Certificados truchos en Río Negro: ATE y UPCN, entre el apoyo medido y las dudas
Los sindicatos mayoritarios de la administración pública dieron su opinión ante el escándalo que crece en la provincia. El momento de difundir las denuncias a médicos es uno de los interrogantes para uno; y la "estrategia", es la incertidumbre para otro.
Abrazo efusivo entre Weretilneck y Juan Carlos Scalesi, el titular de UPCN, en la asunción del mandatario. Ahora hay distancia. Foto: Archivo/ Marcelo Ochoa
La denuncia del Gobierno por le emisión de certificados truchos por parte de médicos de Río Negro para que empleados públicos de distintos organismos accedan a licencias, que según el gobernador Alberto Weretilneck generaron un perjuicio de 400 millones de pesos a la provincia, no convence a los principales sindicatos estatales rionegrinos.
Weretilneck radicó la denuncia personalmente ante la fiscalía de Viedma el 23 de mayo pasado, pero recién trascendió dos semanas atrás cuando lo dio a conocer diario RÍO NEGRO. Días más tarde, el Gobierno enfatizó en la difusión de esta acción legal y casi a diario se conocieron detalles de las maniobras detectadas con cientos de certificados firmados por una veintena de médicos que se tradujeron en “6.602 días no trabajados” en solo seis meses, aunque la denuncia formal solo recayó en dos profesionales de la salud, una pediatra de Roca -que el lunes fue cesanteada- y un psiquiatra de Regina.
Los sindicatos estatales hasta ahora reservaron su opinión ante el escándalo, mientras que el gobernador prometió avanzar contra los médicos que firman esos certificados y también contra los empleados públicos que acuden a ellos para acceder a días de licencia laboral.
Diario RÍO NEGRO consultó a los principales gremios estatales de la provincia, pero solo UPCN y ATE dieron su opinión.
El secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, se mostró escéptico sobre la efectividad de la estrategia desplegada por el gobierno provincial, con denuncias penales a médicos tras haber detectado certificados truchos para justificar inasistencias en el Estado.
“No entiendo por qué la denuncia por parte del gobierno. Hay una Junta Médica, que es responsabilidad del Estado”, planteó el dirigente ante una consulta de diario RÍO NEGRO.
Scalesi dijo que a su entender, la acción judicial “no la debiera haber realizado el gobernador”.
De esa manera, deslizó su idea de que el Gobierno busca en realidad un golpe de efecto con esta avanzada pública, por encima del objetivo central de controlar en forma eficiente el gasto salarial.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, aclaró que como sindicato no tuvieron intervención formal en el caso y dijo que, en cambio, sí fueron convocados para este miércoles a la Junta de Disciplina “donde podemos intuir que en los expedientes que tengan tratamiento allí, sí puedan evaluarse estas conductas”.
“No avalamos la comisión de ningún delito, compartimos y hasta acompañamos la investigación porque cualquier defraudación que se cometa al Estado nos afecta no solo como trabajadores sino también en nuestra condición de ciudadanos rionegrinos y rionegrinas”, dijo a diario RÍO NEGRO.
Aguiar indicó que el gremio repudia si existen trabajadores que “de manera indebida recibió un certificado truchos”, pero remarcó que se trata de “casos individuales, de ningún modo puede ser juzgado como un comportamiento generalizado en la administración pública”.
Con esta aclaración, el dirigente de ATE acotó: “Lo único que podríamos cuestionar es la oportunidad en la cual se hicieron públicas las denuncias, que es coincidente con las discusiones paritarias. Esperamos que no tenga que ver con una estrategia de intentar deslegitimar los justos reclamos salariales que hoy mantenemos los distintos sindicatos en la provincia”, enfatizó Aguiar.
También la difusión del Gobierno de las denuncias realizadas por Weretilneck, que oficialmente se dieron a conocer la semana pasada, casi un mes después de concretar la presentación en fiscalía, se dio en el contexto de la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo que la Provincia discute con ATE y que tenía en agenda el tema de las licencias del personal, aunque finalmente ese punto se postergó para julio.
«Genera dudas el momento que se elige para hacer públicas las denuncias y no descartamos que tenga que ver con el tratamiento del CCT y que se quiera imponer una mirada de ajuste o de intentar achicar derechos y el régimen de licencias actual«.
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