Allanamientos en Bariloche por un atentado: «Nuestra gente no es terrorista, somos mapuches»

Tres referentes mapuches dieron detalles de los procedimientos el último sábado y denunciaron una "persecución al pueblo mapuche".

María Isabel Huala brindó una conferencia de prensa tras el allanamiento en su vivienda meses atrás. Foto: archivo

«No somos los violentos; nos violentan desde hace 150 años. Estamos acá no solo porque nos sacaron de nuestras casas. No olvidamos que desaparecieron a Santiago Maldonado por haberse solidarizado, mataron a Rafita Nahuel que buscaba otra forma de vida y por ir a recuperar un pedacito de tierra, mataron a Elías Garay». Tres referentes mapuches afectados por los allanamientos en sus viviendas el último sábado en Bariloche dieron detalles de los procedimientos en una conferencia de prensa en el centro comunitario del barrio 10 de Diciembre.

Los allanamientos fueron solicitados por la fiscalía de Villa La Angostura que investiga el ataque incendiario contra máquinas viales de las empresas que construyen la avenida de Circunvalación en esa localidad.

La primera en tomar la palabra fue María Isabel Huala, la madre de Facundo Jones Huala, que denunció la persecución del pueblo mapuche desde hace 150 años. «No es solo una máquina incendiada o que Río Negro y Neuquén se hayan reunido para este atropello. Es mucho más grave, es similar a lo que ocurrió con los 30 mil desaparecidos», apuntó la mujer, sentada junto a María Nahuel, la madre de Betiana Colhuan -la machi que continúa detenida-, Sixto Jones y Ernesto Antillanca, del Centro Mapuche Bariloche.

Huala cuestionó que a la machi «la sacaron del rewe (sitio sagrado) de 7 hectáreas. No son las 900 mil hectáreas de Benetton, ni el Lago Escondido de Lewis donde se juntan los jueces. Pedimos al estado que la machi pueda volver al territorio».

Respecto al allanamiento en su vivienda, aseguró que, desde entonces, «sus nietos no pueden dormir y se despiertan llorando. Pero no es solo mi familia. Es un pueblo que está sufriendo«.

María Nahuel relató que el sábado por la mañana, estaba durmiendo cuando de repente, detectó que «la casa estaba rodeada y estaban apuntándonos». En esa vivienda del barrio Virgen Misionera, estaba su nieto, uno de los tantos niños que escaparon del allanamiento en Villa Mascardi el 4 de octubre pasado. «No es la primera vez que es violentado y se llevaron un arma de juguete que tenía escondida bajo mi cama porque mis nietos se pelean. También se llevaron cuatro panfletos de cuando salíamos a manifestarnos. Mi gente no es terrorista. Somos mapuches«, aclaró.

La mujer pidió que los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu puedan regresar al territorio. «Hoy no tienen casas porque les han tirado todo. Pero ya estuvimos todo un invierno en carpa y, volveremos a hacerlo. Nuestros niños están acostumbrados. Lamentablemente, ellos tienen su mochila armada por si en algún momento intentan desterrarlos de su tierra. No es lindo tener que estar preparados para el desalojo», recalcó.

Ernesto Antillanca apuntó al estado nacional y provincial: «Es el primero en incumplir la ley». Foto: Marcelo Martínez

María Nahuel apuntó contra el pueblo mapuche para que «se levante a caminar junto a nosotros. He visto más a gente huinca que ha ido a ver a la machi. No hay perro que ataque. Las puertas de la ruka están abiertas».

Por otro lado, la mujer insistió en que «nuestros hombres no son cobardes» respecto a la fuga durante el procedimiento en Villa Mascardi que terminó con seis mujeres detenidas. «Los weichafe (guerreros) se dispersaron para que detengan a las mujeres porque ellos deben seguir cuidando el territorio. Es el acuerdo que hicimos como mujeres mapuches. No son cobardes«, advirtió y dijo que seguirán «luchando para recuperar el territorio».

Sixto Jones, el padre de Romina Jones, una de las imputadas por la ocupación en Cuesta del Ternero, señaló que «la Patagonia está bañada en su sangre. ¿Cómo hizo el Perito Moreno para armarse de todas estas tierras y donarlas a Parques Nacionales? Tremendo asesino».

Por su parte, Antillanca acusó al estado nacional y provincial de ser «el primero en incumplir la ley». «Es necesario que la gente sepa que ya estábamos aquí. Que nadie nos regaló nada. No es de bueno que el estado nacional o provincial emita leyes que hablen de los pueblos indígenas», planteó.


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