Anularon un decreto de Macri que permitió blanquear capitales a familiares de funcionarios públicos

La Justicia tomó una decisión clave al anular los artículos de un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri que permitía a los familiares de funcionarios públicos ingresar al proceso de blanqueo de capitales, a pesar de que el Congreso había excluido explícitamente a esta categoría cuando sancionó la norma. El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, tomó esta decisión en respuesta a una demanda colectiva promovida por la asociación civil Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS).

El magistrado dictó la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 del decreto 1206/2016 firmado por el expresidente Macri, a través del cual se habían incorporado a cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios a las facilidades incluidas en el Régimen de Sinceramiento Fiscal (ley 27.260), una iniciativa impulsada durante el gobierno de Cambiemos.

La demanda argumentaba que el decreto era inconstitucional y violaba principios de republicanismo y la voluntad popular. Cormick respaldó este argumento en su resolución, señalando que la reglamentación del decreto invadió la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria.

Esto significa que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) está ahora en condiciones de exigir el pago de impuestos no abonados por los beneficiados.

La AFIP presentó un escrito en el que anticipaba que, si el decreto fuera impugnado, podría exigir a los contribuyentes involucrados el pago de todos los impuestos adeudados, incluyendo Ganancias, IVA y Bienes Personales. Fuentes oficiales indicaron que la entidad recaudadora está trabajando en la elaboración de una lista de los familiares que ingresaron al blanqueo para presentarla en el juzgado.

El proceso de blanqueo de capitales de 2016 fue el más grande en la historia de Argentina. Aquellos que declaraban hasta 19.000 dólares no debían tributar, mientras que los que formalizaban bienes entre 19.000 y 50.000 dólares tenían una alícuota del 5%, y si se exteriorizaba un capital mayor, la alícuota era del 10%.

Para comprender completamente el alcance de esta sentencia, es necesario remontarse a mediados de 2016, cuando el gobierno nacional envió un proyecto de blanqueo al Congreso para incentivar el ingreso de dólares al país. Originalmente, el bloque oficialista pretendía incluir a los familiares de funcionarios públicos en la norma, pero los espacios opositores se unieron para excluir esa posibilidad.

Una vez aprobada la ley, el entonces presidente Macri emitió un decreto para revertir este cambio, lo que desató una gran polémica. Diputados del Frente para la Victoria (ahora Unión por la Patria) y la entonces legisladora Victoria Donda presentaron denuncias penales contra el expresidente.

El exministro de Economía, Sergio Massa, fue una figura destacada en esta discusión. Recientemente reveló en entrevistas que su relación política con Macri se fracturó cuando el expresidente lo llamó para pedirle que aceptara el dictamen de blanqueo con las cláusulas propuestas por Cambiemos.

Massa, en aquel momento presidente del bloque UNA (Unidos por una Nueva Alternativa), se opuso y confrontó al jefe del Poder Ejecutivo, quien finalmente emitió un decreto que contradecía la ley. «Él quedó como loco porque tenía que resolver el problema de sus familiares y terminó sacando un decreto en contradicción con la ley; desde ese día me hizo la cruz,» recordó Massa.