Ayuda social sin control, organizaciones allanadas y otro ex ministro en la mira en Neuquén
La investigación comenzó por una denuncia de la fiscalía de Estado durante el gobierno de Rolando Figueroa y abarca el último año de Omar Gutiérrez. La suma supera los 1.100 millones de pesos, a valores históricos.
Los fiscales Narváez y Vignaroli junto con la policía, en uno de los 14 allanamientos simultáneos realizados el viernes 12. (Archivo/Matías Subat)
En su último año de gobierno Omar Gutiérrez le transfirió a la Cooperativa Viento Sur, que depende de la organización social FOL, 1.183.438.560 pesos en el marco de un programa de capacitación. Según la fiscalía de Delitos Económicos, los pagos del aporte no reintegrable se hicieron mes a mes con un detalle «claramente sospechoso y muy atípico: se pagaban los meses sucesivos a pesar de que no estuvieran rendidos los anteriores», dijo el fiscal jefe Pablo Vignaroli. En noviembre del 2023, la Contaduría General de la provincia de Neuquén realizó una observación, «a pesar de lo cual se pagaron ese mes y diciembre».
Vignaroli dijo que se intimó a la Cooperativa a que justifique el uso del dinero, y lo hizo de manera parcial e insatisfactoria. En mayo la fiscalía de Estado presentó una denuncia, luego una ampliación, y el viernes desde las 7 de la mañana con la Policía provincial realizaron 14 allanamientos simultáneos en las viviendas de dirigentes sociales del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Libres del Sur-Barrios de Pie, demoraron a diez personas, todas mujeres, a las que sacaron esposadas, llevaron a la comisaría Primera en el centro de la capital para identificarlas, y liberaron al mediodía. A diferencia del caso Planes Sociales, no hubo operativos en oficinas del gobierno ni en casas de funcionarios, anteriores o actuales. Tampoco filtraciones indebidas.
Lo que se investiga es una supuesta defraudación al Estado provincial, porque el dinero se habría utilizado para otros fines. El que autorizaba los desembolsos era el ex ministro de Desarrollo Social, Germán Chapino, quien quedó en el radar de los investigadores.
El anticipo del ministro Castelli
La información fue suministrada este viernes al mediodía por el equipo completo que integra la fiscalía de Delitos Económicos, aunque el dato circulaba desde enero cuando el ministro de Trabajo, Lucas Castelli, denunció públicamente al poco tiempo de asumir que las organizaciones sociales habían recibido «1.177 millones de pesos (la cifra es prácticamente la misma) en concepto de aporte no reintegrable destinado a generar capacitaciones y, hasta la fecha, no se tiene un conocimiento certero de qué se realizó y hay inconsistencias con las rendiciones”.
Castelli dijo este verano que en los recibos figuraba la compra de una camioneta, chorizos e indumentaria. La camioneta, se precisó ayer, es una Renault Kangoo. De los chorizos y la ropa no se habló, pero se informó que Viento Sur compró dos terrenos, uno en Junín de los Andes y otro en San Martín de los Andes.
Si bien las compras fueron aprobadas en asambleas de pocos integrantes, Vignaroli insistió en que «el dinero era para capacitaciones, no para capitalizar a la Cooperativa». También remarcó que «aporte no reintegrable» no significa que no tenga que rendirse.
Tres nombres
En los 17 minutos que duró su conferencia de prensa, el fiscal jefe Vignaroli -secundado por el fiscal del caso Juan Manuel Narváez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara- mencionó sólo a tres personas.
La primera fue Germán Chapino, quien reemplazó a Abel Di Luca en el ministerio de Desarrollo Social cuando renunció poco antes de quedar imputado como uno de los cinco jefes de la presunta asociación ilícita en la causa planes sociales. (Al asumir prometió una auditoría cuyos resultados, si existen, nunca se hicieron públicos).
Chapino se basó en un decreto, el 1672 del 18 de agosto del 2022 firmado por su antecesor, y en enero del 2023 suscribió un convenio con la presidenta de la Cooperativa Viento Sur para un programa de capacitaciones. En ese momento Vignaroli nombró a la segunda persona: Indira Buhlman Coronel.
