciliaria y reforzó que por los crímenes aberrantes por los que fue condenado (solo en Neuquén tiene 3 condenas, una a perpetua) debe cumplir su sentencia «en la cárcel común».

Versiones periodísticas vinculan al Guglielminetti con la entrega del borrador del proyecto que busca la domiciliaria para los condenados por los crímenes cometidos durante la dictadura. Según explicitó Llonto de acuerdo a fuentes periodísticas, habría otro borrador de decreto, obtenido en otra visita, en este caso del Ministerio de Defensa, para que se beneficie a los condenados con el «cese de la acción penal» para los acusados que estén en la cárcel a más de 25 años de cometido el delito, por el «plazo razonable». «Un invento rídículo», calificó el abogado y periodista.

«Pedimos que se investigue toda la visita: quiénes la pidieron, quiénes entraron, si los condenados dieron su consentimiento, porque todos esos requisitos están en el decreto reglamentario de visita a los penales» federales, dijo Llonto, en declaraciones a «Rio Negro». La investigación buscará conocer si se falsearon datos en los instrumentos públicos donde quedaron escritas las circunstancias en las que el grupo de diputados permaneció en el penal.

La solicitud de investigación se produjo tras las versiones periodísticas de las diputadas libertarias de que habrían sido engañadas para llegar al pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad en las instalaciones de Ezeiza.

Llonto expuso el lunes con unas 20 organizaciones en una audiencia pública en la cámara de Diputados de la Nación con la exposición de los datos de la visita y este miércoles, en la comisión de Derechos Humanos, se reúnen los diputados para saber si se inicia una investigación por falta grave o inconducta de las diputadas y diputados de LLA.

«El 80% está en domiciliaria, tienen mal los datos», dijo Palazzani

El fiscal Palazzani, de la unidad fiscal de delitos de lesa humanidad de Bahía Blanca y Neuquén, sostuvo que en la página del ministerio público fiscal son públicas las estadísticas de los condenados por crímenes aberrantes en Argentina, y que Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti, integran el 20% de los condenados que están en la cárcel, porque el resto «ya está en domiciliaria».

Un informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) cifró en 1.187 las condenas por secuestros, torturas y homicidios como parte del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura, de los cuales 508 condenados están en arresto domiciliario y 134 en cárceles. Otros 500 imputados fueron investigadas y quedaron fuera del proceso penal o fueron absueltos.

Qué dijo Cúneo Libarona, el ministro de Justicia

«Creo que hay unos 300 de edades elevadas en prisión», dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien en una entrevista periodística en redes planteó que «esto no se ha convertido en justicia sino tornado en venganza».

Para que quedase clara su posición, agregó que estaba «indignado» por la prisión de los genocidas y apeló a dar un mensaje a los jueces que, como en el caso de Neuquén con Raúl Guglielminetti, tienen que evaluar los reclamos de domiciliaria al decir que, desde su punto de vista de justicia «merecerían morirse en su casa, con una tobillera y de la mano de su esposa, para pasar sus últimos días como corresponde».