Comenzó el juicio a mapuches por usurpación de las tierras donde mataron a Elías Garay

El juicio oral por la ocupación de tierras que inició hace tres años la lof Quemquemtreu en Cuesta del Ternero y que tiene a seis imputados por el delito de usurpación comenzó hoy con la declaración testimonial del denunciante, Rolando Rocco, quien persigue el desalojo del predio.

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El tipo de derechos que tendría el productor forestal domiciliado en El Bolsón sobre la parcela en litigio es uno de los puntos centrales a esclarecer durante el debate. Las tierras son de propiedad provincial y hasta ahora Rocco había sido presentado como el titular de una concesión, atada a la ejecución y mantenimiento regular de un programa de forestación.

Pero el propio Rocco dijo hoy ante el tribunal que había “comprado” el predio y que es titular de “tercera mano”. Su abogado, Ernesto Saavedra, aseguró que la tierra “fue vendida por la provincia a particulares en el año 64”, que Rocco “las adquirió en forma legal” dos décadas después y que “solo falta la emisión del título”.

El campo donde se asentó la lof Quemquemtreu fue escenario también, en noviembre de 2021, del asesinato del joven mapuche Elías Garay. Por ese hecho fueron condenados Diego Ravasio y Martín Feilberg, quienes eran contratistas de Rocco. Feilberg también declaró hoy como testigo.

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Las audiencias son presididas por la jueza Romina Martini y actúan como fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien. La nómina de acusados está integrada por Lautaro Cárdenas, Alejandro Morales, Romina Jones, Mauro Vargas, Ariadna Mansilla y Juan Baeza. Los tres primeros viven en el espacio territorial de unas 10 hectáreas ocupado por la lof Quemquemtreu desde el 18 de septiembre de 2021. Pero los otros tres no pertenecen a la comunidad y declararon domicilios en Bariloche y en Comodoro Rivadavia.

Según la abogada que los representa, Andrea Reile, a lo largo del proceso intentaron demostrar que cuando se los identificó en el lugar estaban de visita y participaban de un encuentro comunitario o “trawun”, pese a lo cual se los consideró involucrados en el delito.

Un campo incendiado

El testimonio que abrió hoy la primera jornada fue el de Rocco, quien declaró de manera remota desde El Bolsón, excusado por razones de salud. Dijo que había “comprado” el campo de 2.500 hectáreas en Cuesta del Ternero en 1984 y que desde entonces realizó explotación forestal y ganadera. Las forestaciones de pino, sin embargo, no abarcarían más de 600 hectáreas. La comunidad mapuche alega que la mayor parte de las tierras estaban abandonadas.

Rocco dijo tenerlo “todo alambrado”, aunque parte de esa infraestructura fue destruida por un gran incendio que afectó a Cuesta del Ternero en enero de 2021.

Luego declararon también Feilberg, contratado para desmontar y reforestar la zona incendiada, dos pobladores de Cuesta del Ternero y dos agentes de policía, Darío Oviedo y Ezequiel Flores. Este último fue quien recibió la denuncia de Rocco el día de la ocupación y su compañero se dirigió al lugar para “constatar” y dijo haber sido recibido por al menos “cuatro encapuchados, con piedras y un machete”.

La abogada Reile señaló que sus defendidos están amparados por el “derecho indígena”, que tiene rango superior a la jurisprudencia fijada por el STJ provincial e invocada por la fiscal Cendón. Dijo que la “propiedad comunitaria” que reclaman los pueblos originarios tiene un rango distinto a la propiedad privada que tutela el Código Civil y así debe ser considerada, a pesar de los vacíos legislativos.

Reile subrayó también que Rocco no vivía en el lugar y se presenta como víctima solo con un certificado provincial que lo acredita como “poseedor” del lote. Según la abogada, ese documento estaba “vencido” al momento de los hechos.

Malestar por el abuso del “zoom”

Los seis testigos que declararon hoy en el juicio contra la lof Quemquemtreu lo hicieron a distancia, mediante plataforma “zoom”, que sufrió varios contratiempos por problemas de conectividad. A Rocco y también a otro testigo las partes quisieron mostrarles documentos para “refrescarles la memoria”, algo que es de rutina en las declaraciones presenciales.

Esta vez probaron con la exhibición digitalizada, sin éxito, y por eso los abogados actuantes debieron acercar los papeles a la cámara en el intento de que sean chequeados por los testigos. Tampoco funcionó. Al final debieron leérselos, antes de preguntarles sobre el contenido.

Uno de los policías intentó conectarse con su teléfono desde la comisaría 12 y la conectividad deficiente le impidió interactuar con fluidez. La jueza Martini ordenó que se dirija a la fiscalía descentralizada de El Bolsón para continuar con su relato. En un momento se propuso que los testigos apaguen la cámara que los registraba para mejorar el audio de la conexión. Luego de una prueba la jueza, algo hastiada por la situación, terminó por decidir que no lo habilitaría, porque pretendía reproducir en todo lo posible las condiciones de una declaración en presencia y necesitaba “ver” a los testigos mientras hablaban.

En un cuarto intermedio uno de los miembros de la lof, Alejandro Morales, comentó que les parecía un privilegio inaceptable que la Justicia exceptúe a los testigos de participar en persona en las audiencias.