Aun con críticas, Weretilneck logró apoyo legislativo para sus planes de gobierno
El oficialismo cosechó mayoría en todos sus proyectos impulsados en la sesión de ayer. En algunos, como la desvinculación voluntaria de estatales el respaldo fue amplio; en otros, como el cobro de peaje fue más ajustada la votación. ¿Cómo jugaron los legisladores?
El presidente de JSRN, Facundo López habla con el legislador Carlos Valeri, que fue el miembro informante del proyecto. Foto: Marcelo Ochoa.
El gobernador Alberto Weretilneck cosechó mayorías, en algunos casos muy holgadas, para sus proyectos de gobierno en distintas temáticas, en el debate legislativo que ayer tuvo una maratónica sesión.
La Legislatura transformó en ley, con 27 votos a favor y 18 en contra, la implementación del peaje en las rutas de Río Negro, con una primera etapa en cinco vías de comunicación territorial. Además, la sesión de ayer permitió la sanción de un régimen de desvinculación voluntaria para los agentes del Poder Ejecutivo y la creación de la Comuna del Fuerte San Javier, como también, la aprobación -en primera vuelta- de la reforma de la Carta Orgánica del Poder Judicial y un proyecto donde se otorga 90 días a la Provincia para que se regularicen el funcionamiento de los radares, con la anulación de las infracciones labradas hasta ahora.
Los mayores debates recayeron en el expediente judicial, que incluyó una concentración del Sitrajur por su rechazo al apartamiento de los empleados jerarquizados de la sindicalización, y en la iniciativa del Ejecutivo del cobro del peaje.
Con reformas sumadas hasta en el mismo recinto, esta “contribución” por el uso de las rutas se aplicará en etapas, comenzando por las Rutas 2, 6, 8, 65 y 69 . Los vehículos particulares radicados en Río Negro estarán exentos, salvo la carretera 2 donde ayer se apartó de esa carga a los residentes de San Antonio y Sierra Grande.
La ampliación del peaje quedará “sujeto” a los estudios de “factibilidad técnica y económica que realice el Poder Ejecutivo”, incluso con su extensión a las rutas nacionales 22 y 151 si la Provincia asume su “administración, mantenimiento y operación”.
El valor del peaje partirá de una “unidad” equivalente al “litro de gasoil grado 3”, hoy de algo más de 1.200 pesos. Ese costo base recaerá en las unidades de dos ejes.
Su sanción se logró con 27 votos a favor, aportados por las bancadas de JSRN, el ARI, la UCR, Primero Río Negro y parte del PJ-NE (Pedro Dantas y Luis Ivancich).
Los rechazos fueron 18, alineando a los legisladores de Vamos con Todos, del PRO, tres del PJ-NE (Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García) y la terna de los autodenominados LLA (Patricia Mc Kidd, César Domínguez y Santiago Ibarrolaza).
El debate comprendió a 17 parlamentarios. Abrió, como miembro informante de JSRN, el exministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, quien remarcó que la medida es “una defensa de una Provincia de paso de desarrollos económicos. Eso es lo que cobramos”. Explicó la nómina de las cinco rutas incluidas ya que son “productivas por excelencia” y son aquellas que “el impacto y el desgaste por ese uso”.
Desde el ARI hablaron su presidente, Javier Acevedo, y también, el sanantoniense Fernando Frugoni y la viedmense Roberta Scavo. Esta bancada propuso dos modificaciones y fueron aceptadas por el oficialismo: la creación de una comisión de Seguimiento y la excepción del peaje de la ruta 2 para los vecinos de San Antonio y Sierra Grande.
Desde el PJ-NE existió un posicionamiento dividido. Su titular, Daniel Belloso, como también, Leandro García y Ana Marks lo rechazaron, planteando -esencialmente- que el “objeto” de la contribución “no está en claro”, “el alcance es muy general y “no se habla de tránsito pesado”. En cambio, Luis Ivancich y Pedro Dantas adhirieron a la iniciativa gubernamental.
A la mayoría se sumó la parlamentaria Elba Mansilla, de Primero Río Negro. Consideró que “es un buen momento” porque no hay “fondos suficientes para hacer ese mantenimiento”. Pidió dejar afuera a los productores frutícolas y, también, precisar dónde estarán las casillas de cobro.
El PRO lo rechazó. La barilochense Martina Lacourt habló de ley “inconstitucional” y, luego, el presidente del bloque, Juan Martín, lo calificó la propuesta de “ambigua”, “vaga” y “recaudatoria”.
Los cinco legisladores de Vamos con Todos también se opusieron. Luciano Delgado Sempé descalificó la carga si no existe antes “la reparación” de las rutas y, después, el presidente José Luis Berros entendió que es “una iniciativa floja, pobre y plagada de irregularidades”, anticipando su “inconstitucionalidad”.
El autodenominado bloque de La Libertad Avanza rechazó la propuesta del Ejecutivo. La cipoleña Patricia Mc Kidd lo entendió como “antiproductiva” y que ahora el “gobierno quiere cobrar para darnos algo que hasta ahora nunca dio”. César Domínguez y Santiago Ibarrolaza la acompañaron con sus votos negativos.
El cierre correspondió a Facundo López del oficialismo. Refutó las críticas y, entre otras cuestiones, por el monto (equivalente a unos 1.200 pesos para una unidad de dos ejes) cuando “el estacionamiento en Bariloche es de 1.800 pesos” y entendió que el peaje de los camiones debería ser mayor. “Será de 6.870 pesos en el de mayor dimensión”.
López, apuntó a Mc Kidd por su oposición que vinculó con que “su jefe”, en alusión al diputado nacional Aníbal Tortoriello, deberá abonar por sus camiones de combustibles de su empresa particular radicada en el Alto Valle.
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