La presidenta de la Cooperativa es una de las mujeres demoradas ayer. En enero, cuando Castelli hizo su denuncia pública sobre los fondos no rendidos, Buhlman Coronel le envió una carta documento para exigirle que se rectifique y pida disculpas.
El domicilio de Mauro
La tercera persona que nombró el fiscal jefe fue «uno de los referentes del FOL de apellido Mauro». Se trata de Diego Mauro, quien «está autorizado a manejar las cuentas bancarias de la Cooperativa» y usa la Renault Kangoo que compraron con el dinero girado por Chapino.
«No sabemos dónde vive. Tenía un domicilio en Fernández Oro, y allí no vive», dijo Vignaroli. «Puede tener algún domicilio en esa zona, sale en todos los medios de comunicación, va a todos los cortes de ruta y manifestaciones, pero su domicilio lamentablemente no lo conocemos», agregó.
A Vignaroli le preguntaron si se lo considera un prófugo o tiene pedido de captura. «Pesa un pedido de ubicación», aclaró el fiscal jefe.
Dijo en el mismo sentido que «la Cooperativa Viento Sur no funciona en el domicilio que dio como sede. Había dos personas mayores de edad en el lugar, no pudieron dar información sobre si allí, en algún momento, funcionó la Cooperativa».
Resultados de los allanamientos
En los 14 allanamientos «se obtuvo importante cantidad de información, hay que procesarla y se irán determinando responsabilidades. Se encontraron biblioratos con planillas, se secuestraron teléfonos, teníamos otros secuestrados con anterioridad, tenemos grupos de Whatsapp donde se da el presente o dice ‘no justificó’ la ausencia a una marcha o un corte».
«Si no hubiéramos tenido información de calidad el juez (Cristian Piana en este caso) no nos hubiera dado el allanamiento», remarcó el fiscal jefe.
Consultado sobre por qué no se allanó ninguna oficina oficial, respondió que «no fue necesario porque ya contamos con todos los expedientes y documentación para determinar la responsabilidad de las personas que participaron de parte del Estado en esta maniobra».
Manejos con alimentos
Pese al anticipo que dio el ministro Castelli en enero, la investigación, explicó Vignaroli, empezó en mayo por una denuncia de la fiscalía de Estado y tiene una segunda parte vinculada al manejo de los alimentos.
«Surge la utilización de mercadería que brinda el Estado provincial a distintas organizaciones destinada a merenderos que era comercializada, por ejemplo se organizaba venta de pollos», ilustró.
Identificó a dos organizaciones: Libres del Sur y FOL.
Añadió que «integrantes de esas organizaciones que recibían un subsidio eran obligados a pagar mensualmente un aporte a una referente que a su vez era rendido a otra, en una escala superior», en un esquema similar a la estafa con planes sociales. No identificó a las referentes.
«De la misma manera se los obligaba a concurrir a manifestaciones o cortes de ruta, tomando asistencia en planillas o en el caso del FOL a través de un grupo de Whatsapp. Surge que los que no concurrían no recibían lo que podemos llamar un premio, un bolsón de comida».
Aballay: «Nada que ocultar»
La referente de Libres del Sur y Barrios de Pie Gladys Aballay dijo que “estamos a disposición de la justicia como estuvimos siempre, no tenemos nada que ocultar”.
Afirmó, luego de pasar unas horas demorada, que “los allanamientos fueron muy violentos, fue sorprendente. Rompieron todo, no había necesidad”.
Aballay dijo que “hace más de 20 años llevamos adelante tareas solidarias. De todo lo que nos llega destinado a la gente nos piden constancia de a quién va esa mercadería”.
Agregó que al ministro de Trabajo, Lucas Castelli “le dijimos un montón de veces que venga, él sabe dónde están nuestros comedores”.
“El presidente de la Nación puso en duda el trabajo de las organizaciones sociales, pero es el gobierno provincial quien ha mandado a hacer este allanamiento al local y a las casas de las compañeras”, dijo Aballay.
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