Baja de edad de imputabilidad a los 14 años: el gobierno busca reflotar un proyecto que genera polémica
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó que avanzará en un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 14 años. Expertos insisten en un enfoque basado en derechos humanos y políticas públicas de recuperación para adolescentes involucrados en delitos.
En una declaración que generó fuertes controversias, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció en Radio Rivadavia que el gobierno nacional presentará este año un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta plantea cambios significativos en el sistema judicial argentino y ya comenzó a desatar intensos debate en la sociedad, con miradas cruzadas. El colectivo «Red Argentina No Baja» sostiene el rechazo contundentemente al intento de promover el proyecto.
Según Cúneo Libarona, la iniciativa «se basa en la idea de que, independientemente del delito cometido, a partir de los 14 años, un menor ya muestra una conducta desviada y socialmente perjudicial».
«Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto«, expresó.
Afirmó que cerca de 30 proyectos, que quedaron sin acogida legislativa, respaldan la idea de establecer los 14 años como la edad de imputabilidad. Actualmente, aquellos menores entre 16 y 18 años son punibles pero no pueden ser juzgados como adultos.
El ministro enfatizó que el proyecto no estará dirigido a delitos específicos, sino que abarcará todos los tipos de delitos cometidos por menores. Argumentó que dividir según los delitos carece de sentido, ya que todos los menores merecen atención, sanción, reeducación, trabajo y formación, independientemente de la naturaleza del delito.
«Yo dividiría el tema de menores en dos facetas. Una, en la que nos vamos a poner todos de acuerdo, con el régimen sancionatorio. Lo que yo aspiro es algo más. Son dos cosas. Primero, un sistema procesal distinto. No podés hacer el mismo juicio a un mayor que a un menor. Tiene que ser distinto», añadió.
El ministro expresó su desacuerdo con la idea de enviar a los menores a la cárcel, abogando por la creación de un sistema que promueva la reinserción en la sociedad.
«Lo segundo es lo más novedoso. Lo que yo quiero crear. No me sirve que un menor vaya a una cárcel. El castigo. Que vaya a una cárcel con capacidad para 200 y hay 350″, expresó.
Luego, consideró: «Lo que yo quiero enfatizar en los menores es la reeducación, la resocialización, obligación de estudio, obligación de trabajo. Porque esos chicos tienen la posibilidad, que otros chicos no tuvieron, de volver a reinsertarse en la sociedad adecuadamente».
«Yo no creo en la sanción, en los que dicen ‘vamos a castigar al chico de 14 porque tiene una personalidad desviada’. Yo creo que tenemos que darle herramientas para que pueda volver a insertarse en la sociedad», comentó.
Subrayó que su objetivo para el año 2024 incluye la designación de jueces, la implementación del sistema federal en todo el país, el juicio por jurados y reformas en el régimen de la minoridad.
Baja de imputabilidad a los 14 años: Cúneo Libarona desenterró un proyecto protagonista de grandes polémicas
La propuesta del ministro de Justicia va generado opiniones divididas, con defensores que argumentan la necesidad de una mayor responsabilidad para los jóvenes infractores y críticos que insisten en la importancia de un enfoque rehabilitador y educativo.
En este sentido, especialistas y diversas organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos, agrupadas en la «Red Argentina No Baja», sostienen un rechazo unánime al reciente intento del gobierno de reducir la edad de imputabilidad a 14 años.
El colectivo insiste en la «necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil fundamentado en los principios de los derechos humanos».
La red, conformada por expertos y defensores de diversas áreas, consideró que esta medida propuesta por el Gobierno es «ineficaz para abordar la problemática de la inseguridad y destaca la ausencia de consenso en torno a este proyecto».
Nora Schulman, titular del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn) e integrante de la red, viene -hace años- expresando su preocupación, recordando que en 2019 ya se intentó avanzar en un proyecto similar.
Schulman advirtió sobre el riesgo de bajar la edad de imputabilidad en un contexto de violencia generalizada y un aumento en el poder de las fuerzas de seguridad.
En una entrevista con PáginaI12, Schulman subrayó que la problemática de los adolescentes involucrados en delitos es una cuestión de derechos y destacó la importancia de políticas públicas que permitan la recuperación de los jóvenes. Enfatizó que se debe pensar más en derechos y menos en enfoques punitivos y medidas de encierro.
El comunicado emitido por el colectivo «Red Argentina No Baja» concluyó que la propuesta de reducir la edad de imputabilidad «no soluciona los problemas que pretende abordar, siendo contraproducente y regresiva». Y desarrolla seis puntos clave para respaldar su rechazo a la iniciativa gubernamental.
Proyecto de baja de imputabilidad a los 14 años: seis argumentos en contra de la medida que buscará impulsar el Gobierno
No sirve
La propuesta de bajar la edad de punibilidad para lograr mayores niveles de seguridad, es una falacia ya que es ínfimo el porcentaje de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos aún de 14 y 15 años.
Empeora
Agrava la situación en vez de resolverla. Por la naturaleza de los delitos cometidos por los más jóvenes (delitos contra la propiedad y no contra las personas), aplicar políticas de endurecimiento penal es contraproducente. Los estudios sobre los países en los que esto se hizo muestran cómo estas políticas terminan reforzando y profesionalizando las prácticas delictivas en vez de disuadirlas.
Utiliza
Usa a los adolescentes como “chivo expiatorio” de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, delincuencia, abandono de políticas del Estado que, en realidad, son los primeros en sufrir.
Se estigmatiza a los adolescentes pobres mostrándolos exclusivamente como delincuentes, cuando son los niños y adolescentes sobre los que más impacta la pobreza e indigencia, el recorte de las políticas educativas y de salud, la violencia institucional policial.
Confunde
Sobre el fondo de la cuestión: es necesario distinguir dos discusiones que en el debate público aparecen entremezcladas. Una es la necesidad de establecer un Régimen Penal Juvenil acorde a los principios y estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia y derechos humanos, que derogue la actual Ley 22.278, dictada por la dictadura en 1980.
La otra, un nuevo sistema penal juvenil respetuoso de los derechos y garantías de los y las adolescentes debe regir para la franja de 16 y 17 años.
Es inconstitucional
Viola el principio de no regresividad, que implica que no se puede retroceder en un derecho. En el caso de la edad de punibilidad, que fue establecida en 16 años por el gobierno peronista en 1954, reducida a 14 años durante la última dictadura cívico-militar y vuelta a establecer en 16 años a poco de retornar al sistema democrático.
Volver a bajarla sería afectar los derechos adquiridos de la franja de adolescentes de 14 y 15 años. Lo mismo ocurriría frente a la propuesta de bajar la edad sólo para los casos más graves. Está expresamente rechazado por el Comité de Derechos del Niño, órgano creado por la Convención sobre los Derechos del Niño que en Argentina tiene rango constitucional. Por último, sería incongruente respecto del conjunto de derechos y obligaciones de las personas en función de la edad.
Estado Social antes que Penal
El Estado debe garantizar a los niñas niños y adolescentes por mandato constitucional y convencional de derechos humanos, todos sus derechos. En los casos en que a algún niño, niña o adolescente se le imputara la presunta comisión de un delito, lo que debe aplicarse son políticas de promoción y protección de derechos previstas en la Ley 26.061.
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